El Supremo investiga en secreto un informe sobre la Operación Campeón

El juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, instructor para la Operación Campeón,  en la que figura imputado por supuesto cohecho pasivo impropio el exministro José Blanco, ha decretado el secreto de una pieza separada del sumario para las partes, a excepción del fiscal, durante el plazo de un mes, a fin de practicar las últimas diligencias posibles antes de cerrar la investigación.

Las diligencias secretas han sido instadas por el fiscal Manuel Dolz, a la vista de los antecedentes contenidos en un informe de 24 de septiembre de 2012 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (la Brigada de Blanqueo de Capitales). El secreto se decreta, según Soriano, por la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos obtenidos que, de ser conocidos, comprometerían el fin de la investigación que se está practicando, al contener “información financiera de carácter relevante”. El juez señala que es para evitar comprometer esa investigación por lo que no se da traslado a la defensa de las diligencias interesadas por el fiscal y la policía.

El magistrado instructor advierte que salvo que el resultado de dichas diligencias haga preciso, con “carácter excepcional”, completar alguna otra cosa, cerrará la investigación en cuanto transcurra el plazo de 30 días. Soriano ordena finalmente formar una pieza separada de investigación con el escrito presentado por el fiscal y el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y declararla secreta por un mes.

Fuentes de la defensa creen que el fiscal Dolz ha encargado a la policía algún tipo de información sobe el patrimonio del exministro y que ahora tratará de verificar su procedencia. La defensa ya aportó en su día las escrituras de las propiedades patrimoniales de José Blanco.

Blanco lleva más de un año imputado en la operación Campeón, desde que en agosto del pasado año el principal implicado en una trama de corrupción en Galicia, el industrial Jorge Dorribo, declarase que pagó a un primo del exministro 200.000 euros para favorecer la comercialización de productos farmacéuticos de una empresa de su propiedad. Nada más implicar al exministro, Dorribo quedó en libertad. La juez Estela San José, que comenzó a instruir el caso en Lugo, lo remitió al Supremo, donde, tras el interrogatorio de numerosos testigos por Dolz y Soriano, no han aparecido pruebas de los supuestos pagos a Blanco.