La Sierra de los ERE

Cuando hace año y medio estalló el escándalo de los ERE fraudulentos, Antonio Arquero fue uno de los primeros en torcer el gesto. Este minero jubilado de El Pedroso, un pueblo blanco en el corazón de la Sierra Norte sevillana, había cobrado 421.000 euros de los fondos públicos de la Junta de Andalucía entre 2007 y 2010 por el simple hecho de vivir a 50 metros del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. Arquero se dirigió entonces a su amigo para expresarle su temor: “Javier, esto lo veo feo”, recuerda ahora. El exminero arregló su casa y pagó la hipoteca con un dinero que él pensaba que le correspondía porque su pensión era muy reducida. Ahora sabe que pecó de incauto: “Sabía que era un mando y confié en él. La ignorancia es muy atrevida y ahora sufro un ataque psicológico. En la mina cogíamos las fuentes de energía con las manos y sufrí radiaciones del uranio. Yo me merecía el dinero”.

Junto a Arquero, Guerrero benefició a otros amigos de la sierra como Andrés Carrasco o Alejandro Millán, o su suegra, Victorina Madrid. “A Javier le llegabas tres días llorando y al cuarto ya te decía ‘yo te lo soluciono’. Él sigue creyendo que todo lo hizo bien porque podía dar ayudas por temas humanitarios”, confía un amigo del exalto cargo, hoy en prisión preventiva.

Ciertos intrusos (personas que percibieron pólizas ilegales y ajenas a las empresas beneficiadas por los ERE) apelaron a Guerrero por su cercanía y vivencias compartidas. Dada su gran amistad, solo tuvieron que facilitar sus datos a la secretaria del político, que les denominaba “criaturas” porque pasaban “necesidad”. Y es que Guerrero no sabía decir no.

Al margen de esa cuadrilla de aduladores surgieron empresarios sin trayectoria alguna al olor del dinero fácil. Y esto se tradujo en una lluvia de 50 millones de fondos públicos sobre la Sierra Norte durante la última década. Pero el dinero que debía generar actividad económica y empleo, terminó, a menudo, en los bolsillos de esta red clientelar de amigos y conocidos de altos cargos de la Junta andaluza. Si el fondo para empresas en crisis dispuso de 73 millones para ayudas directas a empresas (de un total de 1.217 millones para los ERE), esta pequeña comarca acaparó nada menos que el 68% del destinado para toda Andalucía. Entre las razones, sobresale que el director general de Trabajo que concedía las ayudas, Javier Guerrero, era vecino de El Pedroso. Y por su despacho y el bar al que acudía cada tarde desfilaron consejeros y delegados para reclamar ayudas para sus provincias, pero nada le tiraba tanto como su tierra.

Un exminero que vivía junto a Guerrero cobró 421.000 euros para arreglar su casa y pagar su hipoteca

Los 140 empresarios de la Sierra Norte beneficiados generaron cierta actividad económica, pero las subvenciones no consolidaron un débil tejido empresarial que no puede competir con la agricultura, la ganadería y el corcho. Pasadas las vacas gordas, ahora la Junta reclama ese dinero regalado a las compañías, a menudo, sin siquiera solicitud por parte del empresario y nulo control posterior del gasto. Y el inmenso fraude perpetrado durante una década florece poco a poco a medida que la Guardia Civil ata unos cabos desperdigados por los 10 municipios de la sierra.

El más llamativo desveló que las sociedades de dos exconcejales socialistas, José Enrique Rosendo y José María Sayago, recibieron 15 millones en subvenciones directas, según la juez. El padre del primero, Rafael Rosendo, sucedió a Guerrero como alcalde y formó parte del selecto club de intrusos al cobrar 112.000 euros. Y las firmas del corcho de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano de un expresidente de la Junta, recibieron nueve millones. El concejal del PP Antonio Gil, entonces en la oposición, admite: “Había un runrún de que a las empresas se les daba dinero, pero no que fuera ilegal”.

Numerosas empresas inflaron sus cifras y empleados, y otras ni siquiera existieron gracias a los desmanes de Guerrero, que acusó a sus superiores de conocer su modo de actuar. “Raya lo imposible que empresas ficticias recibieran ayudas. A nosotros nos duele, pero más aún a una persona parada. Es lastimoso”, resume el alcalde de El Pedroso, Manuel Meléndez. Sin embargo, algunas empresas beneficiadas invirtieron el capital público en maquinaria y para mantener el empleo. La cooperativa Corsevilla, dedicada a la venta de cordero y con 500 socios, recibió un millón para pagar préstamos y abrir nuevos negocios. Ahora, con la crisis, la devolución de ese capital supondría un grave perjuicio en sus resultados.

La tasa de paro de la Sierra Norte se ha duplicado en los últimos años y los números rojos crecen ante las dificultades de sectores clave como el aceite. Los Ayuntamientos pasan apuros, ya que también se aprovecharon de la generosidad de la Consejería de Empleo. El Consistorio de Guadalcanal recibió 350.000 euros para ferias de muestras, cifra de la que solo están justificados 120.000 euros. “O cerramos el Ayuntamiento o nos tienen que rescatar”, ironiza el alcalde, Jesús María Martínez (PP). En esta pequeña localidad la cooperativa de San Sebastián recibió un millón de euros. “Tenemos a 480 familias acojonadas y temblando”, relata su presidente, Antonio Caro.

La reclamación para la devolución de los 50 millones pende sobre Ayuntamientos y empresas de la Sierra Norte, un territorio con 30.000 habitantes cuyo tema estrella de conversación durante el último año ha eclipsado el curado de jamones, la venta de corderos y la recogida de aceitunas.