Algo más que 'agentes de asuntos internos'

El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha será la primera institución de este tipo que desaparezca en España desde que empezaron a constituirse con la llegada de la democracia como altos comisionados creados por los Parlamentos. Sus homólogos autonómicos defienden la labor que desempeñan y la convivencia entre ellos y la institución nacional.

El departamento de asuntos internos es a la policía lo que los Defensores del Pueblo vienen a ser a las administraciones. Estas defensorías velan por el buen funcionamiento de las instituciones públicas y protegen los derechos de los ciudadanos. Eso sí, sus informes no son vinculantes. Intentan, de forma gratuita, solucionar problemas sin tener que llegar a los juzgados. Tras la decisión del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, serán 12 los autonómicos. El anteproyecto de ley al respecto ya está aprobado. Falta el trámite de la Cámara regional.

Uno de los argumentos utilizados por el nuevo Ejecutivo manchego es el ahorro. Preguntados por ello, los defensores consultados coinciden en que sus instituciones suponen un porcentaje mínimo dentro del presupuesto total de sus comunidades.

En las comunidades en las que hay Defensor se puede elegir si acudir a él o al nacional si la queja es sobre la Administración autonómica o local

La Junta también ha dicho que las quejas ciudadanas las puede asumir el Defensor nacional. Tal y como explica la titular del organismo estatal, María Luisa Cava de Llano, su institución “puede supervisar las actuaciones de cualquier Administración”. Cava de Llano, en funciones porque PP y PSOE no se ponen de acuerdo para nombrar un titular, apunta que la supresión del Defensor de Castilla-La Mancha no va a suponer ningún cambio para su institución, más allá del aumento del número de reclamaciones procedentes de la región. Siendo solo una comunidad puede ser asumible, pero si estas instituciones autonómicas empezaran a desaparecer, el volumen de trabajo del Defensor del Pueblo nacional podría incrementarse de forma considerable. Francisco Javier Enériz, defensor de Navarra, recuerda por ejemplo que entre organismos autonómicos y locales tiene competencia sobre más de 800 instituciones. Además, en Murcia por ejemplo, su defensor, José Pablo Ruiz, tiene potestad para controlar a las empresas privadas de servicios públicos, como electricidad o gas.

Convenios para evitar duplicidades

El ciudadano en cuya comunidad hay Defensor puede elegir por tanto a cuál de las dos instancias acudir si la reclamación se refiere a la Administración autonómica o a la local. La central, incluso sus delegaciones regionales, es asunto de Cava de Llano y su equipo. Ella afirma que si el ciudadano pone la reclamación en los dos organismos, en función de las características de la queja, se coordinarán para tramitarla. El ámbito de actuación de cada entidad quedó definido en una ley de 1985 y se ha ido concretando en convenios de colaboración. Además celebran jornadas de coordinación. La última, en la localidad murciana de Cartagena, en la que hablaron sobre los derechos de las personas mayores.

Fruto de esa colaboración, a principios de año por ejemplo, la Defensora del Pueblo estatal y el Defensor castellano-manchego lograron que se ampliara el uso de las pulseras GPS a los maltratadores que se encuentran cumplimiento penas. La defensoría nacional había tenido conocimiento en septiembre, a través del Defensor de Castilla-La Mancha, del caso de una víctima de violencia de género, que había solicitado al Juzgado de lo Penal que su agresor, condenado a respetar una orden de alejamiento, estuviera vigilado por ese medio. La defensora inició un estudio que llevó a la Secretaría de Estado de Igualdad a tomar la medida.

Debate en Cataluña

Pese a existir acuerdos y colaboración, hace un año hubo cierta controversia sobre las competencias. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, tuviera la exclusividad en la supervisión de la Generalitat y las administraciones locales de Cataluña, como pretendía el nuevo Estatut. La defensora estatal defiende que tal y como establece la Constitución y reafirmó el Constitucional, no se la puede expulsar de un determinado territorio. El síndic, Rafael Ribó, argumenta que con esta situación se dan circunstancias como que “el ombudsman [vocablo inglés que designa a esta figura] español, cuando interviene sobre una competencia de un Gobierno regional y ve errores a subsanar no podrá informar ante el Parlamento autonómico sino ante el Congreso, que le dirá que son asuntos que no competen a dicha cámara”.

Y es que además de tramitar quejas, los defensores intervienen ante sus asambleas para dar cuenta de los problemas detectados y de la actitud que han tenido los organismos que controlan. “Yo en el parlamento cito qué Administración ha podido ser hostil. Eso les supone cierta presión y ha permitido que sean cada vez menos reacias a enviarme información y pueda cerrar los expedientes en una media de 48 días”, apunta María Bueyo, titular de La Rioja.

Informan a sus Asambleas  de la actitud de los organismos que controlan

Ejemplos de tirones de orejas hay varios y algunos muy recientes. Es el caso del defensor de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez, que este lunes ha abierto una queja de oficio sobre la situación del sector farmacéutico en la región, por los impagos de la Junta y la consiguiente amenaza del sector de posibles cierres de los establecimientos. O la del Síndic, que pidió en julio que se expedientara a los Mossos d’Esquadra que intervinieron en la plaza de Catalunya de Barcelona el 27 de mayo, ocupada por los indignados. "Hubo agentes que actuaron de una manera desproporcionada, utilizando la fuerza física de manera desmesurada”, recogía el informe presentado por Rafael Ribó.

No en vano, de las quejas individuales que reciben pueden detectar que está empezando a emerger un problema general y denunciarlo antes de que se convierta en crónico. “En 2002 empezó a preocuparnos la violencia de los hijos hacia los padres y a raíz de eso la Junta tomó medidas”, apunta José Chamizo, de Andalucía.

La ventaja de la cercanía

Para los defensores autonómicos el problema más grave de su supresión radicaría en que muchas de las quejas no se formularían. Si bien Internet está haciendo posible que muchas cuestiones se planteen vía online, aún numerosos ciudadanos prefieren el cara a cara, poder ver a quién le están planteando su preocupación. El Justicia de Aragón afirma por ejemplo que en 2010 las quejas presenciales que recibió aumentaron en un 16%.

Estos altos comisionados cuentan además que cada vez son más conocidos por la población. Su proximidad genera mayor confianza en los ciudadanos y les permite conocer mejor las Administraciones regionales y locales. Eso a su vez permite que actúen con mayor rapidez. Desde Asturias, la procuradora general, María Antonia Fernández, resalta que tienen firmados casi 60 convenios con colectivos a través de los que conocen las demandas de los más desfavorecidos. “De esto sería imposible que se ocupase el Defensor estatal porque los colectivos son de aquí y es difícil que se pudiesen relacionar con una institución más lejana”, apostilla. Esta institución ha firmado además un acuerdo con la Universidad por el cual se ha creado el que según Fernández es el primer máster oficial sobre protección jurídica de los derechos fundamentales, principalmente de los grupos más vulnerables. Empezará a impartirse en octubre.

La Procuradora de Aragón y la Universidad han creado el primer máster de protección jurídica de derechos fundamentales

Aún así hay quienes creen que no es necesario tener 17 defensores. El catedrático de Derecho Constitucional, Joan Oliver, recordó que por ejemplo “Baleares no ha tenido nunca Defensor del pueblo”. Es el caso también de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Cantabria. Desde la primera afirman tener como referente al Defensor nacional y desde la segunda, que ya disponen de una Comisión de Peticiones con funciones similares. Los defensores existentes defienden por su parte que existen porque hay Administraciones autonómicas y locales y que su supresión supone quitar vías de control.