Ricardo Gallardo Cardona, el candidato millonario que predica la igualdad
El puntero en las encuestas para gobernar San Luis Potosí ha visto su campaña empañada por investigaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita
Ricardo Gallardo Cardona quiere ser el candidato del pueblo. Vestido como uno más, sin ropa o relojes costosos, sus joyas más caras son unas pulseras de chaquira, llega al mitin con la pose de quien no debe nada. Ante unas 15.000 personas que le agitan banderines verdes, se muestra cercano, abraza a la gente, se saca una selfie tras otra. Es el elegido por los jóvenes por ser como ellos, repite el candidato de 40 años y rostro juvenil. De bandera de campaña lleva la lucha contra la desigualdad. Cada vez que pregona la necesidad de acabar con la corrupción el público se vuelve un efusivo aplauso. Pero el elegido de la coalición Juntos Haremos Historia —Partido Verde y Partido del Trabajo— para competir por el Gobierno de San Luis Potosí ha acumulado en los últimos diez años una millonaria fortuna que le ha costado decenas de acusaciones. “La desigualdad es el cáncer de nuestro Estado”, decía en un evento hace unos días. La prédica de una contradicción: Gallardo y su familia son investigados actualmente por lavado de dinero, evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita.
La apuesta fuerte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en esta elección es Gallardo. El domingo pasado, cuando cerraban las campañas en 15 Estados, la cúpula de la formación ecologista posaba completa en la foto junto al diputado federal, actualmente con licencia para competir en los comicios. El partido, que encara este 6 de junio con el mejor pronóstico de su historia, le ha elegido por su popularidad. Va puntero en las encuestas y si gana será la segunda vez que la formación verde obtenga un gubernatura. Gran parte del apoyo lo ha conseguido con un discurso anticorrupción. Según dice, quiere combatir a “un señorío excluyente” que se ha enriquecido “a manos llenas” y ha empujado a miles de familias potosinas a la pobreza. “No vamos a acostumbrarnos a la corrupción”, insiste en los mítines El Pollo, como le gusta que le llamen.
Gallardo, sin embargo, ha amasado durante su carrera política un patrimonio económico que en otros candidatos o incluso jefes de Gobierno sería escandaloso. Apenas tres semanas antes de la cita a las urnas, se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le investigaba a él y a su familia por fraude inmobiliario. La compra y venta de propiedades es uno de los fuertes de los Gallardo. Al menos 134 viviendas o terrenos han estado o están en manos de una red de empresas que pertenece al clan familiar, de acuerdo a un recuento que ha podido realizar este periódico. Casi todos los inmuebles está ubicados en la ciudad de San Luis Potosí o Soledad de Graciano Sánchez, los dos bastiones políticos que han gobernado tanto Gallardo Cardona como su padre, Ricardo Gallardo Juárez. La red que utilizan para comercializar el millonario patrimonio está conformada por unas 12 empresas registradas en México y Estados Unidos a nombre del candidato, de su padre, madre y hermanas, o de presuntos prestanombres.
El origen de la apabullante riqueza es incierto, aunque el historial político de la familia siembra dudas sobre la legalidad. La gran mancha negra en la carrera de Gallardo Cardona es el caso de la Clínica de Especialidades Wong, una denuncia que puso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra y que llegó a meterlo en la cárcel durante casi un año. El candidato del Verde ocupaba, cuando fue arrestado en 2014, la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, municipio pegado a la capital del Estado. Según la UIF de Enrique Peña Nieto, el ahora candidato operaba con recursos de procedencia ilícita. El expediente judicial es un mapa del desfalco de al menos 119,3 millones de pesos (unos seis millones de dólares) a través de un esquema de empresas fantasmas que “triangulaba recursos sustraídos del Ayuntamiento”. Este periódico ha solicitado en múltiples ocasiones hablar con el candidato sobre las acusaciones, pero nunca recibió una respuesta.
El caso de la Clínica de Especialidades Wong había comenzado durante la Administración local anterior, cuando gobernaba su padre. Gallardo Juárez otorgó en 2009 al hospital privado la concesión para brindar servicio médico a los empleados del Ayuntamiento sin ninguna licitación de por medio. Seis años después, según la UIF, el dinero que recibía la clínica iba a parar a tres empresas del clan familiar que realizaban “actividades que no eran compatibles con la salud”. La sentencia judicial detalla además cómo escalaron las cuentas bancarias del actual candidato, una de ellas por ejemplo pasó de tener 180.000 pesos a más de dos millones solo en su primer año de Gobierno. Otra de las cuentas bancarias que aparecen en el documento fue abierta en el segundo año, con un monto de 6,2 millones de pesos.
El retrato que pintaba entonces la UIF incluía desde compras de vehículos de alta gama hasta la adquisición de animales exóticos. Gallardo Cardona finalmente se amparó en este caso judicial y salió de prisión gracias a un error en la calificación del delito que se le acusaba. Pese a que el juez reconoció que había montado un mecanismo “de desvío de recursos” del erario público, le otorgó la libertad porque la denuncia inicial era por delincuencia organizada, algo que no se había acreditado.
Este no fue el único escándalo en que se vio envuelta la familia. En febrero de 2018, el Frente Ciudadano Anticorrupción denunció al padre del candidato, entonces alcalde de San Luis Potosí, por simular la compra de medicamentos por 66 millones de pesos (3,3 millones de dólares) que no fueron entregados. Un año antes, el Tribunal Electoral Federal le había condenado por desviar 13 millones de pesos (600.000 dólares) del erario público para pagarse publicidad en medios de comunicación. Una decena de denuncias a las que ha tenido acceso este periódico les señalan por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, peculado, simulación de operaciones, entre otros delitos. Casi todas las acusaciones reportan patrones similares, como la manipulación de las cuentas públicas, el ocultamiento de información y que nunca han declarado el patrimonio real que poseen.
La sombra de la corrupción no ha logrado opacar su popularidad: en las últimas semanas ha escalado 19 puntos en unas encuestas que ahora encabeza. La dilatación en las investigaciones judiciales que persiguen a Gallardo desde hace años levanta sospechas sobre un candidato aliado al partido de Gobierno. Uno de los antecedentes que genera preocupación es la cancelación en 2019 por parte del Gobierno federal de una deuda de 38,1 millones de pesos que tenía la Clínica de Especialidades Wong con el servicio de Administración Tributaria (SAT). El peso de la coalición entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el Partido Verde nunca había sido tan importante como ahora. Según una encuesta de SIMO para EL PAÍS, la formación ecologista quintuplicará sus escaños en la Cámara de Diputados. Unas cifras que lo posicionan en un lugar clave para que el bloque gobernante mantenga el control de la Cámara baja en los próximos tres años. Mientras los equilibrios en el tablero político nacional se acomodan, la influencia de los caciques en San Luis Potosí, de apariencia humilde, avanza.
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