Las nuevas reglas del INE para las ‘corcholatas’ oficialistas y opositoras: el tope de gastos es casi siete veces mayor a lo que previó Morena

Las autoridades electorales han presentado las nuevas reglas del juego para la carrera por la presidencia. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha fijado el tope de gastos para cada una de las corcholatas, como se conoce coloquialmente a los aspirantes de Morena y de la oposición, en 34,3 millones de pesos. La cifra es casi siete veces superior a los cinco millones que había previsto el partido de Andrés Manuel López Obrador para los participantes de su proceso interno. Las autoridades prometieron una fiscalización rigurosa de los recursos y establecieron que deberán entregar los informes de gastos en octubre próximo, un mes después de que ambas coaliciones anuncien quienes serán sus candidatos. Pese a las quejas del bloque gobernante, el árbitro también determinó que los funcionarios públicos no tienen que separarse de sus cargos para competir en las contiendas de sus fuerzas políticas, como es el caso de los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel.

Las nuevas directrices surgieron por una orden del Tribunal Electoral para que el INE establezca medidas para regular las contiendas de los partidos y coaliciones, referidas como “procesos internos” para evitar chocar con la ley, que establece el inicio de las precampañas hasta noviembre próximo. La discusión sobre la legalidad de una carrera adelantada por la sucesión esta lejos de haber sido superada y se hizo patente en el pleno. “Es un lineamiento inédito en razón de un acatamiento de sentencia, el cual se adecúa a los tiempos actuales que estamos transitando”, señaló Jorge Montaño.

En contraste, Claudia Zavala se mostró renuente de “normar una serie de actividades proselitistas en un periodo que simple y sencillamente no está contemplado ni en la Constitución ni en la ley electoral”. “Eso de los procesos inéditos simplemente no existe. Lo que sí existe son procesos electorales que se llevan a cabo conforme a la ley o, por el contrario, fuera del marco de la ley”, comentó Zavala, la consejera que ha sido más vocal en sus críticas a la decisión de los partidos de adelantarse a los plazos establecidos para las campañas y precampañas.

La fiscalización de los recursos inicia desde que los partidos dieron el banderazo de salida de sus respectivas contiendas hasta que concluyan a principios de septiembre. El mandato es que el 2 de octubre se presenten los informes de gastos. El INE se pronunciará sobre “errores y omisiones” el 24 de octubre y dará oportunidad a los actores políticos de que hagan las aclaraciones hasta el 27 de noviembre. A mediados de diciembre, el árbitro electoral dará su dictamen final sobre quién se excedió y quién incurrió en gastos ilegales.

Estarán sujetos a la fiscalización los partidos políticos, los aspirantes (referidos bajo el eufemismo de “personas inscritas”) y otras personas que aporten recursos a ellos. Eso abre la puerta a que los políticos no puedan deslindarse de los apoyos de sus simpatizantes, como han hecho con la aparición de espectaculares y bardas que los promocionan. Las corcholatas podrán recibir hasta 537.000 pesos de cada simpatizante. Los propios aspirantes podrán gastar hasta 2,1 millones de sus propios recursos. No podrán recibir recursos de empresas ni de Gobiernos. El INE dijo que podrá apoyar sus tareas de fiscalización por medio de visitas a sus actos y la vigilancia en el terreno de la propaganda visible y a pie de calle. Las calcomanías, los peluches, las mantas y otros objetos de promoción están en la mira de las autoridades.

El tope fijado tampoco estuvo exento de polémica. Carla Humphrey consideró que era demasiado alto y pidió bajarlo, pero su propuesta no prosperó. El pleno parece haberse inclinado por poner un límite “realista”, en vista de lo que ya han gastado los equipos de los aspirantes. Los datos sobre publicidad en redes sociales, por ejemplo, disparan los gastos que han reportado a sus partidos. Morena se quejó de la decisión de permitir que Creel, Gálvez y otros aspirantes opositores no pidan licencia como legisladores y advirtió del riesgo de que desvíen fondos públicos a sus campañas. El Frente opositor tampoco ha sido claro sobre cómo se financiarán las campañas de sus corcholatas.

“No existe un fundamento legal que obligue a que las personas servidoras públicas se separen del cargo que ocupan para poder participar en estos procesos políticos, sobre todo porque la Sala Superior ha dicho, con todas sus letras, que es un proceso intrapartidista”, se lee en el comunicado del INE. Los funcionarios públicos podrán asistir a actos partidistas en días inhábiles, pero no podrán tener una participación protagónica, mientras que los legisladores podrán participar solo en días hábiles, siempre y cuando no se distraigan de sus responsabilidades. El presidente, los gobernadores y otros funcionarios deberán abstenerse de realizar comentarios a favor o en contra de las corcholatas, lo que provocó quejas de Morena de “censura”.

Algunos puntos siguen siendo ambiguos. El INE decidió mantener la prohibición de que los aspirantes hagan promoción personal y realicen propuestas de campaña. También está prohibido que saquen spots en radio y televisión. Los anuncios de los partidos en medios masivos solo podrán contener propaganda “genérica” y no podrán mencionar por nombre a las “personas inscritas” en sus procesos internos. El árbitro electoral dijo que retirará la propaganda que no cumpla con estos requisitos.

Otro punto polémico son los mitines o actos de campaña de las corcholatas. El INE ya había dicho que los recorridos por el país sí están permitidos. Los nuevos lineamientos establecen que “preferiblemente” se deben dar en instalaciones de los partidos y que deben estar dirigidos a los militantes. Preferiblemente implica que no debe ser necesariamente así. “Los actos anticipados de precampaña y campaña siguen estando prohibidos, solamente reconoció que se trata de procesos propios de la autoorganización de los partidos políticos, que siguen sujetos a esta prohibición, así como otras conductas ilícitas que podrían afectar la equidad en la contienda”, señaló el consejero Arturo Castillo.

Los lineamientos, dijo Jaime Rivera, son un intento de las autoridades electorales de “reencauzar acciones políticas que están a la vista de todos y que no están precisamente dentro de la ley”. A los ojos de seis de los siete partidos con registro nacional y de las autoridades electorales, la carrera por llegar a la boleta en las elecciones de 2024 es, por ahora, un proceso partidista. Esa es la salida que el INE ha buscado para evitar la polémica y para volver a tomar las riendas de una contienda que formalmente aún no ha comenzado.

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