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El fiscal no se opone a que la Guardia Civil revise el sumario del Faisán

La Sala de lo Penal puso en duda la imparcialidad de los policías que realizaron la investigación

Unos policías vigilan el bar Faisán.
Unos policías vigilan el bar Faisán.JAVIER HERNÁNDEZ

Casi dos meses después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocara el procesamiento del ex director general de la policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector de Vitoria José María Ballesteros al considerar insuficiente la instrucción del juez Pablo Ruz, el caso Faisán sigue adelante. El fiscal del caso, Carlos Bautista, ha enviado un escrito al juzgado en el que no se opone a que la Guardia Civil revise el sumario, sustentado en gran parte en las actuaciones del equipo investigador de la Policía encabezado por el comisario Carlos German. La propuesta se produce después de que la Sala pusiera en duda la imparcialidad de ese equipo, cuyos miembros estaban llamados a participar en la operación anti ETA que el soplo desbarató.

Bautista no contempla que ese equipo investigador de la Policía sea sustituido por otro análogo de la Guardia Civil

Bautista no contempla que ese equipo investigador de la Policía sobre el que la resolución de la Sala de hace dos meses lanzó sospechas, sea sustituido por otro análogo de la Guardia Civil, algo que, según recoge en su escrito, solo le correspondería decidir al juez Ruz. La única labor del instituto armado que contempla el fiscal es la realización de un estudio o análisis sobre el material del sumario. El equipo de la Policía encargado de investigar la delación fue designado por el juez Fernando Grande-Marlaska, cuando estalló el caso en 2006. Su máximo responsable, Carlos Germán, también dirigía el dispositivo hispanofrancés que debió desarticular el aparato de extorsión de ETA que actuaba desde el bar Faisán de Irún. Esa es la razón que esgrimió la Sala el pasado noviembre para sugerir que los miembros de ese grupo pudieron estar implicados en el chivatazo.

La fiscalía también considera procedente que se amplíe el informe policial sobre el tráfico de llamadas en el que se basa la imputación de los tres cargos policiales. Bautista defiende que analicen tanto las llamadas entrantes como las salientes de los teléfonos de los tres implicados, señalados como autores de la delación, tal y como sugería el auto de la Sala que revocó el procesamiento.

Otro de los aspectos que ese auto de la Sala reprochaba a la investigación de Ruz era la ausencia de análisis sobre la posibilidad de que el soplo se hubiera realizado a través de teléfonos satélite. Por eso, Bautista pide ahora al juez que solicite a las compañías Iridium, Thuraya e Inmarsat un informe sobre si en la mañana del día del chivatazo –el 4 de mayo de 2006- “existieron llamadas entrantes o salientes de teléfonos satélite de su cobertura en la zona de Irún”, la localidad donde se encuentra el bar Faisán, el establecimiento en el que se produjo la delación al aparato de extorsión de ETA.

La fiscalía tampoco se opone a un careo entre el exjefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía, José Cabanillas, y Carlos Germán
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Por lo demás, la fiscalía tampoco se opone a un careo entre el exjefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía, José Cabanillas, y Carlos Germán en caso de que Ruz estimara que pudiera “contribuir a a determinar la apertura de nuevas líneas de investigación diferentes de las seguidas hasta ahora”. Durante su declaración en el caso, Cabanillas acusó a Germán de haber intentado destruir la grabación obtenida en el coche del miembro del aparato de extorsión Joseba Elosua con su yerno Carmelo Luquin, en la que el primero explicaba al segundo cómo le habían advertido de la operación policial que se preparaba contra él. Esa grabación es la principal prueba de la investigación. Ruz ya rechazó el careo el pasado febrero.

Por último, el fiscal también se opone a que declare el ministro del Interior en funciones, Antonio Camacho, ex secretario de Estado de Seguridad en el momento de la delación, al haberse rechazado tanto por el juez Ruz, como por la Sala de lo Penal, cuando las acusaciones –AVT y Dignidad y Justicia- lo solicitaron anteriormente.

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