Varios centenares de personas acuden a una “marcha fúnebre” contra las cuentas

Los Presupuestos para 2013 han sido aprobados hoy definitivamente en el Congreso. Son las cuentas más austeras de la democracia y para protestar contra ellas, varios centenares de personas convocados por la Coordinadora 25-S se han manifestado esta tarde en Madrid. Antes, por la mañana, 27 de los 35 detenidos durante las movilizaciones del 25 de septiembre han interpuesto una denuncia contra la policía nacional “por lesiones y detención ilegal durante su arresto y por torturas durante las 48 horas de su detención”.

Bajo el lema Estamos de luto, la marcha ha avanzado por Gran Vía hasta la Plaza de Cibeles y ha finalizado frente a las vallas que protegen el Congreso, en la intersección de la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de Neptuno. Frente a las vallas se ha leído un manifiesto denunciando que con la aprobación de las cuentas públicas "se ha consumado un atropello contra los derechos de la ciudadanía".

La Coordinadora 25-S ha dicho que los Presupuestos "van a generar más pobreza" y ha criticado que los diputados se vayan de vacaciones justo después de su aprobación sin escuchar lo que entienden que ha sido un clamor popular. Han asegurado que seguirán movilizándose en las calles "en defensa de los derechos pisoteados" y que quieren "conseguir un proceso constituyente y la creación de un contrapoder popular".

La lectura del manifiesto ha sido aplaudida por los cientos de personas concentradas en Neptuno, a lo que siguió gritos de "sí se puede". Los manifestantes han depositado algunas velas frente a las vallas que protegen el Congreso para, según la Coordinadora 25-S, crear "un muro de fuego para protegernos del mal", en referencia a los parlamentarios.

La protesta ha sido vigilada en todo momento por un fuerte despliegue policial. El tráfico en Neptuno ha quedado abierto a las nueve de la noche, al término de la "marcha fúnebre", que no fue comunicada de manera oficial por la Coordinadora 25-S, al entender que la difusión pública de la convocatoria es suficiente para que se tomen las medidas necesarias que garanticen la circulación del tráfico y el derecho de manifestación.

Esta es la séptima ocasión en la que los manifestantes se concentran cerca de la Cámara desde la primera convocatoria del 25-S, celebrada bajó el lema Rodea el Congreso y que terminó con 64 heridos y 35 detenidos. La denuncia que 27 de los arrestados han interpuesto hoy contra la policía por aquella actuación se hace extensiva a “los funcionarios cuyas acciones directas o por omisión deriven responsabilidad por las lesiones y detenciones ilegales”. Los denunciantes hablan también de “delitos de tortura, de vulneración de la integridad moral y de los derechos individuales” durante las 48 horas que permanecieron privados de libertad en los calabozos de la comisaría de Moratalaz.

Tras ser presentadas las denuncias en los juzgados de Plaza de Castilla, el abogado Eric Sanz de Bremond calificaba de “muy graves” los hechos que se produjeron, tanto durante aquel día, con “detenciones arbitrarias y agresiones”, como después en comisaría. Una vez allí, asegura que se obligó a los detenidos a estar de pie mirando a la pared durante más de seis horas sin que se les facilitase ni agua, hasta tal punto que una de las personas se desmayó. El abogado relata que no les dieron agua ni les permitieron sentarse hasta que los facultativos del Samur se lo rogaron a los agentes.

Sanz de Bremond añade que “policías con el rostro oculto” amenazaban a los arrestados con más castigos, se mofaban de ellos y no les dejaban mirarse ni mirar a los agentes. Entre otros hechos habla también de que les apagaban la luz de las celdas durante el día y las encendían por la noche o que les cambiaban la temperatura, poniendo en unas ocasiones la calefacción y en otras, el aire acondicionado.

Las denuncias han tardado casi tres meses en ser presentadas, según el abogado, porque ha sido necesario un trabajo de recopilación de información y documentación y porque algunos de los detenidos han requerido tiempo para recuperarse de las consecuencias “físicas y psicológicas”.

Este letrado, miembro de la comisión legal de Sol, defiende a cuatro de los detenidos. Preguntado por el estado en el que se encuentra el proceso contra ellos, afirma que “vergonzosamente” sigue sin saberse qué tribunal va a ocuparse de los hechos. La juez del juzgado de instrucción número 8 de Madrid se inhibió y envió el procedimiento a la Audiencia Nacional al considerar que se habían cometido delitos contra el Estado. Eso ocurrió pese a que la Audiencia ya había dicho que no era competente para juzgar esos hechos porque no se había cometido dicho delito. La decisión de la jueza ha sido recurrida pero aún no hay una resolución al respecto. “Estamos pendientes de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva”, apunta Sanz de Bremond y destaca que mientras tanto, los imputados se encuentran en un estado de “total indefensión”.

De los 36 arrestados, 34 quedaron en libertad con cargos, a otro la juez le impuso prisión eludible bajo fianza de 1.000 euros, y el último, menor de edad, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores. Cada uno de ellos se enfrenta a la imputación de la supuesta comisión de los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso. Al detenido al que la magistrada fijó fianza se le imputa la presunta comisión de dos delitos de atentados y desórdenes públicos.