La austeridad y los sueldos de los ministros de la Suprema Corte reavivan una antigua batalla con el Gobierno

La austeridad republicana enfrenta otra vez al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo a tal punto que la situación devuelve la mirada a 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador, recién iniciado su mandato, emprendía sus reformas constitucionales para bajarse el sueldo e impedir que nadie en la Administración pública cobrara más que el presidente. Ya entonces sonaron tambores de guerra entre los jueces, pero impelidos por la enorme mayoría ciudadana que apoyó el proyecto morenista, hicieron un gesto de buena voluntad para autorregularse en algunos extremos, reconociendo con ello una deuda de las élites del país con el pueblo llano. Hoy, casi cinco años después, el encontronazo se dirime prácticamente en los mismos términos: sueldo y austeridad. El telón de fondo, sin embargo, es otro.

Las peleas entre el Ejecutivo y la Suprema Corte han sido frecuentes, recrudeciéndose a partir de que la ministra Norma Piña ganara la votación interna para ser presidenta del máximo órgano judicial. Desde entonces, los proyectos más ansiados por el presidente, la reforma electoral y el mando militar de la Guardia Nacional, han sucumbido ante los votos de los ministros, sin que nada se pueda hacer ya desde el poder legislativo, donde Morena y sus aliados perdieron la mayoría absoluta en el Congreso en 2021. Con la oposición desmayada y una mayoría simple a favor del Gobierno, la Suprema Corte se perfila hoy, como en 2018, como el único freno a las aspiraciones del Gobierno. La caja de los truenos se abre casi a diario en Palacio Nacional, donde no ahorran adjetivos contra los jueces y su sistema “podrido”. A los ministros se les sitúa cada mañana en un esquema simple: arriba en el trono están ellos, con sus grandes sueldos, y abajo, el pueblo, sufriendo sus embates.

López Obrador ha recurrido a una estrategia sencilla: el dinero. En un país donde millones de personas viven en la pobreza, tolerable o extrema, o en una clase media sin grandes márgenes económicos, el argumento del sueldo es cómodo para el Gobierno de la austeridad, un mensaje sencillo, ganador, casi electoral. El presidente cobra 137.000 pesos y los ministros 284.500, según datos oficiales. Ni corto ni perezoso, el mandatario ha ordenado a la ministra de Gobernación, la recién estrenada Luisa María Alcalde, que escriba a Norma Piña y pida explicaciones: por qué los garantes de la ley incumplen nada menos que la Constitución con sueldos que superan al del presidente. “Que me expliquen, para que yo lo informe al pueblo de México”, ha dicho López Obrador. Tienen cinco días para dar una respuesta. Cinco largos días para mantener una herida abierta y hurgar en ella, llegado el caso, cuando se tenga esa respuesta.

En 2018 los jueces se sintieron agredidos en su autonomía con aquella medida presidencial y presentaron cientos de amparos contra ella. “El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”, se quejaron entonces. Se aventura otra polémica constitucional que ellos mismos tendrán que resolver. En aquellos tiempos, un López Obrador conciliador se reunió con ellos y los tranquilizó respecto a su agenda política. Hoy no cabe esperar algo así, cuando los últimos intentos de contacto entre Piña y varios secretarios del Gobierno se resolvieron con una orden clara de López Obrador: “Ni contesten al teléfono”.

La relación de Palacio Nacional con la Suprema Corte había ido más que bien durante la presidencia de Arturo Zaldívar, donde el poder judicial casi le hizo algunos deberes al Gobierno, que mantuvo la ropa seca. Fue el caso de la despenalización del aborto, por ejemplo, donde el Ejecutivo no había querido mojarse. O la marihuana, cuando se declararon inconstitucionales algunos artículos que impedían su consumo, adquisición de semillas, plantación y distribución. Fueron días “históricos” para la Corte y el Gobierno no se quejaba, muy al contrario.

Finalizado el periodo de Zaldívar, el presidente se empeñó en situar al frente de los jueces a una mujer que, finalmente, solo proporcionó días amargos. El gran escándalo de plagio en su tesis de licenciatura llenó de lodo las aspiraciones de la ministra Yasmín Esquivel, que aún se sienta en la Corte, y de paso dio al traste con las pretensiones de López Obrador de situar una afín a su Gobierno, como el mismo reconocía en sus conferencias. “Cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica, ella defendió nuestra postura y ha votado en contra de todo lo que quiere declarar como inconstitucional [la oposición política]”, dijo en diciembre pasado. Salió elegida Norma Piña en votación y unas semanas después un muñeco que la ridiculizaba fue vapuleado y quemado en el Zócalo por seguidores morenistas, en un acto para conmemorar la nacionalización petrolera, el 18 de marzo de este mismo año. El presidente condenó lo sucedido, pero nada podía acallar ya la animadversión sembrada: “Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, había dicho días antes el presidente. Entre otras cosas.

Y aquello no acababa más que de empezar. Han sido las últimas resoluciones, en las que la Corte ha anulado las reformas electorales atendiendo a la forma en que se despacharon en el Congreso, no al fondo de lo que significaban, las que han avivado el fuego. El Gobierno se siente agredido por lo que considera una injerencia espuria de un poder respecto a otro, se revuelve y contraataca, nada que no pase en otros países, es un clásico de las fricciones políticas.

Será difícil enfriar este ambiente, al menos hasta las próximas elecciones, en el verano de 2024, donde López Obrador ha pedido a los ciudadanos que le regresen la mayoría absoluta para cambiar la Constitución sin cortapisas, ni judiciales ni políticas. Si eso sucediera, las reformas de gran calado de este sexenio verían la luz en el último minuto del partido, cuando ya se conocerá al siguiente inquilino de Palacio Nacional.

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