tribuna
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Rectificar es de sabios

Estamos a tiempo de llevar una política de revalorización de las pensiones excepcional y acorde a los momentos complicados que estamos atravesando

Un grupo de participantes en la manifestación celebrada , el pasado día 19 en Madrid para exigir una mejora de pensiones y salarios.
Un grupo de participantes en la manifestación celebrada , el pasado día 19 en Madrid para exigir una mejora de pensiones y salarios.Gustavo Valiente (Europa Press)

La reforma de pensiones de 2021 estableció un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, para que estas subieran automáticamente con la inflación. Partiendo de la base de que es una buena propiedad para un sistema de pensiones que las pensiones estas protegidas frente al aumento de los precios, no parece prudente, que con una inflación anual en el entorno del 8,5% y aún descontrolada, se suban todas las pensiones de forma automática como si esta tasa de inflación fuera algo normal. En mi opinión, el Gobierno y el principal partido de la oposición están a punto de cometer un error histórico por no apoyar la suspensión en 2023 la aplicación de la revalorización automática, tal como ha hecho Portugal, con un sistema similar al nuestro.

Sabemos que actualizar todas las pensiones un 8,5% va a suponer un gasto extra de 15.000 millones de euros para las arcas públicas y dado que la revalorización es un aumento que consolida el gasto, son 15.000 millones no solo para un año sino para todos los años.

Es fácil perderse cuando se habla en términos de miles de millones, pero para poner en perspectiva la gran cantidad de recursos y el coste de oportunidad que va a suponer esta medida, vamos a verla en términos de otras partidas. Pues bien, solo la revalorización automática de las pensiones con el IPC sería equivalente a subir de forma permanente, las siguientes partidas de gasto por funciones: un 29% el gasto total en Educación; o un 18% del gasto total en Sanidad, o a subir 1,5 veces el gasto en Atención a la Dependencia; o a multiplicar por tres el gasto en vivienda; o al 64% del gasto en orden público y seguridad; o en más del doble de toda la inversión pública en I+D+i; o más del doble de toda la inversión ejecutada por el conjunto de organismos del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (Ministerio, Aena, Adif, Renfe, Puertos Del Estado, etc) en todas las infraestructuras del transporte.

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Además, el coste de actualizar las pensiones es 3.000 millones de euros más todo el gasto no financiero que realiza el País Vasco o Galicia en un solo año. O al 30% del gasto de todos los ayuntamientos de España (supone tres veces el gasto total del Ayuntamiento de Madrid).

Según la Airef, el plan anticrisis del Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Rusia va a suponer un total de 19.000 millones de euros. Es decir, la revalorización de las pensiones es el equivalente al 80% del coste de todas esas medidas, pero en lugar de ser un gasto de carácter temporal, se trata de un gasto permanente.

Hay tres argumentos de peso para replantearse esta decisión. Primero, viendo lo que representa en términos de gasto esta medida y el potencial que tendría para potenciar otros programas del Estado del Bienestar, se hace aún más incomprensible que esta decisión tan trascendente se vaya a tomar como algo sobrevenido o como si fuera una decisión habitual, y sin generar ningún debate público o político al respecto.

Segundo, para estabilizar la subida de precios y evitar los tan peligrosos efectos de segunda ronda que retroalimentan los procesos inflacionistas, se está pidiendo a todos los trabajadores (tanto del sector privado como del sector público) una importante moderación salarial y que dejen la recuperación del poder adquisitivo para una vez la inflación esté controlada. En este contexto, no parece razonable que queden fuera de este esfuerzo colectivo los pensionistas con pensiones más altas.

Tercero, aunque algunos argumentan que nos podemos permitir este gasto porque estamos teniendo un importante incremento de la recaudación, lo cierto es que la situación fiscal de España es muy delicada. Es cierto que la recaudación de los principales impuestos (IVA, IRPF, Sociedades, etc.) ha aumentado. En concreto, se han incrementado a cierre del mes de septiembre de 2022 un 17,3% respecto al mismo período del año anterior, pasando de 157.629 millones de euros a 184.847 millones. No obstante, a pesar de este aumento de la recaudación, según el Plan Presupuestario para 2023, España cerrará 2022 con un déficit del 5% del PIB que se traduce, en términos absolutos, en 65.000 millones de euros. Es decir, este año, a pesar del importante aumento en la recaudación, vamos a pasar 65.000 millones de euros que nos estamos gastando a las futuras generaciones. Estos millones incrementarán nuestro nivel de deuda pública situado ya en el 116% del PIB. Parece evidente que dada nuestra posición fiscal y la subida de tipos que estamos experimentando nos debería hacer ser prudentes en cuanto al aumento de gasto estructural.

Por todo ello, creo que estamos a tiempo de rectificar y de llevar una política de revalorización de las pensiones excepcional y acorde a los momentos complicados que estamos atravesando. En estas mismas páginas, planteé una propuesta alternativa donde subiendo las pensiones más bajas (aquellas por debajo de 1.000 euros) incluso más del 8,5% y donde las más altas entran en el pacto de rentas y suben como los salarios y al igual que éstos con un compromiso de una recuperación gradual de la pérdida del poder adquisitivo, permitiría un ahorro sustancial de unos 6.000 millones de euros. Esta propuesta, como es lógico, también sería más equitativa y ayudaría a reducir la desigualdad. Como bien decía el poeta británico Alexander Pope “errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.

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