España como democracia plena

Las palabras en democracia importan. Son, de hecho, las palabras y las formas lo que constituyen su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Sobre el discurso libre se construyen los consensos que hacen falta para mejorar nuestros sistemas y responder a las necesidades de nuestros ciudadanos. Esas necesidades se atienden porque los ciudadanos tienen voz y voto; porque hay libertad de prensa y de asociación y porque los mensajes de preocupación y de necesidad de cambio llegan a los lugares donde se toman las decisiones. La democracia es, en esencia, un enorme sistema de información construido sobre la palabra y el discurso.

Pero también con palabras se puede dañar el andamiaje democrático. Esto se produce cuando se pasa de la crítica sana al cuestionamiento de la legitimidad institucional misma. Por desgracia, de un tiempo a esta parte esa frontera se cruza en nuestro país de forma recurrente. Se juega de manera cada vez más laxa, y con impunidad, con un lenguaje que no busca mejorar las cosas sino perjudicar al contrario político a través del daño a las instituciones que ocupa. Instituciones, por cierto, que se ocupan de manera temporal y que luego hay que legar a otros.

Cuando se habla de golpe de estado para definir la moción de censura a Mariano Rajoy, o para referirse a la investidura del actual Ejecutivo, se está cuestionando la legitimidad no solo del Gobierno, sino de nuestras instituciones democráticas. Todo el proceso se perfila como ilegítimo: el resultado electoral, la constitución de las Cortes, su proceder y un largo etcétera. Cuando se describe la gestión de la pandemia como criminal, que implica dolo o voluntad de causar daño, se cruza de nuevo esa frontera y se dibuja a los gobernantes como personas que buscan el mal del resto.

Es particularmente grave cuando este tipo de discurso se proyecta desde las propias instituciones. El caso más evidente de esta forma de hacer política es el de Donald Trump, y su consecuencia más dañina fue el asalto al Capitolio el día 6 de enero. Si se alimenta la idea del fraude electoral, de la falta de independencia de la judicatura y medios de comunicación, y de la usurpación del sistema por parte de fuerzas antidemocráticas, lo que finalmente se produce es el laminado de la legitimidad institucional.

Por eso es tan importante recordar desde las instituciones que España es una democracia plena. Es abrumadora la evidencia de que desde el año 1978 España ha protagonizado uno de los procesos más exitosos de democratización de la historia. Según The Economist España es una de las 23 democracias plenas del mundo. Lo mismo confirma Freedom House, o el V-Dem Institute de la Universidad de Goteburgo que nos sitúa en el puesto noveno de 180 países en su ránking de democracias liberales. No son estas clasificaciones caprichosas o frívolas. Miden múltiples factores objetivos como la solidez del proceso electoral, el pluralismo, el funcionamiento del Gobierno, el nivel de participación política, o la cultura política y las libertades civiles. También incorporan estos rankings las opiniones de expertos internacionales y los resultados de encuestas de opinión pública, como las de Gallup, el World Values Survey, el Eurobarómetro, el Asian Barometer, el Latin American Barometer o el Afrobarometer. Es decir, son índices compuestos que recogen un amplísimo espectro de fuentes.

Cosa bien distinta es que la democracia esté siempre en un ejercicio de mejora. Los padres fundadores de la democracia norteamericana hablaban de alcanzar una “Unión más perfecta”. Una cosa es buscar la mejora de ciertos elementos del sistema, avanzar en derechos y libertades, corregir defectos, y otra es cuestionar su legitimidad. La primera implica mejorar desde el respeto a lo que ya se ha construido. La segunda es contraproducente, da munición a aquellos que quieren destruir el estado, y daña la imagen de España dentro y fuera de sus fronteras.

Este problema, en todo caso, desborda a España e incluso a los países de nuestro entorno. En la nueva Estrategia de Acción Exterior española, remitida recientemente a las Cortes, se describe la erosión democrática como una de las grandes amenazas, no solo para España, sino para el conjunto del planeta. Lo es porque sobre las espaldas del populismo se está construyendo un mundo menos plural, menos multilateral, menos integrado económicamente y más nacionalista. De hecho, el fenómeno definitorio de las relaciones internacionales de las últimas dos décadas ha sido, precisamente, el cuestionamiento de la arquitectura liberal internacional. Esta tendencia tiene dos grandes fuentes, interrelacionadas entre sí. La primera es el ascenso de países iliberales o abiertamente autoritarios. Y la segunda es la implosión del sistema desde dentro: el cuestionamiento de la democracia que se produce dentro del propio mundo occidental.

Este proceso de creciente iliberalidad del orden internacional es enormemente perjudicial para los intereses de España, los de sus empresas, los de sus ciudadanos que viajan y que viven en el exterior, y para la fortaleza de nuestros valores en el mundo. Visto a través de esta lente el discurso que deslegitima las instituciones democráticas desde su seno es particularmente irresponsable.

Por supuesto, no todo en la democracia son palabras. Al final también hay votos y manifestaciones de apoyo político a una u otra propuesta. Cabe preguntarse, por lo tanto, por qué ahora es aceptable el discurso de deslegitimación institucional y por qué se produce con creciente frecuencia. Los factores detrás de este proceso son múltiples. Hay quien pone el énfasis en la quiebra del espacio del debate público con el ascenso de las redes sociales. Otros hablan de la fractura del contrato social, el aumento de la desigualdad y la percepción de parte de nuestros conciudadanos de que el sistema no responde a sus necesidades. La tesis sería aquí que el vaciado de nuestras clases medias produce el vaciado del centro del espectro político.

Sea esto como fuere, lo que está claro es que el ascenso del populismo, y con ello del discurso polarizante y erosionante del sistema, es una señal clara de que debemos reconstruir los consensos sociales. No basta con expresar queja y malestar con las formas. Es necesario corregir las inequidades del sistema.

Este es el motivo por el que el gobierno de España se ha volcado en abordar la pandemia con una dimensión social y en construir una recuperación económica equitativa. No se pueden cometer los errores del pasado y pretender salir de esta crisis sin atender a los más necesitados. En el ámbito internacional España puede y debe liderar la construcción de una economía global más justa y sostenible. La política exterior debe ser coherente con lo que somos como país y lo que deseamos como sociedad.

Todo lo anterior habrá que hacerlo desde la convicción de la solidez y la legitimidad de nuestra democracia. La voluntad de reforma no debe desbordarse al argumento de que el sistema carece de legitimidad. La democracia se cuida en el fondo y en las formas. Es desde su fortaleza desde la que debemos proyectarnos hacia el futuro.

Manuel Muñiz es Secretario de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación