Fútbol para blanquear una dictadura

No es nuevo que las dictaduras busquen fórmulas para lavar su imagen ante otros países y ante sus ciudadanos, pero estas operaciones cosméticas alcanzan una nueva dimensión cuando el poder económico de los petrodólares se apropia de la proyección internacional del deporte y, en especial, del fútbol. La monarquía absoluta teocrática que gobierna Arabia Saudí lleva al menos desde 2020, cuando el país acogió el Rally Dakar, volcada en una agresiva política de blanqueamiento a través del deporte de élite (sportswashing) a la que destina miles de millones de dólares. Solo este año, suma al menos 910 acuerdos comerciales deportivos en todo el mundo, según una investigación de la organización Play the Game que ha publicado este periódico.

El príncipe Mohamed Bin Salmán busca así impulsar su proyecto Visión 2030, que anunció hace más de ocho años para acabar con el casi total monocultivo del petróleo e impulsar el desarrollo del país. El propio Bin Salmán controla el fondo soberano saudí (Public Investment Fund), firmante del 38% de dichos acuerdos. Con ese alud de dinero y la imagen de competiciones y deportistas de primer nivel, el régimen intenta blanquear su largo historial, denunciado por numerosas ONG, de represión, persecución de la oposición política, criminalización de la comunidad LGTBIQ+ o sometimiento de las mujeres. Pese a avances en la presencia pública femenina, Riad sigue estando muy lejos de los principales estándares en materia de derechos humanos. El reino batirá este año su récord de ejecuciones de penas de muerte: solo en los nueve primeros meses ya superaban las 200, más que en cualquier año completo de las últimas tres décadas, según Amnistía Internacional.

Ese blanqueamiento vivirá un hito la próxima semana, cuando la FIFA haga oficial la elección de Arabia Saudí como sede del Mundial masculino de 2034. Pese a todos los datos de vulneraciones, el organismo rector del fútbol calificó el viernes como “medio” el riesgo de Riad en materia de derechos humanos y le dio a su candidatura la mayor puntuación jamás otorgada—4,2 sobre 5, equiparándola a la propuesta de España, Portugal y Marruecos para 2030—.

La FIFA vuelve a demostrar así que prioriza el dinero sobre los principios. En abril, firmó un acuerdo para que Aramco, la petrolera estatal saudí, sea uno de sus “socios mundiales” hasta finales de 2027, además de patrocinar el Mundial masculino de 2026 y el femenino del año siguiente. Contra ese acuerdo han protestado más de 130 mujeres futbolistas de 24 países, muchas de ellas internacionales con sus selecciones. Ese pronunciamiento de las jugadoras debería ser suficiente señal de alerta sobre la importancia de que el fútbol no sea ajeno a la protección de los derechos humanos. Sus entidades rectoras, que se revisten de valores como tolerancia, igualdad e inclusión, deben ser mucho más exigentes con países que los violan como política de Estado, sea cual sea su poder económico.