La crisis económica vacía el Ejército de inmigrantes

En 2002, el Ministerio de Defensa decidió abrir las puertas de los cuarteles a los inmigrantes latinoamericanos para paliar el problema de la escasez de reclutas españoles que puso en peligro el proceso de profesionalización. Inicialmente, fijó un tope del 2% de los efectivos de las Fuerzas Armadas, pero luego lo elevó hasta el 9%. Aunque nunca alcanzaron ese porcentaje (en 2010 suponían el 6.7%), en las unidades más operativas, como la Legión o la Brigada Paracaidista (Bripac), los extranjeros representaban casi el 30%. Ello explica su alta presencia entre los muertos en Afganistán o Líbano.

Los soldados José Arnaldo Hernández, Jefferson Vargas Moya, Jeyson Alejandro Castaño Abadía, Yhon Edisson Posada, Stanley Mera Vera, Felipe Jasón Ospina Vélez, Christian Javier Qhispe Aguirre, John Felipe Romero Meneses y Niyireth Pineda Marín murieron por una patria donde no habían nacido.

Sin embargo, su presencia se ha ido reduciendo drásticamente en los últimos años. Si en 2008 eran 5.440, el 6,7% de los efectivos totales de tropa y marinería, en 2012 quedaban 3.591 (el 4,4%). Pero la reducción más espectacular se ha producido durante la pasada legislatura, cuando han pasado de 3.591 a 321; es decir, diez veces menos. Los extranjeros solo suponen ya el 0,42% de los soldados y marineros. Estadísticamente han dejado de existir.

Defensa aduce, en primer lugar, que la reducción del número de extranjeros se debe a que muchos de ellos han obtenido la nacionalidad española —que los latinoamericanos pueden solicitar tras dos años de residencia legal en España— por lo que ya no computan como tales. De hecho, el primer latinoamericano muerto con uniforme del Ejército español, Jorge Arnaldo Fernández, caído en 2006 en Afganistán, tenía nacionalidad española, aunque había nacido en Perú. Además, los inmigrantes solo pueden firmar un compromiso máximo de seis años con el Ejército y, una vez concluido este, deben marcharse si no han obtenido ya o están tramitando la nacionalidad española.

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Pero el ministerio reconoce, no obstante, que se ha producido también un descenso de las incorporaciones de inmigrantes. En la convocatoria de 2013 solo dos extranjeros ingresaron en el Ejército español, aunque 1.400 lo solicitaron; y en 2014 lo consiguieron seis de los 1.719 solicitantes.

No todos los extranjeros pueden ingresar en filas, sino solo los oriundos de países con “especiales vínculos” históricos y culturales con España; es decir, todos los hispanoamericanos (salvo Cuba) y de Guinea Ecuatorial. Los peruanos deben presentar además una autorización expresa de su Gobierno.

Y tampoco pueden optar a todas las plazas que ofrecen las Fuerzas Armadas, sino solo a una mínima parte: en la segunda convocatoria de este año solo estaban abiertas a extranjeros 33 de las 1.100 plazas del Ejército de Tierra y debían competir por ellas con los aspirantes españoles. Ninguna de las 400 plazas ofertadas por la Armada y el Ejército del Aire estaban abierta a extranjeros.

Además, las convocatorias para ingresar como soldados o marineros han sido en los últimos años muy limitadas debido al drástico recorte presupuestario. En 2012 el Ministerio de Defensa no convocó ninguna plaza y en 2012 solo ofertó 1.500, frente a las 3.700 de 2011. La crisis económica y el altísimo porcentaje de desempleo juvenil provocaron un aluvión de solicitudes: más de 80.000 en 2011 o de 70.000 en 2014.

El ratio de solicitudes por plaza se situó así por encima de 20, cuando en 2002, tras la supresión del servicio militar obligatorio, no había ni siquiera un aspirante para cada puesto. A la luz de estos datos, el reclutamiento de inmigrantes, que se puso en marcha para salvar el modelo de Ejército profesional, ha dejado de ser necesario y probablemente por ello, sin que la normativa se haya modificado, ha entrado en un proceso de reducción paulatina hasta su práctica extinción.