Las tareas urgentes del CGPJ

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fruto del primer acuerdo en mucho tiempo entre el PSOE y el PP, inició su trabajo el pasado viernes con muchas tareas pendientes y urgentes. Para todas ellas los 20 nuevos vocales necesitarán echar mano del consenso, una herramienta oxidada en los últimos cinco años de mandato caducado por el bloqueo del PP a su renovación y con una mayoría conservadora convertida en ariete contra el Poder Ejecutivo desde la judicatura. Desde ahora las decisiones del nuevo Consejo necesitarán al menos el voto de 12 de los 20 vocales. De este modo, la mayoría reforzada que el PP eliminó como requisito cada vez que gobernó vuelve a ser norma de obligado cumplimiento.

La primera tarea que tiene por delante el nuevo CGPJ es elegir a su presidente. Hasta ahora, esa elección corría a cargo de los dos grandes partidos y los vocales del Poder Judicial se limitaban a acatar y corroborar el acuerdo político. El nombramiento se presentaba como una decisión autónoma del pleno, aunque nadie podía ocultar que se trataba de una colosal simulación. Los tiempos han cambiado y el nuevo Consejo tuvo que improvisar el pasado viernes algo parecido a un reglamento para la elección del presidente.

Cada uno de los 20 vocales propuso un candidato y todos ellos —siete, cuatro a propuesta del bloque conservador y tres del progresista— se someterán a votación este martes. Si ninguno consigue los 12 apoyos necesarios —la mayoría legal de tres quintos— se pasará a una nueva votación con los tres magistrados que obtengan más votos. El plazo para elegir al presidente tiene un límite de siete días. Si no consigue dotarse de un presidente en ese plazo, el nuevo CGPJ nacerá cojo y amenazado de la parálisis que tanto daño ha hecho en los últimos años a la administración de Justicia.

El CGPJ tiene pendiente —también con una mayoría de tres quintos— la renovación de casi un centenar de altos cargos en audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo, donde siguen sin cubrir más de 20 vacantes de magistrados. Además, el anterior Gobierno de los jueces dejó pendiente la elaboración un informe clave para abordar una transformación profunda en la justicia española: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Prometida por todos los Gobiernos —del PP y del PSOE— en el siglo XXI, dicha reforma plantea dejar la instrucción en manos de los fiscales, tal y como sucede en muchos países de la Unión Europea pero que en España sigue provocando la controversia jurídica y política.

El nuevo modelo implica que los fiscales dirijan la investigación penal mientras el juez ejerce de árbitro para garantizar los derechos de las partes en conflicto. Para ello se requiere, evidentemente, blindar la autonomía del ministerio público frente al Gobierno de turno y así evitar las habituales suspicacias respecto a la actuación de los fiscales en procesos penales que afecten a los miembros del Ejecutivo o a los cargos del partido al que representan.

Ninguna de las tareas que tiene por delante el Consejo General del Poder Judicial es fácil y todas necesitan acuerdos, pero los cinco años de bloqueo han producido tal perjuicio a la Justicia española y a su crédito social que es urgente que sus nuevos vocales elijan cuanto antes un presidente o presidenta y se pongan a trabajar.