Tartazos de cine mudo

La agresión sufrida a mediados de la semana pasada por Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, y la cómplice actitud de la izquierda abertzale para restarle importancia al atropello adelantan las dificultades que deberá superar el proceso de adaptación a las vías democráticas de la política tras la declaración de “cese definitivo de la acción armada” anunciado por ETA el pasado 20 de octubre.

El incidente se produjo durante una reunión de carácter transfronterizo celebrada en Toulouse para investir a Yolanda Barcina como presidenta de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos; en ese momento, un grupo de nacionalistas radicales opuestos al AVE lanzó varias tartas —como en las películas de cine mudo del Gordo y el Flaco— contra la presidenta de Navarra. Aunque el Parlamento foral de Pamplona condenó formalmente el ataque a las instituciones del Estado democrático y a quienes lo representan, Bildu decidió abstenerse. Parece altamente improbable, sin embargo, que el diputado general de Gipuzkoa, cabeza de lista de esa misma coalición, considerase una amable broma que sus adversarios políticos colocasen un balde lleno de agua sobre una puerta entreabierta para que se le derramara encima al empujarla.

El cese definitivo de la acción armada de ETA —de confirmarse a medio y largo plazo— sería una condición necesaria pero no suficiente para que un sistema mereciera la denominación de democrático. El cumplimiento de las reglas institucionales y el comportamiento de sus actores es un requisito indispensable. Si la célebre secuencia de Thomas de Quincey según la cual se empieza por cometer un asesinato y se acaba por no respetar los modales en la mesa es un rasgo de humor negro, la crispación gestual y verbal de la vida pública anuncia en verdad malos tiempos para las libertades. La interesante recopilación del profesor Fernando del Rey (Palabras como puños, Tecnos, 2011) sobre la brutalización del lenguaje durante la II República Española muestra ejemplos semejantes al deterioro criminal que ha sufrido el País Vasco desde la transición y cuya espiral podría de nuevo ponerse en marcha si los dirigentes de la izquierda abertzale no sacasen las debidas enseñanzas del pasado.

La izquierda ‘abertzale’ reclama al Estado el cumplimiento inmediato de sus exigencias

El sector de la disuelta Batasuna que ha desempeñado un papel crucial en la decisión de ETA de renunciar a su actividad armada no parece consciente, sin embargo, de esa peligrosa perspectiva. En vísperas de la agresión en Toulouse a la presidenta de Navarra, Arnaldo Otegi, el principal dirigente de esa facción, anunciaba desde su celda de la cárcel de Logroño que ETA había cumplido ya todos sus compromisos con la declaración de cese indefinido de la actividad armada y que la pretensión de imponerle nuevas condiciones —la entrega de las armas y su disolución— no era sino “un reflejo del miedo que existe en el nuevo escenario” y “un planteamiento inmaduro”. Alardeando de la “indiscutible sinceridad y honestidad” de la izquierda abertzale y de su apuesta “por las vías exclusivamente democráticas”, el coordinador de la antigua Batasuna afirma que le corresponde ahora al Estado recorrer la parte restante del camino pendiente.

Muy parecidas fueron las pretensiones expuestas por los tres dirigentes de la coalición Bildu al lehendakari, Patxi López, en el palacio de Ajuria Enea durante la pasada semana. Mientras socialistas y populares han alcanzado la obvia conclusión de que cualquier medida relacionada con la declaración de ETA del 20 de octubre deberá aguardar hasta que sean elegidas el 20-N las Cortes Generales, la coalición soberanista preconiza la inmediata puesta en marcha de una respuesta operativa del Estado para satisfacer las peticiones incluidas en el Acuerdo de Gernika de 25 de septiembre de 2010, una omnicomprensiva carta a los Magos suscrita por una treintena de grupos soberanistas, sindicales y sociales.

Según ese Acuerdo para un Escenario de Paz y Soluciones Democráticos, al que se adhirió hace unas semanas el colectivo de presos de ETA, el Estado estaría obligado a dar cumplimiento a una larga lista de deberes cuidadosamente detallados en el Acuerdo de Gernika, pese a que nunca se haya comprometido a asumirlos. Unas obligaciones elevadas simétricamente a la condición de derechos inalienables de sus eventuales beneficiarios sin la menor fundamentación social, política, histórica o teológica. De esta forma, la izquierda abertzale invita a partir de ahora a presenciar el espectáculo de su corre-que-te-pillo con el Estado para resolver cuestiones tan sencillas y de puro trámite como la derogación de la ley de partidos, el cambio de la política penitenciaria en tanto que primer paso del camino hacia la amnistía, la convocatoria de la mesa de partidos, el reconocimiento de la unidad de Euskal-Herria y el derecho a la independencia.