El Grupo Popular estudia hasta dónde ceder para pactar contra la corrupción

El Grupo Popular tiene un plan sobre cómo abordar la lucha contra la corrupción política y su presidente, del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, se muestra dispuesto a pactarlo con el resto de los grupos políticos y a estudiar lo que propongan. A esto se comprometió, pero es ahora cuando termina el plazo de presentación de enmiendas a las resoluciones del debate del estado de la nación, cuando debe decidirse qué propuestas acoge del resto de los partidos, o si se que queda con las suyas. Aunque el plazo termina hoy hasta mañana mismo cuando se voten las resoluciones hay posibilidad de transacción. El foco está puesto en las medidas anticorrupción aunque el grueso de las propuestas se destinan a políticas socioeconómicas con el afán de enmendar las políticas del Gobierno. Estas no tienen posibilidad de salir adelante.

La otra gran línea política del debate transcurre por las peticiones, como ha hecho el PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPYD, ERC y BNG, entre otras y con diferentes objetivos, de modificar la Constitución para avanzar hacia un modelo federal y para buscar un mayor acomodo de Cataluña y País Vasco, “entre otras”, en la Ley fundamental, pero sobre todo, en la realidad cotidiana de España. Los grupos nacionalistas someterán a votación mañana que se permita a los catalanes el derecho a decidir, es decir, qué puedan votar si quieren mantener el mismo estatus actual dentro de España o con otro vínculo y otra relación.

Los nacionalistas ya saben que su propuesta será derrotada, pero aunque no hay una respuesta contundente sobre la resolución que el PSOE someterá a votación sobre la creación de una ponencia en el Congreso para abordar capítulo a capítulo un cambio de la Constitución no solo para asuntos territoriales, aunque es el fundamental, sino para incluir a la Sanidad como un derecho. También para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres. “La Constitución no es sagrada y nada es inmutable, podemos estudiar las propuestas de reforma”, ha dicho el presidente del Gobierno. Ahora hay que traducir en hechos concretos qué está dispuesto a cambiar.

La política la marca el Gobierno con su mayoría absoluta parlamentaria por lo que no hay espacio para cambiar la hoja de ruta económica, como ya sentenció el presidente del Gobierno en el último minuto de su intervención en el debate de la nación del pasado 21 de febrero. “La política económica no va a cambiar”, aseveró. Tampoco el Gobierno va a dar marcha atrás en sus planes de reformas educativas, como ha pedido la oposición en sus resoluciones que mañana se votarán, ni dictará resoluciones desde el Ministerio de Sanidad para que las comunidades autónomas que tienen en marcha planes privatizadores de su gestión los cancelen. En este caso el argumento del gobierno se queda en recordar que la competencia de sanidad está transferida.

Sí saldrán adelante con sus votos todas las propuestas del PP que no han hecho si nos traducir en resoluciones las medidas que aprobó o que apuntó para el futuro la vicepresidenta del Gobierno desde la Mesa del Consejo de Ministros del pasado viernes. La vicepresidenta es quien lleva de su mano las resoluciones que se pueden aprobar mañana por lo que a lo largo de la mañana el contacto con el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Alfonso Alonso, es permanente. Al mismo tiempo, Alonso trata con los portavoces parlamentarios, con más intensidad con la socialista Soraya Rodríguez, lo que le parece asumible y lo que no.