Renuncias de ministros y cambios a la reforma judicial: la penúltima apuesta de la Corte para evitar el voto popular a los jueces

La batalla para aminorar los efectos más negativos de la reforma judicial no ha llegado a su fin. El ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara ha elaborado un proyecto en el que propone invalidar una parte de la enmienda aprobada en el Congreso por la mayoría morenista y que ya está en el texto de la Constitución. Ni se invalida toda la enmienda oficialista y ni toda se aprueba. El corazón del proyecto de sentencia plantea que se mantenga la elección de ministros del Supremo, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En cambio, se propone invalidar lo relativo a la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, quienes tendrían que quedar sujetos a los criterios de la carrera judicial existente desde hace tres décadas.

Se necesitan ocho votos de 11 para que se apruebe este proyecto de acción de inconstitucionalidad. Aunque solo hay tres ministras que votan a tono con el oficialismo, fuentes de la Corte han señalado que no hay certezas de que el bloque mayoritario actúe en masa. Este es el escenario ideal que salvaría la carrera profesional de cientos de jueces y magistrados que han llegado al cargo gracias a años de estudio y exámenes de oposición. La publicación del proyecto de Alcántara coincide con la noticia de que varios ministros adelantarán esta semana su renuncia a la Corte. La partida de estos ministros, entre ellos el propio Alcántara, supone que rechazan participar en la elección judicial como candidatos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, del PT, ha señalado que en todo caso permanecerán en el cargo hasta que tomen posesión los nuevos ministros electos en las urnas, el próximo año, a excepción de Luis María Aguilar, que concluye su mandato constitucional el 30 de noviembre.

El proyecto ha provocado resquemores en las filas del oficialismo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha adelantado que su formación —la mayoritaria— no acatará la sentencia del máximo tribunal en caso de que sea aprobada. El asunto anticipa un fuerte choque de poderes y una crisis política de altos vuelos, a un mes de iniciado el Gobierno de Claudia Sheinbaum y tras la partida de Andrés Manuel López Obrador, el líder espiritual de Morena y el principal impulsor de la reforma.

El ministro Alcántara argumenta que la elección de jueces y magistrados, tal como está propuesta en la reforma, vulnera la división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia de los ciudadanos. “No existe un régimen democrático sin que haya una división de poderes efectiva”, dice el proyecto. Señala que la garantía de independencia judicial está sustentada en criterios constitucionales que la enmienda ha borrado: la inamovilidad en el cargo, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario. Para destituir a un juez, se señala, debe abrirse un procedimiento sancionatorio, con garantías de debido proceso, que justifique su despido, y no de un plumazo, como estableció la enmienda.

El documento precisa que la inamovilidad de los jueces no significa que el sistema de nominación de la judicatura no pueda cambiar. Lo que se pide es que las reglas de acceso y ascenso estén establecidas desde el comienzo y no cambien a mitad de la partida. El proyecto sugiere, en todo caso, que los jueces y magistrados sean electos en las urnas solo hasta después de que los actuales juzgadores concluyan el periodo natural de su nombramiento.

Alcántara razona en contra de los criterios de elección propuesto en la reforma morenista. En el discurso oficialista, la designación de los jueces por voto popular es “democratizar” al Poder Judicial, calificado de opaco, privilegiado y antidemocrático. El proyecto observa que los requisitos pedidos a los aspirantes a cargos judiciales —ser abogado, tener buen promedio, presentar un ensayo, entregar cartas de recomendación de vecinos— no son uniformes, no dan certeza de una buena preparación y son “de una ambigüedad irremediable”, por ejemplo, aquel de presentar un buen promedio en la carrera de Derecho. Además, los Comités de Evaluación, que harán el filtrado y selección final de los candidatos, deberán conformarse a propuesta unilateral de la presidenta de la República, las Cámaras del Congreso y el pleno de la Suprema Corte.

El proyecto rebate el argumento de que la reforma “democratiza” la justicia. Empezando por el hecho de que las personas que integran el primer filtro de selección (los Comités de Evaluación) “son elegidas por una minoría simple de nuestros representantes sin otro criterio que su ‘reconocimiento en la actividad jurídica”. También señala que el modelo de elección propuesto, por listas regionales —circuitos judiciales— y no por juzgados, “[deja] en un lugar completamente relegado la individualización del voto y, por lo tanto, el papel que buscaba cumplir, de legitimar democráticamente a la persona juzgadora y acercarla y responsabilizarla frente a su electorado”.

Ello sin contar la cantidad de boletas que un mismo ciudadano deberá tachar en la jornada electoral, entre cientos de candidatos a juez, a nivel federal y estatal. “El diseño constitucional propuesto tiene un efecto antidemocrático al establecer un sistema que por sus características intrínsecas no permite votar de manera informada. El voto informado es un elemento indispensable de las elecciones auténticas”, reflexiona.

Otra de las modificaciones constitucionales que combate el proyecto de Alcántara es el relativo al juicio de amparo. El oficialismo ha prohibido que los jueces puedan dictar la suspensión de una norma con efectos generales, esto es, en beneficio de varios afectados. Los casos de derechos ambientales son frecuentes en este tipo de amparos, en los que difícilmente se puede individualizar el efecto de una norma nociva. La reforma ha buscado acotar a los activistas, que en el sexenio de López Obrador lograron frenar por esa vía normas y megaproyectos de infraestructura. El ministro Alcántara rechaza esa acotación a la protección del amparo por considerarla, de nuevo, antidemocrática.

Su propuesta sí valida, por ejemplo, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial con las atribuciones de indagar la conducta de los jueces y de imponer sanciones. Sin embargo, advierte de que hay un fraseo ambiguo que hace parecer que tendrá alcances no solo para sancionar un mal comportamiento sino también el contenido de las sentencias, otro elemento que prende las alertas sobre la invasión a la independencia judicial. “Los criterios sostenidos en las resoluciones judiciales no pueden ser motivo para la remoción del juzgador”, señala.

El ministro ponente ha decidido no entrar al análisis de si la ruta establecida para la elección de nuevos integrantes del Supremo es constitucional. Se trata de una renuncia voluntaria y es un ofrecimiento de paz al oficialismo. Alcántara señala que lo más sensato es declinar el análisis de los preceptos relativos al régimen que afecta a los ministros del Supremo, debido a “la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad y, en términos más generales, de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial analizada”. “Se declina el análisis de ese régimen”, explica el ministro, “en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”. No hay fecha para que se discuta el proyecto de Alcántara. El voto del ministro Aguilar, que está por dejar su asiento en el pleno, será clave.