Desbandada de funcionarios en la Suprema Corte ante los recortes salariales propuestos por Lenia Batres

La ministra Lenia Batres, recién incorporada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho de la reducción salarial en la función pública una cruzada. La jueza no solo pidió a la Corte que se le recortara el sueldo y se le retirasen prestaciones, siguiendo el discurso de “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador. La jueza también ha pedido a colaboradores de su ponencia que repliquen la misma fórmula y renuncien a varias prestaciones laborales, como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, según ha confirmado EL PAÍS a través de una fuente de la Corte y un abogado que laboró en dicha ponencia. De acuerdo con los relatos recabados, la ministra reunió a sus colaboradores una vez que tomó posesión del cargo, la primera semana de enero, y les hizo la petición de renunciar a sus prestaciones de manera “voluntaria”. Quienes accedieron, firmaron su consentimiento en una hoja. Quienes no aceptaron, tuvieron que presentar su renuncia, han agregado las fuentes.

A la fecha, han renunciado 16 funcionarios de la ponencia, de los cuales 10 eran secretarios de Estudio y Cuenta; el resto eran mandos medios y operativos, según datos obtenidos por este periódico. Batres heredó al equipo técnico de Arturo Zaldívar, que dejó el Supremo en noviembre para convertirse en asesor de Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Morena, el partido en el Gobierno.

En respuesta a una consulta hecha por este diario, un portavoz de la ministra ha señalado que los “ajustes” en la ponencia obedecen a que se buscó un perfil de abogados especializados en materia administrativa y laboral, el tipo de asuntos que la jueza deberá atender en la Segunda Sala del Supremo, a la que se ha integrado. “La gente que estaba en la ponencia de Zaldívar, cuya vacante llevó al nombramiento de la ministra Batres, tenía formación sobre todo en derechos humanos y género, y en materias civil y penal”, ha indicado el funcionario consultado. El portavoz no respondió a la pregunta específica de si la ministra Batres hizo a los trabajadores la petición de renunciar a prestaciones laborales.

Batres, una jueza muy cercana a Morena y al presidente López Obrador, solicitó desde el primer momento que se le bajara el sueldo al mismo nivel que el ingreso pagado al Ejecutivo. También pidió que se le incorporase al ISSSTE, el sistema de salud pública para los funcionarios. La dirección de Recursos Humanos del Alto Tribunal le respondió con una negativa: primero, porque la Corte debe ejercer los recursos aprobados por el Congreso para las remuneraciones de los ministros; y segundo, porque inscribirla al ISSSTE supondría una mayor ventaja para la jueza y no una reducción de prestaciones, pues los ministros del Supremo son considerados patrones, no empleados del Estado.

Lo que sí puede hacer Batres, coinciden los expertos, es devolver a la Tesorería de la Federación una parte de su salario para no ganar más que el presidente, a quien se le pagan 136.700 pesos mensuales. Otra cosa es hablar de remuneraciones, esto es, los complementos pagados a los funcionarios más allá de su salario, como aguinaldo, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones. La Constitución establece que los funcionarios públicos no deben ganar más que las remuneraciones del Ejecutivo, no del salario. Y las remuneraciones de López Obrador por vivir en Palacio Nacional con su familia, por su alimentación, su salud, su vestimenta y sus traslados, no han sido tasadas por autoridad alguna.

En la Suprema Corte laboran trabajadores de base y de confianza. Los primeros pueden formar parte del sindicato del Poder Judicial y están sujetos al Contrato Colectivo de Trabajo. Para propiciar un trato equitativo, el Supremo autorizó prestaciones para su personal de confianza conforme a unas Condiciones Generales de Trabajo. Además de las prestaciones básicas de ley —vacaciones, aguinaldo, seguridad social y licencias de maternidad o paternidad—, los trabajadores de confianza de la Corte tienen derecho a un seguro colectivo de retiro, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, fondo de ahorro, apoyo para despensa, pensión complementaria, prima quinquenal, apoyo para gastos funerarios y becas para profesionalización.

Las fuentes consultadas aseguran que la ministra Batres pidió a su ponencia renunciar a todas esas prestaciones y quedarse solo con las mínimas que establece la ley laboral. A los funcionarios de alto rango, como los secretarios de Estudio y Cuenta, se les solicitó bajarse también el salario para igualarlo al del Ejecutivo federal, han añadido las fuentes.

Una de las funcionarias judiciales que presentó su renuncia es Alejandra Spitalier, que era secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de la ponencia de Zaldívar. En su lugar ha sido contratado Netzaí Sandoval, extitular de la Defensoría Pública y hermano de Irma Sandoval, exsecretaria de la Función Pública en el Gobierno de López Obrador. También anunciaron su cese en redes sociales Roberto Niembro y Rebeca Saucedo, que también se desempeñaban como secretarios de Estudio y Cuenta.

Reforma ha dado a conocer algunos de los nuevos perfiles contratados por Batres en esos mismos puestos. Uno es Humberto Jardón Pérez, abogado especialista en Derecho Administrativo que laboró como director Jurídico de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, dependencia que dirigió Martí Batres, hermano de la ministra, hasta junio de 2023, cuando el funcionario asumió la jefatura de Gobierno capitalina en sustitución de Claudia Sheinbaum. Otro nuevo secretario de Estudio y Cuenta es Julio César Medellín Cázares, excoordinador Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ciudad de México.

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