Una nueva mayoría en Cataluña

La mayoría parlamentaria que ayer eligió al socialista Salvador Illa, de 58 años, como presidente de la Generalitat de Cataluña rompe la división en bloques políticos a favor y en contra de la secesión de España que ha marcado la política en esa comunidad desde hace más de una década y cuyo final suponía una fuerte aspiración en buena parte de Cataluña y en el resto de España.

El ruido mediático organizado por Junts per Catalunya para recibir al expresidente Carles Puigdemont, en un acto de desafío a su orden de detención a pocos metros del Parlament con el objetivo de obstaculizar la investidura y mantener viva la agitación secesionista, no puede distraer del verdadero carácter trascendental de lo sucedido en el interior de la Cámara. La jornada pasará a los libros por la conformación de una nueva mayoría de izquierdas y catalanista, por la clausura de una larga etapa de divisiones y parálisis, pero también por el contenido programático del discurso de Salvador Illa y por su estilo personal, conciliador, dialogante y moderado, en sentido exactamente contrario a las tendencias polarizadoras imperantes en la actual política.

En el discurso como candidato, el que será el decimosegundo presidente de la Generalitat moderna se situó en la “tercera gran transformación” del autogobierno, tras la recuperación de la institución republicana por el regreso de Josep Tarradellas, que la integró en el marco de la actual Constitución, y después de la segunda protagonizada por los presidentes socialistas Pasqual Maragall y José Montilla. Aunque no mencionó a Puigdemont, reivindicó la aplicación “ágil, rápida y sin subterfugios” de la ley de amnistía, situó a “Cataluña como nación” en el marco de “una España plurinacional dentro de una Europa federal”, y reivindicó el nuevo modelo de financiación singular —sin entrar en los detalles, que todavía se esperan del Gobierno central—, así como su defensa de la lengua catalana y el impulso a las políticas y los servicios públicos, con menciones específicas a sanidad, educación, transportes y vivienda.

El debate escenificó la solidez de los acuerdos de investidura, pero también las diferencias entre las tres fuerzas que votaron a Illa y conducirán a un Gobierno en solitario del PSC, al menos en una primera etapa. El nuevo presidente expresó su voluntad de mantener el acuerdo tripartito a lo largo de toda la legislatura, pero se abrió al diálogo con el Partido Popular, Junts y la CUP, a pesar de que estas tres fuerzas mostraran con contundencia y escasa consideración su radical oposición al nuevo presidente.

Salvador Illa situó fuera de ese diálogo expresamente a los dos grupos extremistas con representación en el Parlamento catalán: Vox y Aliança Catalana. Es significativa la breve respuesta que merecieron las intervenciones de los portavoces de estos grupos, Ignacio Garriga y Silvia Orriols, respectivamente. Las dos son formaciones de extrema derecha xenófoba y antimusulmana. Illa tendrá con ellas cortesía parlamentaria “pero nada más, ningún diálogo”. Anunció, no obstante, que atenderá y gobernará también para sus votantes, y situó como eje central de su Gobierno precisamente el despliegue de políticas dirigidas “a desmontar uno a uno los discursos del odio”.

Las astucias escénicas de Puigdemont, que protagonizó ayer su segunda fuga de la acción de la justicia, no pueden ocultar el rotundo fracaso de su falso regreso. Solo unos pocos miles de sus partidarios se concentraron a primera hora de la mañana en el Arco del Triunfo de Barcelona para recibirle y escuchar su corta arenga de apenas cuatro minutos. No entró en el Parlamento como había anunciado.

En vez de Puigdemont, tuvo que ser Albert Batet, portavoz de Junts, quien pronunció el discurso de respuesta a Illa, de nulo contenido institucional e impropio de una formación heredera de la mejor tradición pactista y proclive a la gobernabilidad española que representó Convergència. El intento de compatibilizar a la vez la promesa de retorno a Cataluña el día de la investidura y su rechazo a una comparecencia ante el juez explica tan rocambolesca jornada, que culminó con aplausos de los diputados de Junts en el momento en que Puigdemont fue convocado nominalmente a votar sin que el expresidente acudiera, delegara su voto o emitiera el sufragio a distancia. La épica del regreso quedó ahogada en la farsa y en el ridículo.

Si Puigdemont pretendía robar el protagonismo a Illa, poner en situación embarazosa al Gobierno interino de Esquerra y suministrar al PP y a Vox munición para su permanente bombardeo sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, solo consiguió este último objetivo. El PP denunció la “humillación insoportable” sufrida ayer, como si no tuviera ninguna responsabilidad mientras gobernaba en la celebración de los dos referéndums ilegales, la declaración de independencia y la fuga del entonces presidente secesionista, ni, sobre todo, en la desastrosa intervención policial del 1 de octubre para no lograr retirar las urnas. En el último lustro, es difícil negar el retroceso del independentismo y sobre todo el valor que tiene el relevo en la presidencia de la Generalitat, desde ahora en manos de un partido no secesionista después de una década dramática y perdida.

Los Mossos d’Esquadra, la policía integral de Cataluña, fueron la verdadera víctima del aventurerismo de Puigdemont. Obligada a cumplir la orden de detención, la policía catalana tuvo que enfrentarse al acto de homenaje, al intento de entrada de los manifestantes en el recinto del Parlament y a la nueva desaparición del expresidente. Al bochorno por un fallo tan público y retransmitido en directo se sumó la detención de dos agentes de la policía catalana como presuntos cómplices en la nueva fuga de Puigdemont y la citación a declarar ante los Mossos del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre las circunstancias de su desaparición.

Es inexplicable tanta irresponsabilidad, similar a la demostrada por Junts en 2017, en los días del referéndum, la huida a Bruselas y dos años más tarde las violentas protestas contra la sentencia del procés. Los responsables políticos de los Mossos, la primera instancia a la que hay que dirigir la petición de responsabilidades por la fuga, están ya en funciones y serán sustituidos en el Gobierno de Illa, pero la investigación y las explicaciones hay que reclamarlas igualmente.

El ridículo provocado por el expresidente en el último e incomprensible episodio del sainete que mantiene con la justicia española quedará inevitablemente unido a las crónicas de la investidura de Illa. Pero es importante recordar que fracasó en su intento de desestabilizar la jornada con la excusa de una anormalidad artificial. Al final, se impuso la institucionalidad, el tedioso y formalista ejercicio de la política a través de las instituciones y sus reglamentos, que tanta falta hace en Cataluña. Ahora toca gobernar.