Anatomía del asesinato de Colosio: los pasos del segundo sospechoso y la operación para liberarlo

El agente de inteligencia Jorge Antonio Sánchez Ortega vio descender al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en el Estado fronterizo de Baja California. Afuera de las instalaciones lo esperaban 1.500 personas con carteles de apoyo a su candidatura. Eran alrededor de las tres de la tarde del 23 de marzo de 1994. El agente Sánchez Ortega, de 32 años, vio al político priista avanzar con dificultad entre la gente. Colosio se subió a una camioneta negra para dirigirse al barrio de Lomas Taurinas, a unos 13 minutos de distancia. El vehículo del candidato fue seguido por una caravana de autos, de acompañantes y agentes de seguridad. Nacido en Sinaloa y avecindado en Tijuana, el agente no vio en ese momento “ningún hecho anormal” que pusiera en riesgo la integridad física de Colosio, “ni se observó a algún sospechoso”. Los problemas vendrían poco después, en Lomas Taurinas, cuando Sánchez Ortega, salpicado con la sangre de Colosio, fuese detenido y puesto bajo custodia.

El agente Sánchez Ortega, que trabajaba desde hacía siete meses para el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno priista, rindió ante la Fiscalía su primera declaración como sospechoso al día siguiente del magnicidio. En el documento, que forma parte de la carpeta de investigación iniciada hace tres décadas, el agente detalla que recibió el mismo 23 de marzo, tres horas antes del arribo de Colosio a la ciudad fronteriza, la instrucción de “estar presente e informar oportunamente” sobre las actividades políticas del candidato, hacer un registro de los vehículos que llegasen, echar un vistazo al tipo de asistentes. El agente afirma que Alejandro Ibarra Borbón, subdelegado del Cisen en Tijuana, fue quien lo comisionó a esas labores de inteligencia junto a su compañero Moisés Aldana Pérez, que también comparecería ante la Fiscalía como testigo.

Las declaraciones de los dos agentes del Cisen, y la de un integrante del cuerpo de seguridad personal de Colosio, Rafael López Merino, ayudan a reconstruir la crónica del instante en que el candidato fue asesinado. Los testimonios también muestran que el Cisen —renombrado ahora como Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— emprendió una operación para liberar al agente Sánchez Ortega momentos después de su captura, como ha señalado la Fiscalía General de la República (FGR) en la nueva acusación que ha presentado ante el juez y en la que derriba la teoría de que Mario Aburto, el único detenido por el magnicidio, actuó en solitario.

Crónica de un instante

Sánchez Ortega y Aldana Pérez se dividieron las tareas. El primero daría cobertura a Colosio en el aeropuerto, mientras que el segundo enfilaría hacia Lomas Taurinas para estar en el punto del mitin antes de la llegada del candidato del PRI. Sánchez Ortega cuenta que no siguió a Colosio cuando este abandonó el aeropuerto, sino que tomó en su auto patrulla una ruta diferente. Al llegar a Lomas Taurinas, aparcó a 700 metros del mitin, y se apostó a 20 metros del candidato. Buscó a su compañero y no lo encontró.

Lomas Taurinas era un asentamiento irregular de unas 15.000 personas, donde vivían principalmente familias de trabajadores de las maquiladoras. Un río de aguas negras corría paralelo a la calle por la que llegó Colosio, alrededor de las cuatro de la tarde. Treinta hombres conformaban la guardia personal del candidato presidencial: 15 estaban en el barrio; la otra mitad se había desplegado en el Club Campestre, el segundo evento de campaña en el orden del día. Colosio avanzó saludando a los asistentes, hasta que llegó a una camioneta pick-up negra. Se encaramó en la parte trasera del vehículo, que usó como plataforma para dar su discurso, que duró cinco minutos. Antes de él hubo otros cuatro oradores, líderes locales, que hablaron unos 20 minutos. Había unos 3.500 simpatizantes congregados.

El agente Sánchez Ortega cuenta que se alejó del candidato para buscar a su compañero Aldana Pérez. Con su estatura de 1,65 metros, tuvo que buscar una loma para ver mejor entre la gente. Luego le dio hambre y entró a una escuela a comprar comida, “toda vez que el acto político no terminaba”. Cuando Colosio concluyó su discurso y se echó a andar, en medio del barullo de gente y la música a todo volumen, el agente comenzó a acercarse. A 200 metros, “observó que había movimientos anormales”. Se encontró a su compañero, que le dijo que, al parecer, había habido una balacera. Sánchez Ortega declaró no haber escuchado disparo alguno por la distancia a la que se encontraba y por el volumen de la música.

El otro agente, Aldana Pérez, estaba a 10 metros, y él sí que escuchó una detonación. Aldana declaró que encontró a su compañero hasta la salida del evento. Uno de los elementos de la guardia personal de Colosio, López Merino, declaró que estaba a tres metros, del lado trasero izquierdo del candidato, cuando oyó una detonación, y casi inmediatamente “una detonación más”. Vio a Colosio tirado en el suelo y lo cubrió con su propio cuerpo. La gente huía. Dos de sus compañeros habían “derribado a un individuo de chamarra negra, y en ese momento caía junto a ellos un arma tipo revólver”. La gente comenzó a arremolinarse en torno al detenido, Mario Aburto, con tanta fiereza que daba la impresión de que querían lincharlo, según declaró Aldana.

El agente Sánchez Ortega quiso reportar lo sucedido a la Central de Información del Cisen en Tijuana, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero su radio transmisor no servía. Había mala señal. Aldana Pérez también tuvo problemas de comunicación y tuvo que buscar un punto elevado para hallar recepción. Sánchez Ortega se dirigió a su patrulla para usar la radio del vehículo. En el trayecto, según declaró, vio llegar la camioneta de Colosio y una ambulancia. El candidato herido era cargado por varias personas. El agente se acercó a metro y medio y vio que Colosio tenía la cabeza cubierta con su propia camisa y que la sangre le escurría hasta el pecho. Lo subieron a la ambulancia, que siguieron varios vehículos.

Entonces pasó algo que cambiaría la suerte del agente. “[Sánchez Ortega] desea aclarar que, al tratar de acercarse al licenciado Colosio, alguna de las personas que ahí se encontraban haciendo el traslado del herido le manchó de sangre la manga izquierda de la chamarra de color blanco que tenía puesta el de la voz, no habiéndose percatado de ello”, según asienta la declaración que le tomaron en la Fiscalía. Fue a su patrulla a hacer el reporte del suceso a la Central. Alcanzó a contactar a su jefe, el subdelegado del Cisen, Ibarra Borbón, cuando unos policías municipales que pasaban cerca vieron que tenía sangre en la ropa. Le pidieron interrumpir su transmisión, bajar del vehículo e identificarse. Luego lo esposaron a la puerta de su auto patrulla, a la espera del arribo de policías pertenecientes a la Fiscalía estatal.

Lo llevaron a las instalaciones de la Policía Judicial. Allí le hicieron una prueba de rodizonato de sodio para determinar si había disparado un arma. En la hoja de la declaración no consta el resultado de ese examen. El agente Sánchez Ortega aseguró que no llevaba armas y que, de hecho, no lo tenía permitido para el desempeño de sus labores de inteligencia. Dijo que hacía dos años que no disparaba una pistola. No obstante, la prueba de pólvora daría positivo, una de las principales pruebas utilizadas por la Fiscalía tres décadas después para acusarlo del crimen.

Estando bajo custodia de los policías judiciales, a Sánchez Ortega lo carearon con Mario Aburto, que había sido capturado instantes después del asesinato de Colosio. El agente del Cisen dijo que no lo conocía y que era la primera vez que lo veía. También le presentaron a Vicente Mayoral Valenzuela, un policía municipal que también fue señalado como participante del crimen.

La Fiscalía señala ahora que varios testimonios dan cuenta de que el agente estuvo exactamente en el sitio y en el momento del magnicidio, y no a una distancia lejana, como lo declaró Sánchez Ortega. Además, la FGR aduce el estudio que dio positivo a la presencia de pólvora en sus manos. “Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó, y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima”, ha indicado la Fiscalía.

Salvando al agente Sánchez

El agente de investigación Moisés Aldana Pérez supo que su compañero había sido detenido por policías municipales a través de su radio transmisor. Aldana recibió de inmediato instrucciones de Ibarra Borbón, el subdelegado del Cisen, de que “se avocara a resolver el problema de la detención de Sánchez Ortega”, según dijo en su declaración al día siguiente del asesinato de Colosio.

Aldana acudió a la sede de la Policía Judicial de Baja California, donde le dijeron que se trasladara a la Comandancia del Segundo Sector. El agente consultó con su jefe, Ibarra, qué debía hacer. Este le dio luz verde, “ordenándole que se trasladara [a ese lugar] y verificara algunos otros datos que se relacionaran con los hechos”. El agente Aldana recibió de un comandante, primero, la indicación de que el caso de Sánchez Ortega lo vería personalmente el procurador (fiscal) del Estado. Luego, el mismo comandante le dijo que la Fiscalía estatal había decidido transferir el asunto a la FGR, para que esa instancia resolviera sobre “la situación jurídica” del agente detenido.

Aldana avisó a Ibarra de la situación. El superior jerárquico “le indicó al declarante que el delegado del Cisen venía en camino con un grupo de personas de la Secretaría de Gobernación para avocarse a los hechos suscitados”, por lo que le pidió a Aldana apartarse y dejar el trabajo en manos de los funcionarios enviados. La Fiscalía General sostiene ahora que esa comitiva de funcionarios estaba encabezada por Genaro García Luna, que entonces era subdirector de Operaciones del Cisen y tenía la misión de “rescatar” a Sánchez Ortega, “encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”. García Luna se convertiría años después en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y en el zar de la estrategia de combate a los cárteles de la droga. El año pasado fue enjuiciado en Estados Unidos y declarado culpable de narcotráfico. Un nuevo cargo en México se suma a la lista de delitos que se le atribuyen.

A casi 30 años del magnicidio que sacudió a México; de la muerte de un político carismático que prometía una profunda reforma del rancio sistema político; del asesinato que envolvió en una densa bruma de sospecha a la cúpula del partido en el poder, el país sigue buscando respuestas. Viejas versiones se retoman y se reciclan; nuevos pliegues se revelan. Los partidos de la oposición acusan a Andrés Manuel López Obrador de desempolvar el caso Colosio para ganar crédito electoral, a pocos meses de los comicios presidenciales. Un fantasma ronda la política desde hace tres décadas. No es el espectro de un muerto, sino de un vivo que camina y se niega a callar. El de la verdad.

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