“Pido medidas efectivas contra los hombres envenenados”

Margarita Dopico, la madre del bebé de 14 meses al que su padre prendió fuego dentro de un coche en 2010 en Paderne (A Coruña) tras anunciarle a ella el crimen por teléfono, dedicó en la mañana de este miércoles unas palabras a los “hombres envenenados”: “Les pido que por favor se lo piensen antes, porque esto causa dolor no solo a las madres sino a sus propias familias y a toda la sociedad”. Dopico expresó en A Coruña su “profundo pesar y dolor” por Candela y Amaia, las dos hermanas de cuatro y nueve años degolladas presuntamente el pasado viernes por su padre en Moraña (Pontevedra), y por “todos los niños asesinados por sus progenitores”.

Lo hizo rodeada de mujeres maltratadas que sufren hoy la angustia de tener que dejar a sus hijos, por orden judicial, con quienes podrían ser sus verdugos. Y apoyada por Ruth Ortiz, la exmujer de José Bretón, el parricida de los pequeños Ruth y José. Ortiz viajó a A Coruña pero no soportó la presión y finalmente decidió no participar en el acto. “Pido a las autoridades que, además de expresarse públicamente, no quede la cosa solo en palabras, que tomen medidas efectivas”, ha añadido Dopico durante una protesta convocada, con toda la intención, a los pies de la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Juristas y asociaciones feministas reclaman medidas para proteger a los hijos de hombres maltratadores, que siguen recibiendo permisos para quedarse al cuidado de los menores sin ningún tipo de supervisión. Hace solo unos días el Gobierno de Mariano Rajoy ratificó su negativa a indemnizar a una mujer cuya hija de siete años fue asesinada por su padre en uno de los encuentros del régimen de visitas que se le impuso cuando se separaron. El Ministerio de Justicia ignora así una condena del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer que considera que España desprotegió a Ángela González y a su pequeña. El crimen ocurrió hace 12 años después de que esta madre, que había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones, suplicase reiteradamente que su agresor no viese a su niña sin vigilancia.

Entre decenas de zapatos rojos, símbolo internacional contra la violencia machista, la asociación gallega de mujeres maltratadas Ve-la Luz, organizadora del acto, ha denunciado el caso de una víctima con orden de alejamiento de su presunto agresor a la que la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de imponer una custodia compartida. “¿Cómo se comparte custodia con un violento?”, se pregunta una de las portavoces del colectivo, quien considera que en “muchos casos” de parricidio “se sabía lo que podía pasar y no se evitó”.

La abogada Pilar López Guerrero lleva más de 20 años especializada en asistir a mujeres maltratadas. La ahora decana del Colegio de Abogados de Ourense creó en los años noventa con otros colegas un turno específico para estos casos y un teléfono de atención a víctimas durante 24 horas. Desde su experiencia defiende que no es preciso cambiar el Código Penal o la Ley Integral contra la Violencia de Género para proteger a los hijos de hombres maltratadores porque las medidas cautelares previstas, si se aplican, funcionan. A juicio de López Guerrero, a un agresor se le debe retirar la custodia o el régimen de visitas si ha sido condenado, mientras que si todavía no ha ido a juicio se le deberían mantener encuentros con sus hijos bajo supervisión.

Donde sí ve carencias López Guerrero es en la evaluación de los riesgos y la protección de las víctimas cuando el infierno del maltrato acaba en denuncia. La abogada aprecia “falta de medios” en las comisarías de policía, que deberían contar con psicólogos y trabajadores sociales que pudiesen dar amparo profesional a las angustiadas mujeres que intentan huir de su agresor. “En un accidente aéreo o de tren se envía rápidamente un equipo de psicólogos, en estos temas no”, lamenta. “Aumentar los medios ayudaría a garantizar que las denuncias se hiciesen bien y llegasen a buen fin”. El Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia denunció recientemente en el Parlamento gallego la falta de formación psicológica de los agentes de las fuerzas de seguridad para evaluar la peligrosidad de un maltratador y detectar dependencias emocionales o psicopatías, mientras que miembros de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española critican que las decisiones judiciales sobre las visitas de padres agresores se toman basándose en informes psicosociales realizados por equipos de la Administración que están "infradotados" y, en muchos casos, "desbordados".