Colombia y la verdad

El tribunal de paz de Colombia imputó el jueves a la antigua cúpula de las FARC una serie de delitos relacionados con el secuestro, una práctica sistemática durante más de medio siglo de conflicto armado. Los líderes de la guerrilla hoy extinta y convertida en partido político, encabezados por el excomandante en jefe Rodrigo Londoño, Timochenko, no se enfrentan, sin embargo, a condenas de cárcel. El propósito del sistema de justicia transicional, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el de imponer penas alternativas a cambio de que los acusados confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.

La imputación supone un paso decisivo hacia la reconciliación y el esclarecimiento de la verdad en un país aún dividido por los acuerdos de paz de 2016. La corte, que juzga los delitos más graves perpetrados durante la guerra, ha sido blanco de constantes críticas por parte del sector más radical del partido de Gobierno, el Centro Democrático. El propio presidente, Iván Duque, intentó reformar este sistema de justicia, pero el Constitucional se lo impidió. Y su mentor, el exmandatario Álvaro Uribe, intenta ahora promover un referéndum para derogarlo.

Los principales argumentos de los detractores tienen que ver con una supuesta impunidad, favorecida por los acuerdos de La Habana alcanzados por Juan Manuel Santos. El tribunal, como ocurre en otros procesos de transición, tiene sin embargo el objetivo de cerrar heridas e imponer castigos que permitan pasar página. Su prioridad es el reconocimiento de las atrocidades cometidas durante el conflicto y la reparación de las víctimas.

Timochenko y otros antiguos jefes guerrilleros han pedido perdón en repetidas ocasiones y han reconocido que los secuestros, uno de los crímenes más repudiados por la sociedad colombiana, fueron un “gravísimo error”. El hecho de que tres relevantes excombatientes de las FARC —que han enterrado sus siglas para denominarse Comunes— imputados por delitos de lesa humanidad se sienten en el Congreso y que su formación política tenga una representación mínima garantizada es algo que despierta un legítimo rechazo y es cierto que nadie puede pedir olvido por sus crímenes. Pero fue una condición necesaria para que se acabara una guerra.

Santos sostuvo que pensar en una justicia perfecta no permite la paz. Por eso el trabajo de la JEP es crucial para que los crímenes de la guerrilla reciban condenas contundentes, aunque las penas no contemplen el ingreso en prisión. La sala aportó más de 2.000 testimonios de víctimas e insistió en que, además de las armas, los exguerrilleros tienen que entregar la verdad. Al mismo tiempo, el Gobierno debe proteger a quienes dejaron atrás la violencia: más de 250 excombatientes han sido asesinados tras la firma de los acuerdos. Es urgente detener esa sangría.