Lo estamos tirando

Los Estados en los que habitamos, así como las instituciones y las leyes que nos rigen han sido ideados —para bien y para mal— desde una perspectiva masculina. En la historia de la humanidad han sido los hombres los que han debatido la manera de organizarnos socialmente y han determinado la forma de castigar lo que ellos nos han impuesto como prohibido.

El castigo generalmente significa cárcel y la cárcel, el control sobre el cuerpo. Ese control ha sido la legendaria forma de ejercer el poder en el sistema patriarcal, ese que nos juzga por ejercer libremente nuestra sexualidad, que nos pide prueba de no embarazo para contratarnos, que nos despide si estamos embarazadas, que nos imagina solas a cargo del cuidado de nuestros hijos e hijas.

El avance del derecho a decidir de las mujeres es particularmente simbólico porque quiebra el sistema patriarcal al perder el control sobre nuestros cuerpos (no nos podrán obligar a ser madres) y elimina la posibilidad de castigarnos (no nos podrán encerrar en la cárcel por abortar).

La reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ejemplo de cómo los criterios pueden cambiar si al debate se incorpora el enfoque de género. Las mujeres que participamos hoy en la vida política del país tenemos la responsabilidad de usar los espacios que otras nos abrieron para no reproducir las mismas fórmulas que asignan roles, controlan y estereotipan. Es eso lo que hay que tirar.

El debate nacional que esta semana se concentró en la resolución de la Corte reconoce realidades que apenas hace una década muchas y muchos estaban negados a ver:

1. El derecho a la vida digna no se puede entender sin autonomía física, económica y de decisión. Entender así la vida nos acerca a la equidad entre hombres y mujeres, a la justicia social, pero sobre todo a la libertad individual. Una libertad que a nadie obliga. Quien se niegue a practicarse un aborto no puede ser obligada, de la misma manera que no puede ser obligada quien se niegue a continuar con su embarazo. Una libertad que no impone ideologías y respeta la diversidad de pensar, de sentir, de creer y de vivir.
2. Se reconoce la vulnerabilidad penal de las mujeres más pobres. Las ministras y ministros fueron insistentes en ello: el aborto es un delito que castiga a la pobreza y estigmatiza a quienes están en prisión. Lo mismo sucede con muchos delitos. Al defender nuestro derecho a decidir, las mujeres estamos también visibilizando un sistema punitivo que quiere prevenir conductas por medio de la prisión, que castiga principalmente a personas sin defensa, con educación básica y escasos recursos económicos. Denunciamos un sistema penal que tiene consecuencias sociales graves que reproducen la pobreza y potencian las violencias. Empezamos con ello la construcción de un nuevo sistema de justicia: centrándonos en la prevención y cuestionando qué conductas deben ser catalogadas como delitos y cuáles de ellas merecen la pérdida de la libertad como castigo.
3. El derecho a decidir sobre la continuación de un embarazo es de las mujeres y de las personas gestantes con lo que se reivindica a diversas identidades de género, específicamente a las personas no binarias y hombres trans. Ello es un importante mensaje de inclusión social, pero sobre todo un llamado a las autoridades sanitarias a desarticular prejuicios que impiden o limitan el ejercicio de derechos.

Hace 13 años, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió acciones de inconstitucionalidad sobre este mismo tema, adoptó criterios radicalmente distintos. En poco tiempo, las mujeres que hemos insistido en el derecho a decidir hemos conseguido un cambio histórico: lo vamos a tirar, lo estamos tirando.

Nuestra voz se escucha. La fuerza y la articulación que han adquirido los movimientos feministas hacen impostergable un cambio social profundo. Las mujeres estamos ocupando espacios de poder capaces de convocar a un debate incluyente, que no solo cuestione el control sobre nuestros cuerpos, sino al sistema estatal completo.

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