Por detrás de la sociedad

Después de Uruguay, Canadá ha sido el segundo país del mundo en legalizar el consumo de cannabis sin finalidad terapéutica, en abril de 2020, después de que el gobernador demócrata, Andrew Cuomo, del Estado de Nueva York se hubiese sumado a la lista de los quince Estados que habían despenalizado con anterioridad el uso recreativo de la marihuana. En su caso, además, dejaba sin efecto de forma automática las condenas previas por consumo y posesión de la sustancia. Su circulación legal en Canadá ascendió en el primer año, como lo hicieron los ingresos a la Hacienda pública procedentes de un negocio hasta entonces mantenido fuera del control del Estado.

En los últimos días se ha desatado en España una llamativa carrera por los pasillos del Congreso para promover medidas semejantes. El viernes pasado anunciaba Unidas Podemos la voluntad de activar un proyecto de ley que regule el consumo de marihuana sin restricciones, Más País se adelantó el martes al registrar una Ley Integral del Cannabis que va en la misma dirección y, a pesar de que las negociaciones con ERC para hacerlo conjuntamente no prosperaron, la formación catalana también ha anunciado una iniciativa similar. Desde junio, por otra parte, la Cámara aprobó a propuesta del PNV la creación de una subcomisión para el estudio de su uso medicinal. Tres meses después, no se ha constituido aún y, tanto entonces como en la actualidad, merece la oposición frontal del PP y de Vox, mientras que Ciudadanos ha abogado por perderle el miedo a la realidad y quitarle de encima a este asunto el pacto de silencio con que suele taparse.

No puede haber mejor indicador de la perezosa lentitud con que ha llegado por fin al Congreso una realidad extendida en la sociedad española. El consumo de los derivados del cannabis no es precisamente una práctica recién estrenada con el siglo XXI. Los registros y testimonios abarcan, al menos, el siglo XX entero y ha formado parte sin demasiado aparato clandestino de las prácticas del ocio adulto y joven. La concentración de iniciativas parece indicar que varios partidos institucionales —PNV, Podemos, Más País, ERC— han aceptado por fin encarar la evidente necesidad de una regulación despenalizadora de lo que hoy sigue viviendo en la ilegalidad en la calle y en las casas. Sería deseable que el actual contexto de negociación de los Presupuestos no supusiese un obstáculo para que prospere una iniciativa compartida por una parte de los grupos de la Cámara, con muy diferentes matices, y a pesar de las reticencias que el partido socialista ha mostrado en algunas ocasiones, como hizo en junio la ministra Carolina Darias ante la subcomisión del PNV.

Aunque sea de forma tardía, estas propuestas ponen rumbo hacia el realismo ante un negocio que mueve grandes cantidades de dinero y favorece prácticas mafiosas, además de una fingida negación que a menudo raya en la pura hipocresía. Incluso la salud democrática habría de salir fortalecida del debate parlamentario sobre una regulación compleja, difícil y llena de meandros. No solo España sino el conjunto de Europa tendrá que afrontar un día u otro legislar sobre esta materia. De momento, las actuales iniciativas pueden ayudar a salir del doble fondo de armario a un tipo de consumo cuya discusión pública siempre será preferible al negacionismo neopuritano y embustero.