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EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Ecuador: Glas no es Assange

El argumento para justificar el asalto a la embajada es tramposo y miope. No solo ha leído la Convención de Caracas a conveniencia, también ha incurrido en una profunda contradicción histórica

Operativo de seguridad traslada a Jorge Glass de la Unidad de Flagrancia en Quito, Ecuador, el 6 de abril, 2024.
Operativo de seguridad traslada a Jorge Glass de la Unidad de Flagrancia en Quito, Ecuador, el 6 de abril, 2024.Karen Toro (REUTERS)

La finalidad de la invasión (uso con absoluta responsabilidad esa palabra) de la Policía Nacional de Ecuador a la embajada de México, en Quito, fue la detención de Jorge Glas, ex vicepresidente de aquel país hasta 2018 y acusado por la Fiscalía General del Estado por diversos cargos (esto será importante después).

El costo asociado a la ilegal irrupción ecuatoriana es la violación de dos normas internacionales. Al asaltar la embajada, Ecuador vulneró la inviolabilidad del recinto diplomático mexicano, así como el histórico derecho de asilo. Un movimiento tan ilegal como ingrato.

Hasta aquí los incontrovertibles hechos.

La primera norma quebrantada —la inviolabilidad de las embajadas— se encuentra en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Tal disposición establece, con claridad prístina, que los agentes ecuatorianos no pueden penetrar en el recinto sin la anuencia del embajador. Históricamente, este principio ha significado tratar las embajadas como extensiones del territorio de los países que representan. México en Quito.

La segunda norma infringida —conocida como derecho de asilo— tiene su origen en la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954. Este derecho corresponde a los Estados, no a los asilados: es derecho del Estado Mexicano conceder asilo a Jorge Glas.

México está plenamente consciente de este derecho y lo ha ejercitado con entusiasmo y, por momentos, acaso con exceso. En nuestro país, el asilo a refugiados políticos es tradición histórica y leitmotiv. Lo que comenzó con José Martí, continuó con Trotsky, la familia Allende, Rigoberta Menchú, Manuel Zelaya, Evo Morales y, más recientemente, con la familia de Pedro Castillo.

El periódico de hoy no alcanzaría para enlistar los nombres de nuestros asilados históricos. ¿Por qué entonces sí y hoy no? ¿Qué es diferente ahora?

El argumento de Ecuador para justificar el asalto es tramposo y miope. Destaca que la Convención de Caracas prohíbe conceder asilo a personas procesadas por delitos comunes. Hasta aquí, la premisa es cierta: Jorge Glas se encuentra perseguido por múltiples causas penales.

Luego viene el engaño o el olvido. Parece que la consejería jurídica ecuatoriana no terminó de leer una cortísima Convención de apenas cuatro páginas. De haberlo hecho, sabrían que el asilo sí es procedente cuando lo motivan hechos políticos y que es México, de forma exclusiva, quien puede así calificarlo. El derecho a la arbitrariedad nos correspondía. Además, habrían reparado en que incluso en el extremo caso de que México hubiese otorgado asilo a una persona no elegible, lo procedente era invitarlo a retirarse del recinto. No fue el caso. Irrumpieron por la fuerza.

Ecuador no solo ha leído la Convención de Caracas a conveniencia, también ha incurrido en una profunda contradicción histórica (ironía, le llaman). ¿No fue el gobierno izquierdista de Rafael Correa quien concedió asilo a Julian Assange en su embajada en Londres durante siete años? En aquel entonces, el fundador de WikiLeaks era acusado de espionaje por el Gobierno de Estados Unidos y por violación y acoso sexual en Suecia. El Estado de Ecuador fue, durante ese periodo, el gran defensor de la Convención de Caracas. Hoy, aspira a ser su sepulturero.

Por aquellos tiempos, aunque una ley de 1987 facultaba al gobierno de Reino Unido a retirar el reconocimiento a las instalaciones diplomáticas para arrestar a Assange, prefirió no hacerlo. Los precedentes y el derecho internacional importan.

Las consecuencias del asalto ecuatoriano han comenzado y se prolongarán en tiempo y alcance. El evento no se quedará en un mal sabor de boca. Hemos roto relaciones con Ecuador —lo que ha ocurrido antes con países como España, Chile, Nicaragua y Guatemala en sus momentos más oscuros. Además, acudiremos (el plural no es figurativo) a la Corte Internacional de Justicia para denunciar los hechos y detonar condenas.

Para finalizar, un poema. En los tiempos más aciagos de polarización y desmembramiento de la opinión pública en México, algunos de los más ofuscados opositores han actuado con sensatez y altura de miras. Férreos detractores han salido a denunciar públicamente la atrocidad ecuatoriana, aunque eso signifique un espaldarazo a su eterno enemigo: Andrés Manuel López Obrador.

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