Cospedal limita la contratación de interinos a “casos urgentes”

El Gobierno de Castilla-La Mancha no contratará este año nuevo personal laboral temporal ni interinos excepto en "casos excepcionales", siempre que se cuente con dotación presupuestaria y previo informe de la dirección general competente en materia de presupuestos. Solo se podrán cubrir con interinos plazas en casos considerados "absolutamente prioritarios", o que "afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales".

En una orden publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo explica que "con carácter general, se considerará que no existen necesidades urgentes e inaplazables", para cubrir puestos de trabajo en caso de que los titulares del puesto acepten una comisión de servicios, licencias sin sueldo o cualquier "licencia cuyo otorgamiento esté condicionado a las necesidades del servicio".

Para contratar personal de forma temporal en esos casos excepcionales, la Junta exigirá a cada departamento un informe completo que indique las "insuficiencias de la plantilla", e incluya una valoración económica de la medida, que deberá estar respaldada con su correspondiente financiación. Cuando se trate de personal no docente, la dirección de Función Pública también deberá intervenir para respaldar o no la contratación. No será necesario informe cuando se trate de cubrir las sustituciones de vacaciones en el Servicio de Salud o en programas temporales, así como los contratos de relevo temporales. Cada cuatro meses, la Junta vigilará que se mantienen las causas de urgencia que motivaron la contratación.

Lo que no limita la orden es el fichaje de personal directivo de instituciones sanitarias y alta dirección. Para materializar nuevos contratos la Junta pedirá un informe que deberá contender detalles del puesto de trabajo, duración y una justificación de que existe financiación "adecuada y suficiente".

La orden llega en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó a la Junta a readmitir a cerca de 500 interinos despedidos indebidamente en agosto de 2012. El fallo, dio la razón a UGT y al Sindicato de Administración y Servicios (STAS), y subraya que la Junta "violó el derecho a la libertad sindical que consagra el artículo 28 de la Constitución”. Esta mañana unas 300 personas se concentraban ante el Gobierno regional en protesta por la decisión de la Junta de recurrir al Supremo la sentencia.

Gustavo Fabra, de STAS, criticó que la orden de Hacienda es "un ataque más", de la Junta a los trabajadores y a los servicios públicos de la comunidad.