El Gobierno busca que las pensiones más bajas sean igual al último salario

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha concretado este lunes la presentación de su reforma al sistema de pensiones. Lo ha hecho junto a otras 17 iniciativas constitucionales y dos legales que ha difundido en el aniversario de la Constitución de 1917. Después de varias semanas de especulaciones, el mandatario ha finalmente definido cuál es su plan para revertir las reformas hechas en esta materia en 1997 y 2007. De acuerdo al documento, el Gobierno planea garantizar que los trabajadores cobren una pensión igual a su último salario, siempre y cuando no supere los 16.777 pesos. Para compensar a aquellos que menos cobren, crearán un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”. El Ejecutivo inyectará unos 64.619 millones de pesos, según dijo López Obrador en conferencia, que saldrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Fonatur, la Financiera Rural, los fideicomisos del Poder Judicial y los organismos autónomos una vez se eliminen, entre otros.

Las preguntas que rodeaban a esta iniciativa los últimos días eran si iba a afectar a todos los que forman parte del sistema de pensiones o no, y de dónde sacarían el dinero para pagarlo. En esa línea, el Ejecutivo ha optado por limitar lo del 100% del último salario únicamente a “las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 conforme a la Ley del Seguro Social, y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, y que cobren por debajo del salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto es por debajo de 16.777 pesos.

El dinero para completar esas pensiones, según el proyecto, saldrá del Fondo Semilla, como le ha llamado el presidente, que se instalará el próximo 1 de mayo. Ahí irán a parar toda una serie de partidas diferentes: un 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; lo obtenido con la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; los ingresos de la venta de bienes inmuebles sin construcción del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); el cobro de los adeudos de la Administración Pública, del Congreso, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, así como de los poderes legislativos y judiciales locales al Sistema de Administración Tributaria (SAT), al ISSSTE o al IMSS; de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial; el presupuesto que se destina a los organismos autónomos, una vez se eliminen, como propone otra reforma constitucional; del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de las entidades paraestatales que gestiona la Secretaría de la Defensa, como el Tren Maya o los aeropuertos; y de donaciones.

El Fondo también se nutrirá de bienes inmuebles del ISSSTE y del producto de las inversiones que se deriven de ese mismo patrimonio. Por último, la propuesta señala que “cada ocho años se realizará una evaluación actuarial de su suficiencia con el objeto de determinar, en su caso, fuentes adicionales de financiamiento”. Las pensiones, plantea la reforma, experimentarán una actualización cada 1 de enero, de acuerdo con la inflación estimada para ese año.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) fue de los primeros en responder a la propuesta presidencial. En un comunicado, han señalado que la reforma presentada “debe analizarse con seriedad para determinar su contribución real a la equidad y justicia social”. “Incrementa la cantidad de trabajadores que alcanzarían tasas de reemplazo del 100% manteniendo el esquema operativo de cuentas individuales y la propiedad de los recursos de cada trabajador”, agrega. La asociación admite, sin embargo, que es necesario entender las fuentes de financiamiento para el sistema de pensiones y “analizar los esquemas que la vuelvan fiscalmente viable”.

Para el presidente, las reformas al sistema de pensiones previas, así como varias otras políticas que criticó este lunes, se trataban de medidas “antipopulares” que fueron sancionadas “durante el periodo neoliberal o porfirista”. Bajo esa óptica es que ha presentado su reforma, que busca compensar a quienes fueron afectados con los regímenes anteriores y aumentar la pensión a la que tienen derecho los trabajadores. Con la actual ley, un trabajador cobra alrededor del 40% de su último salario. De aprobarse la reforma, para la que el Gobierno necesita negociar con la oposición con el fin de obtener la mayoría calificada, una parte de los trabajadores pasaría a cobrar el 100%. La oposición adelantó en las últimas semanas que votaría a favor de una reforma a las pensiones, sin embargo, antes de hacerlo solicitó al presidente que detallara de dónde sacaría el dinero.

De acuerdo a los datos del IMSS de 2022, alrededor del 70% de los jubilados, unos 2,9 millones de personas, recibía para ese año una pensión menor a 5.000 pesos. Mientras que un 12%, unas 530.000 personas, percibía entre 5.000 y 10.000 pesos. Esa sería la franja que resultaría posiblemente afectada, de sancionarse la reforma constitucional.

El punto central de la reforma sancionada en 1995, y puesta en vigor en 1997, consistía en la creación de sociedades privadas a las que los trabajadores acudían para gestionar sus pensiones. La iniciativa de ley, propuesta por el presidente Ernesto Zedillo, establecía la creación de fondos privados para gestionar las contribuciones de entonces unos nueve millones de trabajadores afiliados al IMSS. “Se llevó a cabo uno de los mayores atropellos a la seguridad social de las y los mexicanos”, señaló López Obrador en el proyecto de reforma. “Representó una regresión histórica al progreso de las condiciones de vida de la sociedad mexicana alcanzado por las luchas de los sectores laborales, toda vez que se contempló un nuevo régimen de aportaciones definidas, en la capitalización individual y la administración privada de los recursos de los trabajadores y del pago de las pensiones” a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y de instituciones de seguros especializadas.

La segunda modificación que López Obrador se puso en la mira fue la de 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón, que afectó a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). “Diez años después y aún bajo la lógica neoliberal”, apuntó el actual presidente, “se aprobó una reforma que creó la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, la cual replicó la reforma a la Ley del Seguro Social de Ernesto Zedillo, ahora afectando a los trabajadores del sector público”. Para López Obrador, “es innegable” que quienes fueron favorecidos por estos cambios en la ley fueron el sector financiero, las administradoras privadas de fondos de pensiones y las compañías de seguros de vida.

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