México anuncia una estrategia digital contra la burocracia y la corrupción en los trámites gubernamentales

Digitalizar el 80% de los trámites y reducir los tiempos de espera en un 50%. Esos son los objetivos de una iniciativa de ley anunciada por Claudia Sheinbaum, bajo la promesa de combatir la corrupción gubernamental en México y agilizar los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. “Al eliminar los trámites burocráticos se elimina la corrupción”, aseguró la presidenta y adelantó que el proyecto de reforma constitucional será enviado este jueves al Congreso.

José Antonio Peña Merino, titular de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que hay más de 7.000 trámites en el catálogo del Gobierno federal y las autoridades locales y estatales. “En México, una persona en promedio durante su vida realiza 486 trámites”, comentó. El funcionario reconoció que la iniciativa requiere de un esfuerzo de coordinación con las representaciones locales para eliminar las trabas a la ciudadanía, al asegurar que cada Estado tiene de media más de 500 procedimientos. Merino agregó que el 85% de los trámites que realizan las personas son de índole local. Al requerir cambios en dos artículos de la Constitución, la iniciativa deberá ser avalada por una mayoría calificada de dos tercios de los diputados y senadores. Morena, el partido gobernante, y sus aliados tienen a priori los votos necesarios para su aprobación.

Los trámites digitalizados más vistos en la página del Gobierno mexicano son la consulta e impresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP), la expedición en línea de copias certificadas del acta de nacimiento, la revisión del recibo de luz y procedimientos relacionados con la cédula profesional y la renovación del pasaporte. La ley nacional de simplificación y digitalización busca ampliar el catálogo de servicios ofrecidos, homologar los requisitos y los tiempos de espera, facilitar los procesos a la ciudadanía y las empresas, y cumplir con las buenas prácticas regulatorias establecidas en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como eliminar los “espacios de discrecionalidad” y “arbitrariedad”.

Uno de los desafíos que enfrenta la propuesta se desprende de la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), hasta ahora encargada también de la protección de datos personales. Merino aseguró que “se está haciendo lo necesario” para proteger la información de los usuarios y evitar filtraciones o ataques cibernéticos. El funcionario encabezó un proyecto similar en Ciudad de México cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la capital y dio el salto a la Administración federal para que la iniciativa sea de alcance nacional. La presidenta prometió “la digitalización más grande de la historia” del país en los 100 compromisos que anunció tras tomar posesión en octubre.

La realización de trámites ha sido históricamente sinónimo de corrupción y largos procesos burocráticos en México. Un 14% de los mexicanos que tuvo contacto con servidores públicos fue víctima de corrupción en 2023, de acuerdo con datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hace un mes. Los mayores cotos de corrupción son a nivel de los Estados y en segundo lugar, los municipios.

“Desde 2013, los trámites realizados ante alguna instancia del Gobierno estatal, como el pago del impuesto vehicular, los trámites en el registro civil, los relacionados con la propiedad, o ante el Ministerio Público, entre otros, tuvieron la mayor prevalencia de corrupción”, señala el Inegi. Casi una de cada cinco personas que han hecho trámites en sus Estados han sido víctimas de corrupción, señala el Instituto. Un 16,5% ha padecido esos problemas en su municipio y un 2% ante el Gobierno federal.

En 2023, las personas dijeron que enfrentaron mayor corrupción al lidiar con autoridades de Seguridad Pública (casi 6 de cada 10 casos) y en segundo lugar, al tramitar la apertura de una empresa (un 27,5%). El tercer puesto también está relacionado con la burocracia: solicitar permisos relacionados con la propiedad (un 23,5%). Menos del 5% denunció los casos, al argumentar que “es inútil”, “una pérdida de tiempo” y “una práctica muy común” como motivos principales.