Deterioro democrático

La vociferante vida política española sepulta las anomalías más preocupantes que deterioran la democracia y eclipsa fallas graves que afectan al cumplimiento de mandatos constitucionales. Uno de ellos sigue siendo la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Ha tenido que venir el semanario británico The Economist a recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva 1.170 días con el mandato caducado, o lo que es lo mismo, más de tres años. En su informe anual sobre calidad democrática, The Economist degrada la calificación que España ocupaba desde 2006 como democracia “plena”, que ha caído a la categoría de democracia “defectuosa”. Las causas que el informe asigna de forma directa para esa degradación tienen que ver con la debilidad de la independencia judicial y la parálisis que afecta a un CGPJ fraguado en la mayoría absoluta de Mariano Rajoy de 2011. Durante tres años, el PP ha dado explicaciones confusas y no siempre coherentes para justificar el bloqueo de la renovación. En agosto llegó a parecer cerrado un acuerdo que finalmente saltó por los aires sin explicaciones claras, y en octubre los dos grandes partidos acordaron la renovación de otros cargos institucionales y pareció abrirse de nuevo la puerta. Pero fue un espejismo porque el PP adujo entonces como requisito previo la reforma del sistema de elección de los vocales. Y siguió el bloqueo. La reforma legal que emprendió el Gobierno para impedir que el Consejo realice nombramientos con el mandato caducado estuvo concebida para presionar a los populares y forzarlos a negociar la renovación, pero sin éxito. La ausencia de contactos políticos o del menor síntoma de negociación de un asunto crucial en la estructura del Estado emite un mensaje preocupante que está dañando ya la reputación internacional de España.

La degradación no es solo democrática, sino también judicial. En algunos tribunales, el temor al colapso ha dejado de ser una expectativa derrotista para convertirse en una dolorosa realidad. Hoy el bloqueo se traduce en la existencia de más de 50 vacantes pendientes de cubrir en los órganos judiciales de los cerca de 200 puestos de designación discrecional. Entre ellos, 12 son del Tribunal Supremo pero figuran también presidentes de la Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales y presidentes de sala de la Audiencia Nacional y de los tribunales autonómicos. Según sus propios cálculos, hoy el Tribunal Supremo dejará de dictar unas mil sentencias al año (cerca de la cuarta parte de su producción anual), y ninguna de sus vacantes podrá cubrirse hasta que no se renueve el Consejo.

Un informe del mismo CGPJ juzgó la situación de “insostenible” en octubre, hace más de tres meses. Los buenos resultados de Vox en las elecciones de Castilla y León no anuncian una inminente mejora de la calidad democrática, pero el PP podría encontrar en la subida de su competidor dentro de la derecha el combustible necesario para ejercer de verdad como un partido de Gobierno y asumir el compromiso institucional y el mandato constitucional de renovar un poder clave del Estado.