“Me cuesta trabajo aceptar que digan que somos los mártires de la democracia”

Cuando Alejandro Ruiz-Huerta se sienta a la mesa sabe que este es, realmente, un ejercicio de memoria. Una reconstrucción del legado de aquel "frío" 24 de enero de 1977. Así que escoltado por una bufanda gris y con la mirada perdida en el repaso de sus recuerdos, el último superviviente de la matanza de Atocha arranca la conversación recitando el texto anónimo que la fallecida Lola González Ruiz, también sobreviviente, encontró delante de la puerta de Atocha 55, oculto en una corona de flores: "Sangre, lágrimas y aquel silencio de la multitud iniciaron la democracia que nos dimos. Os fuisteis, pero disteis a nuestros hijos la herencia de canciones, risas y el dibujo multicolor de lo que hoy somos. Gracias de parte de ellos". "El ADN de la democracia española está ahí, en la manifestación tremenda que recorrió Madrid para acompañar a nuestros compañeros muertos", añade. El martes y el jueves se cumplen 40 años del atentado perpetrado por pistoleros de la ultraderecha contra letrados vinculados al PCE y del posterior multitudinario funeral.

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La Transición era entonces un experimento en marcha y el franquismo agonizaba en medio de la violencia. ETA, los Grapo, la extrema derecha o los policías nostálgicos de la dictadura dejaban a su paso un reguero de profundo dolor. De hecho, cuando los pistoleros llegaron al despacho laboralista de CC OO, el país aún asumía la muerte, unas horas antes, de los jóvenes Arturo Ruiz y Mariluz Nájera: él, el 23 de enero, por el disparo de un ultraderechista en una manifestación proamnistía en la Gran Vía; ella, en la tarde del 24, por un bote de humo lanzado por los antidisturbios que le rompió el cráneo durante una marcha convocada, precisamente, en protesta por el asesinato de Ruiz. El general Emilio Villaescusa, además, era secuestrado ese mismo día por los Grapo, que tenían todavía en su poder al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol. "Solamente en aquellos días de enero vi seriamente amenazada la Transición", admitiría años después Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación con Suárez.

Entonces, en ese escenario de alarma, sonó el timbre en el tercer piso de Atocha 55. Al reloj le faltaba apenas un cuarto de hora para marcar las once de la noche. "Yo estaba en el hall del despacho hablando con Javier Benavides y esperando a que comenzara la reunión de la coordinadora de abogados de barrio que íbamos a tener. Estaba de espaldas a la puerta cuando llamaron", relata Ruiz-Huerta, que pensó, cuando vio entrar a dos hombres —uno, cubriéndose la cara con un anorak—, que alguien disfrazado venía a darles un "susto". "Pensamos que, haciéndoles caso, no iban a hacer nada", apostilla el último superviviente del atentado. Pero Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá, que acababan de cargar una Browning y una Star de nueve milímetros, reunieron en el salón a las nueve personas que encontraron en las habitaciones. Y empezaron a dispararles. "De forma inopinada e imprevista, con frialdad y serenidad, conscientes de lo que hacían", insiste la sentencia de la Audiencia Nacional que los condenó a 193 años de prisión en 1980.

"En ese momento, yo estaba reunido con otros abogados en Atocha 49, que también eran dependencias del despacho de Atocha 55. Cuando oímos las ambulancias, bajamos a la calle y todavía recuerdo el horror indescriptible al contemplar anonadado cómo bajaban ensangrentados en las camillas a nuestros amigos y compañeros", cuenta José María Mohedano, uno de los abogados que llevó la acusación particular durante el juicio y que jugó un papel fundamental, junto a Manuela Carmena, ahora alcaldesa de Madrid, en las negociaciones para que el ilegalizado Partido Comunista organizase el funeral y garantizase el orden. "La izquierda dio ese día una muestra de firmeza y civismo. El PCE tenía que hacer una puesta en escena y mostrar que era un partido serio y democrático. Y lo demostró", apunta Isabel Martínez Reverte, coatura junto a Javier M. Reverte del libro La matanza de Atocha. 24 de enero de 1977. Fue una marcha silenciosa y multitudinaria. El 9 de abril, la formación fue legalizada.

El atentando dejó cinco asesinados: los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Javier Sauquillo; el estudiante Serafín Holgado; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. También cuatro heridos graves: tres que ya han fallecido (Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos, Lola González Ruiz) y el propio Ruiz-Huerta (Madrid, 1947). "Me cuesta trabajo aceptar lo que dice [Ramón] Tamames —exdiputado del PCE— de que somos los mártires de la democracia", sentencia Ruiz-Huerta, que remacha: "Nosotros éramos gente de bien y normal. Nos tocó a nosotros como les pudo pasar a muchos despachos de Madrid, que estaban tan inmersos en la ruptura democrática como nosotros".

“Me cuesta trabajo aceptar que digan que somos los mártires de la democracia”

Un aspecto que ya destacó Gregorio Peces-Barba (PSOE), profesor de cuatro de las víctimas y padre de la Constitución, cuando escribió una década antes de fallecer: "No era un martirio buscado lo que les llevó a la inmortalidad, sino una exposición al peligro por tener unos ideales y desearlos para su pueblo. Los que luchaban contra las ideas, matándoles hicieron el resto. Sin desearlo los convirtieron en un símbolo". "Los abogados eran muy conocidos porque eran muy luchadores. Era gente que podía vivir estupendamente, pero por las tardes se iban a las reuniones para resolver los problemas de los barrios", apostilla Reverte.

La Audiencia Nacional condenó en febrero de 1980 a Fernández Cerrá y García Juliá a 193 años como autores materiales de cinco asesinatos consumados y cuatro frustrados; y a Francisco Corredera Albaladejo, secretario provincial del sindicato vertical del Transporte, a 73 años como inductor. Los dos primeros salieron en libertad condicional a principios de los noventa y el tercero murió de cáncer en 1985. Por su parte, Fernando Lerdo de Tejada Martínez, tercer ejecutor de la matanza de Atocha —que se quedó en la puerta del despacho vigilando—, nunca llegó a ser juzgado. Escapó en 1979 gracias a un permiso de Rafael Gómez-Chaparro, juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, y desapareció para siempre.

Vinculados a los fascistas de la Falange Española de las JONS y de Fuerza Nueva, estos criminales "profesaban una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España", según remarcó la Audiencia Nacional en su sentencia. "Se sentían impunes, tenían la creencia de que toda España les pertenecía. Pensaban que no les iba a pasar nada. Eran chicos de familia de clase media, pero muy ideologizados por la extrema derecha: Blas Piñar comía con ellos y les daban doctrina", continúa Reverte. Y termina Mohedano: "Recuerdo las obstrucciones sistemáticas del instructor para impedirnos a los abogados de la acusación que pudiéramos investigar la trama de los miembros del régimen que habían estado apoyando activamente a los asesinos".

El 24 de enero, Jesús Duva, trabajaba en el desaparecido diario Pueblo, en la calle de Huertas, a escasos 500 metros de Atocha 55. Fue el primer periodista en pisar la escena del crimen. "Subimos las escaleras y nos encontramos a los primeros policías que bajaban desencajados, con las pistolas en la mano. Entramos en el despacho y vimos todo. Enseguida llegaron más agentes y nos echaron", relata el ex redactor jefe de EL PAÍS, que ejerce actualmente en el Ayuntamiento de la capital como asesor de Carmena, administradora del despacho atacado ese día.

Los pistoleros, tras entrar, preguntaron por Joaquín Navarro, un sindicalista que se había enfrentado a los dirigentes de la central falangista de Transportes, pero que estaba en la cafetería de abajo. Entonces, los asesinos reunieron a todos los que estaban en el piso y los acribillaron. A Ruiz-Huerta le salvó la vida un bolígrafo Inoxcrom que llevaba en el bolsillo y contra el que chocó la bala. "Caigo y encima de mí cae el cuerpo de Enrique, que me tapa las zonas vitales. Recuerdo hacerme el muerto unos instantes y contar 100, 101, 102, 103... Hasta asegurarme a mi mismo de que no había nadie. Entonces, tengo perfectamente grabada la sensación de levantar el cuerpo de Enrique para empezar a sobrevivir", rememora este profesor de Derecho Constitucional, sentado 40 años después en el vestíbulo del edificio de la Fundación Abogados de Atocha, delante de una representación de El abrazo, el icónico cuadro de Juan Genovés. A menos de dos metros hay un libro de firmas, donde puede leerse otro mensaje anónimo: "Para los que lucharon por nuestra libertad y por los que murieron por ello. Millones de gracias. Os debemos mucho".