Los niños robados que vuelven a Guatemala para conocer la verdad

En la cancha de Futeca Cayalá, un barrio acomodado de Ciudad de Guatemala, una pantalla publicitaria despliega frases motivadoras: “Hasta la última gota. Sudar es la gloria. Déjalo todo en la cancha”. Osmín Ricardo Tobar Ramírez, de 35 años, ―capitán de la defensa y linebacker de Los Toros y de la selección guatemalteca de fútbol americano― parece tomarse en serio cada una de estas palabras. Con casco, hombrera y rodilleras, se aplica en el entrenamiento, mientras su madre, Flor de María Ramírez Escobar, de 52, lo observa desde la línea de banda con una sonrisa que le ilumina el rostro. Ha pasado 14 años de su vida sin ver a su hijo y ahora aprovecha cada momento.

Tobar se ha dedicado al deporte desde joven. Durante su adolescencia en Pittsburgh (Pensilvania, EE UU) consiguió una beca universitaria gracias a su éxito en la lucha grecorromana. El deporte es su válvula de escape, una manera de “encontrar equilibrio” en una existencia llena de altibajos. Actualmente, trabaja en una operadora de ventas por teléfono gracias a su perfecto inglés y vive con su esposa Lilian y su hijo Cristian. “Con la vida que he llevado, nunca imaginé que podría tener un hogar estable. Ha sido un gran plot twist”, un giro radical, confiesa Tobar, en un español en el que se cuelan a veces palabras en inglés.

A más de 5.000 kilómetros de esta cancha ―en Montreal, Canadá― Ignacio “Nacho” Alvarado sueña con una bicicleta nueva para su próximo proyecto: pedalear de Ciudad de México a Ciudad de Guatemala para atraer atención hacia su causa. “Queremos crear conciencia para que lo que nos pasó no se repita,” dice con determinación.

Tobar y Alvarado tienen mucho en común. Son dos de los 30.000 niños guatemaltecos dados en adopción internacional entre 1977 y 2007. Gran parte de estos procesos estuvieron marcados por las irregularidades y la corrupción, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2018 condenó al Estado centroamericano por el caso de Tobar y su hermano. Tobar fue adoptado en Estados Unidos en 1998 y Alvarado en Canadá en los años ochenta. Ya adultos, han regresado a Guatemala para conocer la verdad sobre sus adopciones y reencontrarse con sus familias biológicas. Ambos son, además, activistas de derechos humanos y levantan la voz para que el robo “legalizado” de niños en Guatemala no quede en el olvido.

Aquel maldito día

“Ese 9 de enero de 1997 no lo olvidaré jamás,” cuenta Tobar. Tenía siete años y la Procuraduría General de la Nación entró en su casa y se lo llevó junto a su hermano, tras una denuncia por abandono presentada por una vecina. “Me dijeron que nos devolverían en la tarde, pero esa fue la última vez que vi mi casa,” recuerda.

En ese momento, Ramírez, que criaba en solitario a Tobar y a J.R. (siglas con las que la justicia se ha referido a su hermano, para proteger su identidad, puesto que ha preferido mantenerse ajeno a este proceso sobre sus orígenes) estaba en el trabajo, en un organismo gubernamental vinculado a la Administración tributaria. “Estaba feliz porque había ganado 2.000 quetzales (237 euros) y ya podía dar una buena vida a mis hijos. Cuando me enteré de lo sucedido, perdí el control y rompí la mitad del dinero por la desesperación de no saber dónde estaban”, cuenta la mujer.

Ramírez acudió al Juzgado de Menores, donde le confirmaron que se habían llevado a sus hijos. A partir de ahí, comenzó un juicio rápido que la declaró no apta para cuidarlos. Los pequeños, internados en la asociación Los Niños de Guatemala, fueron declarados en estado de abandono. “Nunca volví a verlos. Me sentía como un barco sin rumbo, estaba muerta en vida,” recuerda con lágrimas en el rostro, tras 27 años.

En abril de 1998, se abrió un proceso de adopción relámpago para los dos hermanos, que fueron separados y adoptados por dos familias diferentes. Tobar voló a Pittsburgh, Pensilvania, el 2 de junio de ese año ya con otro nombre. De nada sirvieron los recursos de revisión a la sentencia presentados por Ramírez y, posteriormente, por Gustavo Tobar Fajardo, el padre biológico de los niños, que había migrado a México por razones económicas.

En 1977 Guatemala aprobó una ley que permitió a notarios y abogados gestionar adopciones sin autorización judicial, lo cual favoreció la creación de redes de tráfico de menores participadas por hospitales, ejército, organismos judiciales y hogares de menores

“En los hogares me pegaron y abusaron de mí. Además, pensaba que había perdido a mi hermano. Cuando me adoptaron estaba feliz de irme, pero nunca conecté con mis padres adoptivos y mi vida en Estados Unidos fue infeliz”, reconoce Tobar. Pasó su existencia con un sentido de desarraigo. “Intentaba huir de la vida. Bebía, fumaba, entré en una pandilla y hasta pasé unos meses en la cárcel”, enumera.

A diferencia de Tobar, Ignacio Alvarado —abandonado al nacer— fue hallado por vecinos de una comunidad en el oriente del país, quienes lo cuidaron con amor y lo llevaron al hospital para controles médicos. Poco después, desapareció y se supo que fue trasladado al orfanato Elisa Martínez, conocido años después por su implicación en el tráfico de niños. “Los vecinos estaban tan tristes que pasaron a llamar al río de la comunidad ‘La vuelta del niño’, esperando que un día yo volviera”, comenta Alvarado.

A los tres años, fue adoptado por una familia canadiense. A los 17 años, ya había cambiado de familia tres veces y su vida fue dura como la de Tobar. “De adulto, una amiga me mostró un artículo sobre el tráfico de niños en el orfanato donde estuve. Entonces me pregunté: ¿Así me pasó a mí?”.

El mercado de los niños

Tobar y Alvarado fueron adoptados en el marco del conflicto armado interno que dejó en Guatemala al menos 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996. En medio del caos institucional, en 1977 Guatemala aprobó una ley que permitió a notarios y abogados gestionar adopciones sin autorización judicial, lo cual favoreció la creación de redes de tráfico de menores en las que estuvieron involucrados hospitales, ejército, organismos judiciales y hogares infantiles.

Muchos notarios se enriquecieron facilitando adopciones internacionales sin investigar previamente si el niño era huérfano o abandonado, o si la familia que lo iba a recibir era idónea. A menudo, se aprovechaban de la pobreza de la gente para ofrecer un precio irrisorio por los menores, por los que las familias adoptivas podían llegar a pagar después entre 30.000 y 80.000 dólares (entre 28.059 y 74.826 euros), según los cálculos de los peritos solicitados por la CIDH. “Un monto (de dinero) que podría haberse destinado a apoyar a las familias en Guatemala sin arrancar a los niños de sus hogares”, coinciden Tobar y Alvarado.

Estas facilidades legales convirtieron a Guatemala en uno de los cuatro países que más niños daba en adopción en el mundo, según un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, y en el origen de la mayoría de los pequeños que llegaban a Estados Unidos para ser adoptados en 2008, pese a que la Ley de Adopciones guatemalteca de 2007 estableció la adopción internacional como último recurso. En 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyó que las redes de tráfico de personas empleaban cualquier estrategia para conseguir niños, desde amenazas contra las madres hasta el llamado “lavado de niños”, que consistía en presentar ante un juez menores robados o supuestamente abandonados para declararles aptos para una adopción. Tobar y su familia fueron víctimas de ese “lavado de niños”. Alvarado no, pero los dos fueron “vendidos a familias que se morían por tener un hijo”, sentencia Alvarado.

El regreso a Guatemala

Con el apoyo jurídico de organizaciones como Casa Alianza (ahora La Alianza) y posteriormente El Refugio de la Niñez, Gustavo Tobar luchó toda su vida para recuperar la patria potestad, ubicar a su hijo y levantar la voz sobre el robo de los niños. En 2002, un periodista de Newsweek localizó a Tobar y le mostró fotos de sus padres biológicos. “Lloré y quería regresar”, cuenta. Pero era solo un niño de 12 años.

“Cuando me dijeron que mi hijo estaba vivo volví a tener esperanza”, recuerda Gustavo Tobar con la voz quebrada por la emoción. La historia dio un giro en 2009, cuando el padre contactó a su hijo por Facebook y en 2011 finalmente se reencontraron. En 2015 Osmín Tobar decidió volver a Guatemala definitivamente.

Gracias a Gustavo Tobar, el caso de sus hijos llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 condenó al Estado de Guatemala por la adopción irregular de los hermanos. Según la sentencia, estas adopciones “se dieron dentro de un marco de corrupción, en el que un conjunto de actores e instituciones públicas y privadas operaban bajo el manto de la protección del interés superior del niño, pero con el real propósito de obtener su propio enriquecimiento”. En julio 2024, Bernardo Arévalo fue el primer presidente en disculparse formalmente en nombre del Estado.

“Por primera vez sentí que mi vida tenía sentido. Dejé de beber porque era una figura pública y tenía la responsabilidad de representar a las personas adoptadas ilegalmente”, comenta Tobar.

Fue una emoción muy fuerte pero no hay que romantizarlo. No se pueden recuperar 35 años: es como ser adoptados una segunda vez. Lleva tiempo crear una relación

Ignacio 'Nacho' Alvarado

Por su parte, Alvarado comenzó a indagar sobre sus orígenes durante un viaje a Guatemala en 2019. “Caminando por la Sexta Avenida vi las fotos de los desaparecidos del conflicto y me salió la idea de empapelarme yo también para ver si alguien me estaba buscando”, cuenta Alvarado que, con el apoyo de HIJOS Guatemala, consiguió colocar su fotografía en varios lugares para sensibilizar sobre el tráfico de niños.

Una muestra de ADN le permitió contactar con una prima segunda, poco a poco fue sabiendo que su origen estaba en una comunidad del oriente y en 2022 pudo conocer a su madre con el apoyo de la Liga de Higiene Mental de Guatemala. “Fue una emoción muy fuerte, pero no hay que romantizarlo. No se pueden recuperar 35 años: es como ser adoptados una segunda vez. Lleva tiempo crear una relación”, reconoce Alvarado, que en 2021, fundó el Colectivo Estamos Aquí, del cual Tobar también forma parte. Cualquier persona adoptada que tenga dudas sobre su pasado o esté buscando a su familia biológica puede contactarlos. Para ello usan muestras de ADN, partidas de nacimiento o fotografías en las calles. En tres años, han logrado ocho reencuentros. “Es importante que nunca se culpabilicen los padres biológicos, aunque pueda ser difícil”, recalca Alvarado.

Está a punto de salir de la videollamada, pero se acuerda de que no ha contado algo importante. “¿Sabes qué? En la comunidad donde me encontraron ya cambiaron el nombre al río. Ahora se llama ‘El niño de vuelta’, porque he regresado,” dice, sonriendo en su español con acento francés.