Sí, pudieron

Las imágenes muestran un círculo de unas 40 personas en el local de La Solidaridad del Raval de Barcelona. Se sientan en una sucesión de sillas plegables, de escritorio y butacones. Gente atraída por carteles pegados en locutorios y oficinas de los servicios sociales. Muchos son inmigrantes. Es el 22 de febrero de 2009 y TV-3 informa: “Por primera vez en Cataluña, se ha celebrado una asamblea de personas ahogadas por los créditos hipotecarios, una pesadilla que afrontan las familias en solitario y que quieren afrontar conjuntamente”.

 El impulsor de la asamblea fue el colectivo V de Vivienda, un movimiento inspirado en el activismo antiglobalización que arrancó en 2007 al grito de “No tendrás una casa en la puta vida”. Pero si entonces denunciaban los elevados precios que dificultaban el acceso a la vivienda, en 2009, tras el estallido de la burbuja, la situación había cambiado. El drama era ahora no poder pagar la hipoteca. La información del canal autonómico incluía unas declaraciones de una entonces desconocida Ada Colau como portavoz de la iniciativa: “Es un problema generado por las entidades que han dado créditos a quien no cumplía los requisitos y ahora se lavan las manos”. Y acababa advirtiendo de que, según el Consejo General del Poder Judicial, en España se producían unos 9.000 desahucios ese año.

“La sorpresa fue que esperábamos encontrar a gente cabreada, peroen realidad estaban deprimidos y asustados. Así no se podían organizar protestas, primero había que empoderarles”, que se sintieran con fuerzas para actuar, explica hoy Colau, de 39 años, una investigadora del Observatorio DESC —plataforma creada en 1998 en defensa de los derechos humanos— que estudió Filosofía y es la cara más conocida de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Entonces eran solo un blog.

El plural de “esperábamos” hace referencia a los seis fundadores de la PAH, donde siguen cinco años después. “Veinticuatro horas, 365 días, agotados, pero con la energía que da una experiencia tan gratificante por todo lo conseguido”. Son: Colau; su pareja, Adrià Alemany, economista; Lucía Delgado, Lucía Martínez y Ernest Marco, que trabajan juntos en la Universidad Autónoma, y Guillem Domingo, hoy en la PAH de Terrassa y en precario en el frente laboral. Tienen entre 30 y 40 años y ninguno tiene hipoteca. Viven todos de alquiler.

Se conocieron en V de Vivienda, un colectivo que, salvo para Colau, les sirvió para aterrizar en los movimientos sociales. “Íbamos a las manis como jóvenes que no podíamos marcharnos de casa”, recuerda Lucía Martínez. Y cuando el estallido de la burbuja provocó que miles de propietarios quedaran a merced de los bancos, empezaron a tirar del hilo. Se empaparon la ley hipotecaria, descubrieron que el impago de cuotas condena a las familias a quedarse en la calle y a cargar con la deuda, y aprendieron a moverse en los vericuetos de la letra pequeña: las cláusulas suelo, los valores de tasación y de subasta, los intereses de demora, la dación en pago, las carencias y refinanciaciones. Y plagaron su discurso de referencias al derecho internacional en colaboración con el Observatorio DESC.

En 2010 convocamos una manifestación, pero éramos tan pocos que fuimos por la acera”, cuenta Ernest Marco

Pero arrancar la PAH fue “durísimo”, coinciden. “Nadie nos hacía caso. Fue una travesía del desierto de dos años”, relata Alemany. “En 2010 convocamos una manifestación, pero éramos tan pocos que fuimos por la acera”, cuenta Marco. Nadie veía venir el drama. Y las familias amenazadas de desahucio estaban hundidas. Organizaron talleres, “pero los afectados se daban codazos para hablar solo de su tema”, evoca Alemany. Ensayaron asambleas con abogados y tampoco funcionó. “Era la época del ‘nadie te ha puesto la pistola en el pecho para firmar”, añade Alemany.

Hasta que dieron con la fórmula: “Asambleas abiertas y colectivas para generar un espacio de confianza en el que los afectados pierden el miedo, se empoderan y constatan que si solos no podrán, juntos sí”, describe Domingo. “Los procesos de ejecución hipotecaria son largos, un tiempo que permite reponerse del golpe, sumergirse en el papeleo y hacer el tránsito deafectados a activistas”, subrayan.

Y ya no pararon de hacer asambleas, quincenales entonces, saltando de local en local, siempre en Ciutat Vella. Ahora en Barcelona hay varias a la semana (de acogida, de seguimiento, de comisiones negociadoras con cada banco…).

El 12 de septiembre de 2010 apareció por una de ellas Lluís Martí, de 51 años entonces, de La Bisbal del Penedès. Una máquina recordando fechas. Siempre con la camiseta verde puesta. Amenazado de desahucio, se había enterado de esas reuniones a través de una conocida. “En las asambleas te das cuenta de que todos los casos son iguales, solo cambian las caras, el DNI, el banco y la cifra de la deuda”. Mecánico de motos, dos años atrás Martí se había quedado con el taller donde trabajaba a sueldo. Una compra que financió ampliando la hipoteca de su casa. “En 2008, la faena se derrumbó”, le faltó trabajo y dejó de pagar. Con una deuda de 140.000 euros. Comenzaron las amenazas de CatalunyaCaixa y el pánico a que, como le decían, le quitaran la custodia de su hijo, que entonces tenía nueve años y vivía con él desde que se separó de su mujer. Pero Martí también estaba muy cabreado. Mucho: “Si hacía falta, cogía un bulldozer y tiraba la casa al suelo”.

En esa asamblea conoció “a Ada y compañía”. Y estos dieron con quien protagonizaría el primer bloqueo de su desahucio. Del día de diciembre de 2010 previsto para su ejecución, Martí recuerda “un frío que pelaba” y a Colau “embarazadísima enfrentándose a la secretaria judicial y yo detrás porque había cambiado el chip y había entendido que aquello era mi casa y nadie me iba a echar”. “Fletamos un bus para ir hasta La Bisbal”, recuerda el núcleo fundador. El juzgado mandó a la vivienda unifamiliar de Martí una citación para que se presentara en las dependencias de El Vendrell. Y se presentaron. “Setenta personas y no sé cuántas televisiones”. El desahucio se suspendió. “Logramos lo que nadie había ni soñado, ¡parar a un banco!”, concluye mirando al techo Lucía Martínez. Hubo más intentos. Pero la tercera vez, en 2011, el juzgado los suspendió definitivamente. “La casa sigue siendo del banco, pero no me echarán”, resume Martí.

Fue la primera victoria de la primera campaña de la PAH: Stop desahucios. Los fundadores ya creían entonces que el problema se extendería hasta el último rincón y que su modelo podría ser replicable con cuatro normas básicas: el asesoramiento colectivo y gratuito, el apartidismo, que fuese pacífico y que aceptase los puntos del manifiesto fundacional. En estos cinco años se han creado 205 plataformas.Una afectada, Sara Vázquez, abogada de 43 años, creó la de Málaga. Vázquez perdió su casa y aún no logrado quitarse de encima la deuda con el banco. Otras plataformas fueron organizadas por ciudadanos concienciados. Iolanda Prats, de 41 años, explica que la plataforma de Valencia fue impulsada por la Plataforma por los derechos sociales. “Tuve claro que quería formar parte de algo tan potente”, añade. 

En Madrid, el origen de la PAH “tiene relación con las movilizaciones de la población migrante” relacionadas con cuestiones de vivienda, relata Rafa Mayoral, de 39 años, abogado vinculado a organizaciones de apoyo a estos colectivos. Como sus compañeros, destaca que la confluencia en las asambleas de gente de origen dispar ha resultado una excelente herramienta para espantar el racismo.

Estamos ante los activistas más potentes desde la Transición”, dice Jordi Mir, de la Pompeu Fabra

Pero el verdadero trampolín de la PAH para atraer afectados y activistas a las asambleas fue el 15-M. La paralización de desahucios se extendió hasta alcanzar la cifra de 1.011, según el último recuento de la plataforma, de la semana pasada. El músculo de la calle les dio fuerza para impulsar la iniciativa legislativa popular (ILP) de la dación en pago: que las familias puedan entregar su vivienda y librarse de la deuda. La recogida de firmas les sirvió para vertebrarse como movimiento por toda España. Consiguieron un millón y medio de firmas y una presión social que llevó a la mayoría absoluta del PP a admitir la ILP a trámite en el Congreso. Luego vetaron que prosperara, pero los integrantes de la PAH señalan la entrada de la ILP en la Cámara como uno de sus mayores logros.

Pero pese a los éxitos de la PAH, que también suma centenares de daciones, el problema de los desahucios crece. La última cifra de lanzamientos de primera vivienda (35.098 entre enero y junio de 2013, según el Banco de España) indica que aumentan. Mientras, España sigue acumulando casi 600.000 viviendas vacías, según el Ministerio de Fomento. Las asambleas de las PAH están más llenas que nunca. En la del pasado lunes en Barcelona, el encuentro semanal de acogida, donde llegan los casos nuevos, había un centenar de personas. Se habla de cómo pedir abogado de oficio, certificados de situación económica, solicitar la dación… Los afectados entran por la puerta con el cuerpo encogido y salen algo más derechos. Se dan cuenta de que no son los únicos, ni están solos; de que no tienen por qué sentirse culpables de no poder pagar, qué más quisieran; de que no han hecho nada malo y de que “sí, se puede”.

Tan claro como que una de las voces que llevan el peso de la asamblea, la de Susana, les explica que hace un año estaba como ellos: muerta de miedo. “Es importante que sepáis que nadie ha ido a la cárcel por no pagar la hipoteca; que aunque os amenacen, nadie os puede quitar la custodia de vuestros hijos ni expulsaros del país”, enumera con el micro en la mano mientras más de uno estira la columna tras meses de tensión. La gente está sentada en círculos: nada de aquí los que asesoran y en el otro lado las víctimas. Esto no es una gestoría ni una reunión con expertos. Aquí se escucha, se aprende, se buscan soluciones, se llora, se celebra, se crean vínculos muy fuertes. Hay una estantería con cuentos y montón de juguetes, es habitual que haya niños en las asambleas. El local, en una punta del Eixample, es práctico porque tiene un espacio para las reuniones y un altillo que sirve de oficina, pero se les ha quedado pequeño. Pagan un alquiler mínimo, porque los dueños, una pareja, explica Ada Colau, “aprecian el trabajo de la PAH”.

Si la ILP fue un punto álgido en el plano positivo, los escraches y la criminalización de la PAH fue el negativo. La plataforma replicó estas protestas de Argentina que señalan a los responsables de determinadas políticas: “Primero invitamos a los políticos a presenciar las asambleas, pero al no acercarse, respondimos acercándoles nosotros la realidad”, defiende Guillem Domingo. Tras señalar a varios políticos del PP, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, equiparó las acciones y a Ada Colau con el terrorismo de ETA. La PAH respondió con la campaña Hay vidas en juego, vídeos donde los afectados, algunos votantes del PP, interpelaban a los políticos.

“Nunca hemos improvisado, las respuestas siempre han surgido de pensar colectivamente”, subraya Ernest Marco. “Al bloqueo de la ILP, los escraches. Cuando los juzgados dejaron abiertas las fechas de los desahucios, arrancamos la obra social, ocupando viviendas vacías”, añade Guillem Domingo. Esta fue la siguiente campaña de la PAH. Cuando consideraban agotadas todas las vías, ocuparon edificios para albergar a familias que se aseguran de que no tienen alternativa. Hay 20 edificios propiedad de entidades o de la Sareb en toda España que albergan a más de mil personas.

 La última campaña son las mociones en los Ayuntamientos para promover sanciones municipales a los bancos que acumulan pisos vacíos. Se amparan en la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno catalán, que prevé medidas para evitar la desocupación de viviendas. Las han aprobado 66 consistorios (todos en Cataluña); entre ellos, el de Barcelona. Terrassa ya ha emitido sanciones, y los expertos auguran una batalla judicial de los bancos contra los municipios.

El núcleo fundador de la PAH asegura que nunca ha recibido presiones de bancos ni instituciones. “Las presiones llegan al Gobierno, incidiendo en las políticas: vetando la ILP o con la Ley de Seguridad Ciudadana, que señala claramente a los escraches o la ocupación de sucursales”, considera Alemany.

Preguntadas por la PAH, las patronales bancarias responden por escrito. Cecabank, la de las cajas de ahorros, declina “significar la actividad de esta asociación en detrimento de otras de usuarios de servicios bancarios”. La Asociación Española de Banca considera que “las fórmulas que propone la PAH son erróneas y están equivocas en el fondo y en las formas”. La patronal bancaria rechaza la dación en pago porque “habría dañado de forma irreversible el sistema hipotecario” y defiende medidas como “la ayuda a más de 400.000 clientes a refinanciar sus préstamos hipotecarios para adaptarlos a su capacidad de pago”, la adhesión al Código de Buenas Prácticas Bancarias que paraliza ejecuciones en casos de extrema vulnerabilidad, y la aportación de 6.000 pisos al fondo social de alquiler. Fuentes financieras aseguran que lo que produce pánico a las entidades es la posibilidad de que “sinvergüenzas que pueden pagar, que los hay, dejen de hacerlo”.

La PAH ya ha ganado, ha conseguido cambiar el estado de ánimo con resultados concretos”, dice Ada Colau

En las plataformas sí celebran sonados espaldarazos de la justicia. El mayor, la sentencia del Tribunal Europeo que considera abusivas las cláusulas de las hipotecas en España, a la que algunos jueces se están agarrando para parar lanzamientos. El juez José María Fernández Seijo, que elevó el caso de un vecino de Martorell al Tribunal de Luxemburgo, sostiene que “la PAH ha sido una bocanada de aire fresco, un revulsivo para, ante un problema social, obligarnos a buscar alternativas sin salirnos del marco jurídico”. El juez reconoce la “audacia de la PAH de enfrentarnos a personas cuando estamos acostumbrados a ver papeles”. Asegura que al ser “un tema social, ha calado en jueces de distintos perfiles, que se han dado cuenta de que somos un elemento clave”.

“La PAH ya ha ganado. Ha conseguido lo más difícil: cambiar el estado de ánimo con resultados concretos fruto de acciones colectivas. La peor derrota es pensar que no hay nada que hacer”. Esa es para Ada Colau la mayor victoria de la PAH, pese a no haber logrado sus tres grandes objetivos: que se paren los desahucios con una moratoria, dación en pago retroactiva y alquileres sociales para que las familias puedan quedarse en casa pagando lo que puedan.

El bagaje de la PAH ya es objeto de estudio en las universidades. Desde el Observatorio de los Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Jordi Mir los considera “los activistas más potentes desde la Transición” y subraya que “ejemplifican la coherencia que reclama la sociedad entre lo que se dice y lo que se hace”. “Una nueva forma de hacer política que rompe con lo que hay y tiene un gran componente vital”. “Prueba de ello son los intentos de apropiación del movimiento y de la figura de Ada Colau, invitada a participar en listas electorales o a presentar el libro de Felipe González”, destaca.

El investigador Amador Fernández-Savater escribía hace un tiempo acerca de “la fuerza”, que no poder, de la PAH. “La que hace que solo 50 personas paren un desahucio, porque ya se ha parado antes” gracias en buena parte a la “redefinición de la realidad” fruto del clima del 15-M. Fernández-Savater lo resume como una “politización de la existencia, no ideológica”. Gala Pin, de 33 años, referente del activismo en Internet y “de profesión, precaria”, es otra de las piezas clave del movimiento y concluye: “El chip de la PAH ha roto el derrotismo de la izquierda con el salto del ‘No pasarán’ al ‘Sí, se puede”.