¿Qué debe resolver el Estado para cerrar la compra de las plantas de Iberdrola?

El sueño del presidente López Obrador de adquirir 13 plantas eléctricas de la española Iberdrola tendrá que sortear, primero, una serie exigencias por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El regulador antimonopolio ha solicitado a la contraparte compradora, representada por Mexico Infrastructure Partners y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), un rediseño operativo y financiero para autorizar la adquisición del parqué eléctrico de 8.500 megawatts.

La empresa privada Mexico Infrastructure Partners (MIP) será la encargada de administrar el fideicomiso donde se reunirá los recursos tanto de inversionistas como del Fonadin para la compra de las 13 centrales eléctricas. Sin embargo, una de las condiciones del órgano antimonopolio es que dicho fondo reduzca la participación del Fonadin en la compra a un máximo de 51% en un plazo de 24 meses, una orden que obligará a Mexico Infrastructure Partners a levantar capital de otras fuentes para garantizar la bolsa total de 6.000 millones de dólares en los que se pactó la transacción.

Además, para evitar una posible manipulación de precios, la Cofece ha pedido a los compradores operar las plantas de generación de manera independiente en el mercado y evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores. La Cofece también ha solicitado a los compradores que un administrador profesional independiente sea quien tome las decisiones operativas de las plantas de generación eléctrica en el mercado. Estas condiciones tienen una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas por el órgano regulador.

Los compradores deberán aceptar de manera expresa e incondicional las condiciones de la Cofece para poder cerrar la operación. En caso de que incumplan las condiciones una vez aceptadas, podrán ser sujetos a sanciones económicas y penales previstas en la Ley Federal de Competencia Económica.

Pese a la serie de condicionantes, la Secretaría de Hacienda da por descontado el aval de la Cofece. La dependencia aseguró a través de un comunicado que con la próxima compraventa, el Estado recuperará el liderazgo en la generación de energía eléctrica. Según sus pronósticos, ellos cerrarán la transacción en los próximos seis meses.

Hacienda afirmó que la compraventa cuenta con un amplio apoyo del sector financiero a través de la banca de desarrollo y la banca comercial, quienes financiarán el 60% de los 6.000 millones de dólares necesarios. Además, se buscará la participación en la inversión de las Afores, fondos de pensiones, y otros inversionistas institucionales. “Esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal más allá del costo de adquisición de 51% de la misma y, en esa medida, no presiona las finanzas públicas. Por el contrario, genera una nueva fuente de ingresos en dividendos para el Estado y, de esa manera, ahorra al país el pago de dividendos al extranjero”, zanjó.

Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, explica que ahora MPI tendrá que rearmar su esquema de levantamiento de capital y encontrar nuevos socios, e incluso, no descarta que MPI pida una extensión de tiempo, más allá de los 24 meses, para poder garantizar los recursos. “Ellos tienen la tarea de vender la participación que no puede tener el Fonadin, que sea un comprador calificado, porque seguramente hay un compromiso con la Secretaría de Hacienda, quien desembolsó parte de los fondos públicos”, detalla. En abril pasado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunció en Palacio Nacional que capitalizaría al Fonadin con 45.000 millones de pesos para garantizar los fondos para comprarle las plantas a Iberdrola.

El especialista Carlos Flores indica que esta operación, tal cual fue originalmente ideada por la actual Administración, hubiese dado una concentración de tal magnitud en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que implicaría una alteración al mercado eléctrico, por ese motivo, las condiciones establecidas por la Cofece son pertinentes y adecuadas.

A pesar del optimismo de Hacienda, Flores advierte de que el fallo condicionante de la Cofece supone un revés inesperado para el Gobierno. “La actual Administración ha estado plagada de ejemplos en los que autoridades de sector se han subordinado a las instrucciones de Palacio Nacional. Para pocos hubiese sido sorpresa que también la autoridad en materia de competencia hubiese decidido aceptar el mandato presidencial”, concluye.

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