Más de un año clamando justicia: Las alumnas del IPN buscan una sentencia histórica por el uso de sus fotos alteradas con IA para fines sexuales

La tensión se podía sentir el pasado miércoles 20 de noviembre en la entrada del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la delegación Iztapalapa en la capital mexicana. Por un lado, decenas de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), vistiendo colores morado y verde, portando lonas en las que se leía mensajes como “Fuera todos los agresores digitales del IPN” y “La IA [inteligencia artificial] no debe usarse para agredir mujeres”, entonaban el cántico “No, no, no, Diego “N” libre no”. Frente a ellas estaba el Colectivo Nacional No más presos inocentes, con prendas color azul y en un grupo más pequeño, en defensa de Diego “N”. “No más carpetas fabricadas para ellos”, se escuchaban gritos de este colectivo que crispaban frente a las consignas del otro grupo.

El motivo que congregó a estas personas fue el tercer juicio oral contra Diego “N”, quien fue llevado a proceso a inicios de noviembre del pasado año por presuntamente tomar fotos de las redes sociales personales de sus compañeras y otras alumnas y haberlas alterado con inteligencia artificial con fines sexuales para venderlas a través de Internet. El 27 de noviembre se realizará el cuarto juicio oral contra el acusado y se espera que se pueda conocer su sentencia, la cual podría marcar un hecho histórico al ser la primera en México y América Latina que sanciona el uso de la inteligencia artificial para la creación de contenidos sexuales falsos sin consentimiento, según dio a conocer Valeria Martínez, representante legal de las víctimas.

Solo dos de las ocho afectadas han podido llevar la investigación de su caso hasta tribunales. Las otras seis carpetas aún permanecen para su revisión en el Ministerio Público. Por parte de la defensa de las jóvenes se ha solicitado que sea impuesta una pena de 12 años de cárcel por cada una de las dos víctimas que se encuentran en la fase de juicio oral.

“Sin importar el tiempo, esperamos que sea una sentencia condenatoria importante, ya que daría un ejemplo en el continente que denunciar este tipo de delitos sí deja una consecuencia legal. También sería una forma de mostrar que la violencia digital sí puede llegar a recibir sentencia. No solamente estamos esperando que Diego sea condenado a prisión, sino que sea una sentencia ejemplar”, explica Martínez.

Dependiendo de lo que suceda el miércoles, la resolución podrá ser apelada, sea condenatoria o absolutoria, lo que definirá si el proceso se extiende durante más tiempo —entre seis meses y un año— para conocer la decisión definitiva. Sin embargo, el caso es el más icónico documentado sobre violencia digital con inteligencia artificial hacia mujeres universitarias, que tiene que ver con mercados de explotación sexual y sobre difusión y producción de contenidos. El pasado mes de julio, un juez en España dictó libertad vigilada durante un año para 15 menores de edad al considerarlos responsables de 20 delitos de pornografía infantil y otros tantos por manipular imágenes de al menos 20 niñas con inteligencia artificial, a las que mostraron desnudas.

“Jamás nos imaginamos que la tecnología se utilizaría para violentarnos de esta forma”

Han pasado 415 días desde que las ocho alumnas afectadas de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), que forma parte del IPN, empezaron con el via crucis en pos de justicia contra quien, antes de todo lo ocurrido, fue su compañero de estudios. La denuncia contra Diego “N” se remonta al 6 de octubre de 2023, cuando presuntamente se encontró al joven en ese momento con un dispositivo que contenía aproximadamente 20.000 imágenes alteradas. Sin embargo, la realidad se tornó más oscura. A partir de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX), se halló en la tablet 166.000 fotografías alteradas, así como 20.000 videos y compilaciones de fotografías reales y alteradas de las que al menos 40% eran de alumnas del Politécnico, de entre 17 a 25 años.

Adicionalmente a los cargo en su contra, a inicios de marzo de este año la FGJCDMX imputó el delito de trata de personas contra el ex estudiante del IPN, en su modalidad de almacenamiento de material fotográfico de personas menores de edad realizando actos sexuales reales.

Según el Informe Violencia Digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, 72,3% de las víctimas de agresores sexuales tienen escolaridad universitaria, de las cuales 48,7% son estudiantes. Desde enero de 2020, se reformó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Ciudad de México, en lo que se ha conocido como la Ley Olimpia, para admitir como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la implicada.

Angie Cruz, quien funge como delegada estudiantil de la ESCA para apoyo en temas de género y académicos para las estudiantes, ha dado seguimiento al caso de las ocho jóvenes desde el inicio. Ha acompañado a distintas estudiantes que han denunciado acoso y otros tipos de delitos dentro del IPN, pero en esta situación en particular ha visto cómo la exposición mediática del mismo ha tenido sus puntos a favor y en contra.

Por un lado, a pesar de que ha pasado más de un año desde que se hizo la denuncia, el juez podría emitir una sentencia en menos de una semana. Tanto las autoridades del IPN como la Fiscalía sintieron la presión pública para darle la importancia debida al caso. “Hemos tenido casos en los que pasan seis años y apenas se va a empezar el juicio para dictar sentencia. Nunca había tenido yo un caso de acompañamiento de este tipo, puesto que jamás nos imaginamos que la tecnología se utilizaría para violentarnos de esta forma”, dice la activista.

Por el otro, en el último año se ha sobreexpuesto a las jóvenes, lo que ha ocasionado que la familia de Diego “N” las “amedrente” sacándoles fotos vulnerando su anonimato y agrediendo a los grupos que han estado acompañándolas durante este tiempo, según denuncia Cruz. A través de la cuenta Asamblea Digital de Justicia del IPN, en la red social Instagram, donde las jóvenes han ido actualizando sobre el proceso judicial, denunciaron que el miércoles pasado sufrieron “hostigamiento y agresión” por parte de un grupo cercano al acusado, que resultó en lesiones físicas para dos activistas presentes en la entrada del Reclusorio Oriente.

Margen de mejora

Dentro lo negativo, Martínez critica la falta de perspectiva de género y la revictimización a la cual han tenido que exponerse sus representadas frente a los comentarios de los técnicos de la Fiscalía y de la defensa de Diego “N”.

“No es un delito tan grave’. ‘No es para tanto‘. Decirle a una víctima estas cosas es algo muy fuerte. Las niñas también han recibido muchos comentarios como ‘si no ha sido una violación o no hubo un tocamiento directamente en tu cuerpo, ¿por qué tienes tanta afectación? Si solamente fue tu imagen’. Evidentemente las personas no están capacitadas ni preparadas para atender este tipo de delitos que además son novedosos. Incluso algunos nos han mencionado que no entienden por qué Diego se encuentra privado de libertad”, elabora la representante legal.

Desde que la Unidad de Atención e Investigación de delitos sexuales cometidos en contra de estudiantes de educación media superior y superior en Ciudad de México fue creada —dependiente de la FGJCDMX—, el 4 de mayo de 2023, se abrieron más de 170 carpetas de investigación durante 11 meses de funcionamiento.

Marcela Hernández, activista feminista impulsora de la Ley Olimpia, ve que aún se puede mantener un margen de mejora en cuanto al trabajo técnico de unidades como la Policía Cibernética u otras de la Fiscalía que comienzan a tratar delitos sexuales en entornos digitales.

“Actualmente se atienden los delitos sexuales todos por igual. Por protocolo, a las chicas las mandan a hacerse revisiones médicas, por ejemplo, que no necesitan por la naturaleza digital del delito y que al pedirlos pues entorpecen o alargan el proceso. También necesitamos infraestructura legal para las plataformas con las que se cometen estos delitos. El Estado mexicano debe ser quien pone las reglas de cómo tendrían las plataformas que responder ante estas situaciones y a la justicia de nuestro país”, explica Hernández.

Las jóvenes que fueron afectadas también dieron a conocer en su momento la existencia de una organización de venta y reproducción de contenidos íntimos no consensuados, que operaba a través del servicio de mensajería instantánea Telegram.

Esta operación, según dieron a conocer, existía dentro del IPN desde hace al menos seis años. Cruz considera que a raíz del caso de Diego “N” se logró que esta red dejara de funcionar o, si es que aún persiste, lo hiciera de forma más discreta. “Va a ser muy difícil que deje de existir. Solamente han modificado la dinámica para pasar desapercibidos dentro de la escuela. Hemos escuchado, a través de los comentarios de algunos compañeros, que en otras escuelas estos grupos siguen con una presencia fuerte”, complementa la activista.

Una de las víctimas al salir del Reclusorio Oriente tras la finalización del juicio oral, con la voz temblorosa y emocionada, cuenta que el último año la ha afectado en lo emocional, en lo físico y en lo académico. Asimismo, espera que la última audiencia, el próximo 27 de noviembre, se ponga fin a un proceso “muy desgastante” y que pueda culminar con justicia y sentando un precedente para quienes minimizan este tipo de delitos: “Las ocho hemos pasado por depresión, ansiedad, el estar inseguras por el quiebre de la confianza. Diego era nuestro compañero, entonces ya no confías en todos. Empiezas a estar alerta en todos los escenarios. Lamentablemente esto sigue pasando y es importante que sepan que sí hay castigo, sí es un delito y que el hecho que sea digital no significa que no es real”.