Reformas constitucionales: dos proyectos de nación
La revelación del paquete de iniciativas fue un tejemaneje político categórico y perfilador que terminó por delinear las dos propuestas de país que los votantes encontrarán en la boleta
Hace unos meses, en un par de conferencias matutinas en abril del año pasado, el presidente compartió un consejo con la oposición. Destacando la importancia de antagonistas sólidos para la vida democrática, les reveló un secreto. Explicó que la gente vota por tres aspectos fundamentales: la organización política —ya sea un partido, una coalición o una alianza—, el candidato y el programa. Un triángulo isósceles con el programa como base de la pirámide.
El consejo presidencial fue ignorado. La oposición desafió la sugerencia matinal y se entregó a la improvisación. Los tres partidos —PRI, PAN y PRD— centraron su atención únicamente en un elemento: la candidata. El éxtasis generado por su aparición eclipsó los otros dos componentes. Los partidos políticos que la respaldan son los únicos con balances negativos de opinión y, para colmo —o como consecuencia directa del mosaico heterogéneo que representan— carecen de agenda definida. Sabrá dios qué planes tienen para dirigir al país si logran colocar a su candidata —de nueva cuenta— en Los Pinos. Un enigma.
El lunes pasado la neblina se disipó. La revelación del paquete de reformas constitucionales por parte del Ejecutivo federal llegó al rescate. Un tejemaneje político categórico y perfilador que —con intención o sin ella— terminó por delinear los dos proyectos de nación que los votantes encontrarán en la boleta el dos de junio.
Por un lado, encontraremos la alianza que aboga por un Estado robusto y se empeña en la ampliación de derechos. Un futuro al cual aspirar. Por el otro, se perfila el acuerdo de regresar a un país pretérito, evocando la melancolía de un pasado que se añora. Dos caras de la misma moneda, interpretadas de manera opuesta según la perspectiva de cada bando.
No hay espacio para la intersección ni para los términos medios. Las iniciativas de reforma constitucional presentadas por López Obrador al Congreso han sido descritas como autoritarias, transformadoras, antidemocráticas, portentosas, restauradoras y tramposas. Todo al mismo tiempo. En donde algunos encuentran deleite, otros observan tormento. En la Torre de Babel de la política mexicana, todos parecen luchar contra el cielo.
El lunes cinco de febrero, López Obrador —con su intacto despliegue de entusiasmo— anunció las iniciativas de reforma constitucional que perfilan su visión de Estado. Dentro de ellas, es posible distinguir entre aquellas que podríamos considerar negociables y otras que resultan más controvertidas. Las reformas susceptibles de transacción serán objeto de discusión, no por afecto de la oposición al presidente, sino a su comprensión de la coyuntura electoral.
Las propuestas aceptables incluyen medidas que amplían derechos y abordan aspectos económicos, como programas sociales y mejoras en el sistema de pensiones para quienes se jubilaron después de 1997. También buscan establecer aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y promover la construcción de viviendas sociales comprendiendo el derecho al arrendamiento. Esta última, una obligación descuidada por el Estado mexicano durante décadas. Además, buscan proteger el maíz, el agua y los trenes de pasajeros, así como reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Asimismo, incluyen la prohibición de la minería a cielo abierto y del fracking.
La segunda camada de reformas, las más polémicas, se enfoca en aspectos estructurales y buscan rediseñar —o prender fuego dirán algunos— ciertos fundamentos del sistema político tal y como lo conocemos. En primer lugar, está la reforma judicial que —lejos de ser siquiera una aspirina para el disfuncional sistema de Justicia— propone la elección popular indirecta de ministros de la Corte, reduciendo su número de 11 a 9, así como de otros jueces y magistrados. Esta iniciativa también incluye la creación del flamante Tribunal de Disciplina Judicial, como resultado de la apremiante remodelación del Consejo de la Judicatura Federal. Se anticipa que esta propuesta genere un rechazo considerable, no tanto por ser desafortunada, sino porque contempla el reemplazo de todos los cargos judiciales para el 2025.
En segundo lugar, está la reforma electoral que contempla innegociables, como la eliminación de plurinominales. También se plantea la reducción de consejeros electorales y funcionarios locales, la supresión de tribunales electorales locales y la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Por otro lado, se refinan mecanismos de democracia participativa y se reduce el financiamiento de partidos políticos, entre otros.
En tercer lugar, se contempla la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA. En cuarto y último lugar, se plantea devolver las atribuciones de algunos órganos autónomos, reguladores y descentralizados —aquellos que alguna vez brillaron como oro y ahora parecen opacos— a las dependencias que anteriormente las cumplían. Además, se sugiere prohibir la creación de este tipo de órganos de manera injustificada. En el caso del CONEVAL, se garantiza la autonomía de sus funciones al transferirlas a un órgano autónomo como el INEGI.
Ambas camarillas de reformas — tanto las transitables como las que son más complicadas—, además de continuar con el ejercicio de modelación estatal por parte del presidente, servirán de contraste. Permitirán perfilar con absoluta claridad los proyectos de nación, distintos y contrapuestos, que ofrece un bando y el otro: el oficialismo y la oposición. Un sencillo ejercicio de contradicción a los ojos del votante.
La estrategia presidencial es astuta y arriesgada. Astuta, porque nadie podrá hacerse el desentendido: el paquete entregado al Congreso es señal y señuelo. Arriesgada, porque la maquinaria opositora —echando mano de las emociones que desafían las leyes de la perspectiva— ya ha activado las gastadas alarmas del peligro democrático. A 16 semanas para la elección, López Obrador ya puso la música. Toca el turno de saber a qué ritmo bailará la oposición.
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