Fabra ata en corto al sector público

El Consell, que preside Alberto Fabra, aprobó ayer el decreto ley con el que pretende atar en corto al sector público de la Generalitat. Un sector constituido por 26 empresas públicas, 35 fundaciones y 19 entidades de derecho público que emplea a cerca de 11.000 personas y que arrastra una deuda que supera con creces los 5.000 millones de euros.

El consejero de Economía, Enrique Verdeguer, será quien pilotará, junto con el titular de Hacienda, José Manuel Vela, la reconversión del sector público de la Generalitat, mediante la creación de una Corporación Pública Empresarial Valenciana que agrupará todas las empresas y fundaciones con dos excepciones: Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y la Agència Valenciana de Turisme (AVT). Estas dos empresas públicas estarán sujetas a la misma disciplina de control, aunque dadas sus características quedan al margen de la Corporación Empresarial y tendrán planes específicos.

Con este decreto ley, que se publicará el lunes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el Consell pretende reducir el gasto de las empresas en 400 millones de euros. En la actualidad las empresas públicas consumen unos 2.500 millones de euros del presupuesto anual de la Generalitat, a los que hay que sumar otros 100 millones que van directamente a las fundaciones. Verdeguer explicó que el recorte de los 400 millones tendrá lugar a lo largo de 2012. Así es como aparecerá en el proyecto de ley de Presupuestos que se presentará a finales de octubre, pero Verdeguer confía en que el recorte sea finalmente mayor. De los 400 millones, 150 se conseguirán con una disminución del 40% en los gastos de funcionamiento. Los otros dos tercios se lograrán del resto de partidas, incluida la de personal, aunque Verdeguer no quiso adelantar cómo afectará al empleo.

El decreto fija un control muy exhaustivo al sector público, que tendrá controles internos trimestrales. Si existe algún retraso en el cumplimiento de los objetivos fijados por Economía las empresas y fundaciones podrán ser auditadas.

Entre las medidas previstas se incluye la prohibición de tener “personal eventual”, la decisión de homologar los sueldos de los directivos de las empresas públicas a los de los altos cargos de la Administración y de dar prioridad al pago de los proveedores.

El consejero de Economía, Enrique Verdeguer, explicó que a finales de noviembre explicará la reestructuración de las fundaciones, que se alargará en los plazos dada la variedad de patronatos que las gobiernan. La Corporación Empresarial está previsto que esté constituida en el mes de abril del año que viene, lo que permitirá impulsar “un proceso que es dinámico, vivo”, según el consejero, que confía en tener ya un plan definitivo de reestructuración en el segundo semestre de 2012.

Cada empresa pública deberá presentar un plan de saneamiento y un informe sobre las causas de su situación económica, que serán supervisados por el área económica del Consell. El Instituto Valenciano de Finanzas, también dependiente de Verdeguer, será el encargado de coordinar y controlar el endeudamiento financiero y centralizará todos los créditos. Si hay falta de liquidez, las empresas o fundaciones estarán obligadas a presentar un plan de pagos a proveedores que, si no se cumple, permitirá a las consejerías de Economía y Hacienda paralizar las inversiones previstas en los entes públicos.

Aunque Enrique Verdeguer tomará las riendas del sector público empresarial de la Generalitat, cada una de las empresas y fundaciones seguirá dependiendo funcionalmente de su correspondiente consejería. “El decreto no pone en tela de juicio que el control corresponde a cada consejería”, argumentó Verdeguer, que aseguró que “es un proyecto [de reestructuración] en el que está implicado todo el Consell”. “No vamos aplicar un criterio economicista, se trata de racionalizar la gestión, pero los objetivos de cada entidad no se ponen en entredicho”, recalcó.

Sin embargo, el Consell intenta poner orden en algunas empresas públicas con las cuentas desbocadas antes de atarlas en corto. El Ejecutivo valenciano autorizó ayer al consejero de Hacienda, José Manuel Vela, a conceder la friolera de 900 millones de euros en avales a la empresa Ciegsa, encargada de la construcción y mejora de los centros educativos. La autorización es “para cubrir las necesidades de financiación de esta sociedad”, que en la práctica lleva años al borde de la disolución. Ciegsa podrá disponer de los avales a medida que los necesite a lo largo de todo 2012, previa autorización de Vela.

Las dificultades financieras que arrastra la Generalitat llevó ayer al consejero de Economía a volver a solicitar públicamente que el Estado centralice la emisión de deuda de las comunidades autónomas.

En este contexto, Soledad Núñez, directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, lanzó un jarro de agua fría sobre las expectativas del Consell de que el Estado emita como propia la deuda que tiene autorizada la Generalitat pero no logra colocar en los mercados. Núñez, que participó en una jornada organizada por el IVIE, explicó que la ley impide que el Estado asuma deudas de otras instituciones. La norma jurídica impone que cada palo aguante su vela.

El anuncio de reestructuración del sector público de la Generalitat fue calificado de “insuficiente” por el PSPV y anunció que generará “más paro”. Compromís indicó que el anuncio del Consell es “un reconocimiento del colapso” provocado por el PP.