El 99% de López Obrador

“Lo que queremos es gente honesta” dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su primer año de Gobierno y recordó que él deseaba tener servidores públicos que fueran 99% honestos y 1% capaces. Así lo ha hecho y a cuatro años del sexenio los resultados son un evidente fracaso.

Muchos de los puestos públicos más relevantes de su sexenio han sido encomendados a personas que carecen de conocimientos técnicos.

Los errores se acumulan con consecuencias cada vez más graves. El Plan Nacional de Desarrollo se presentó con dos introducciones y datos contradictorios porque no se tuvo la capacidad para homologarlo. La construcción de la refinería Dos Bocas tendrá un sobrecoste del 50% y se entregará varios años tarde porque no se tuvo la capacidad para planear. El trazo del Tren Maya ha cambiado varias veces porque no se tuvo la capacidad para entender que un plan ejecutivo previamente negociado in situ era un requisito para el éxito del proyecto.

Otros momentos de incapacidad han tenido altos costos monetarios, legales y hasta ambientales. La incapacidad para entender el alcance de la legislación del TMEC ocasionó desacuerdos energéticos que hasta el día de hoy siguen detonando en controversias legales. La negociación que Manuel Bartlett llevó a cabo con IEnova, sin entender el concepto de valor presente neto, nos costó más de 6.000 millones de dólares, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La torpeza de no pensar en las consecuencias de las reglas de operación del programa Sembrando Vida ha detonado una deforestación de las selvas.

En ningún lugar, las consecuencias de un Gobierno honesto, pero incapaz, son más evidentes que en la Secretaría de Educación Pública (SEP). La institución, que requeriría de un liderazgo con amplia capacidad técnica para resolver los embates que dejó la pandemia en los estudiantes, ha sido depositada en manos de operadores políticos sin verdadera experiencia.

La secretaria entrante, Leticia Ramírez, tiene como principales credenciales el ser cercana a López Obrador y manipulable por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Si bien fue maestra de aula, su labor culminó en 1984. Desde entonces, su trabajo ha sido político o ha estado enfocado en canalizar quejas ciudadanas. Entre sus principales virtudes se menciona el que haya logrado forjar un equipo que le daba solución a mil quejas diarias, algo digno de un burócrata de nivel medio, pero no una virtud suficiente como para dirigir y coordinar la política educativa del Estado mexicano en su conjunto.

Al interior de la 4T, la visión es otra. Se justifica el nombramiento de Ramírez bajo la premisa de que la SEP “ya camina sola” y que su única labor será dar continuidad al proyecto existente.

La pregunta es dar continuidad a qué. La SEP tiene cada vez menos recursos, ha sustituido planes formativos para aumentar la cantidad de programas en efectivo que distribuye y carece de una estrategia para atender las pérdidas de aprendizaje ocurridas durante la pandemia.

Nadie quiere continuar con la SEP que esta semana presentó el nuevo Plan de Estudios de la Educación Básica 2022: una institución descontrolada, desarticulada y operando con premuras innecesarias. El principal promotor del plan, el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, llegó tarde. Los documentos del plan no estuvieron listos con suficiente tiempo de antelación para ser analizados, múltiples versiones de ellos se filtraron por meses y, en el día del evento de presentación, el acuerdo oficial del plan de estudio se subió tan tarde a la página de la Comisión Nacional Regulatoria (Conamer) que a penas y dio tiempo de que la conferencia de prensa comenzara.

El plan por sí mismo no es malo. Contiene aspectos positivos como considerar a la comunidad como parte de los procesos de aprendizaje, celebrar los saberes comunitarios y tratar de mejorar la educación multigrado. También establece como eje central el trabajo en proyectos y busca implementar evaluaciones formativas que reconozcan las áreas de oportunidad de cada niño.

El gran problema es que no se dice cómo lograrlo. No se señala cómo se van a vincular los saberes comunitarios con el resto del programa educativo, no se tiene un contenido específico que permita saber cómo se van a recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia y tampoco establece un plan concreto para atender los problemas socioemocionales que plagan el regreso a clases durante este ciclo educativo.

Además, la SEP se decanta cada vez más hacia un nacionalismo un tanto rancio y desfasado. Se critica la tecnología, se sataniza la pedagogía occidental y se busca centrar el conocimiento en recuperar pedagogías nacionalistas desarrolladas de manera doméstica.

Lo más grave, sin embargo, es la falta de brújula y prioridades. La SEP está enfocada en crear un plan de estudios nuevo y publicar libros de historia nacionalistas cuando la prioridad debería ser atender el retraso educativo que dejó la pandemia. Como plantea Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, atender el retraso educativo requiere evaluaciones estandarizables, pero la SEP no está dispuesta a implementarlas porque han abrazado el rechazo que existe a ellas por parte del CNTE.

Es inexacto decir que la SEP camina en la dirección correcta y mucho menos decir que camina sola. Para que la SEP caminara sola se requeriría de un servicio profesional de carrera que le diera continuidad a las políticas públicas, independientemente de quién estuviera al mando. La función pública federal está lejos de ello.

Por el contrario, la obsesión de López Obrador por la honestidad, como sustituto de la capacidad, le ha dado la estocada final al servicio profesional de carrera. Hoy en día, el servicio profesional es prácticamente inexistente pues, si bien hay algunas plazas que se concursan, la mayoría se otorgan a recomendados. La SEP, como la mayoría de las instituciones con López Obrador, dependen de la visión y fuerza de personas. Cuando estas personas son operadores políticos, la visión se termina.

Los más afectados son los niños y las personas vulnerables que no pueden optar por prescindir de los servicios públicos. Es imperante cambiar la dirección y revalorar la capacidad como una parte integral de las contrataciones de la función pública. La lealtad no te hace honesto y la honestidad no te hace capaz. López Obrador está muy equivocado en pensar que sí.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país