Un tribunal confirma que México puede ir tras la fortuna de García Luna en Florida

El Gobierno de México se anotó un triunfo en su litigio legal contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Una corte de apelaciones de Florida rechazó esta semana un recurso de los abogados de la defensa en el que argumentaban que el caso no podía ser juzgado en territorio estadounidense. El fallo destrabó el litigio civil, empantanado hasta que se resolviera este asunto, y confirmó que la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) sí puede demandar la devolución de más de 600 millones de dólares que fueron desviados de las arcas públicas a través de una red encabezada por el antiguo jefe de la Policía Federal, de acuerdo con las autoridades mexicanas. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión en su conferencia de prensa mañanera de este jueves.

“La corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de García Luna para que no le diera curso a nuestra denuncia de corrupción”, declaró el mandatario. Desde 2021, la UIF, el brazo contra el lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda, presentó una demanda civil en Miami contra el secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón. El Gobierno de López Obrador lo acusó de desviar cientos de millones de dólares a través de contratos irregulares asignados al exfuncionario y sus socios durante las Administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto. El principal escollo que las autoridades mexicanas tenían que superar era que se reconociera su derecho de demandar en Estados Unidos, a pesar de ser un ente extranjero. Eso era lo que estaba en juego en este último episodio de la batalla legal y también la posibilidad de reanudar el proceso, detenido desde noviembre pasado.

La demanda del Gobierno mexicano contra García Luna es un caso independiente al juicio que tuvo este año el exfuncionario en Nueva York por narcotráfico y delincuencia organizada. El exsecretario fue declarado culpable en febrero pasado de colaborar durante más de dos décadas con el Cartel de Sinaloa y de tres cargos agravados por tráfico de cocaína, así como de mentir a las autoridades estadounidenses en su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense.

En cambio, el pleito civil en Florida es por corrupción. Con ayuda de sus socios de la familia Weinberg, García Luna se estableció en la zona de Miami, pocos meses después de dejar su cargo en el Gobierno de Calderón en diciembre de 2012. El exsecretario vivió en lujosas mansiones, compró vehículos de alta gama, se paseó en yates y adquirió varios departamentos a través de una red de empresas fantasma y transacciones en paraísos fiscales, que supuestamente le ayudaron a desviar cuantiosas sumas de dinero que obtuvo gracias a sus contactos en el Gobierno. Toda la información sobre la fortuna que amasó tras su salida del servicio público se quedó fuera del juicio en Nueva York, después de que los fiscales no pudieran demostrar que estuviera vinculada a su colaboración con el Cartel de Sinaloa.

En la demanda civil de Florida están acusados García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quien también se le giró el mes pasado una orden de arresto por otras causas abiertas en México. También están demandados Samuel Weinberg, señalado como el principal cómplice del exsecretario, su esposa, su hijo y varios de sus familiares. La lista incluye además decenas de empresas fachada que fueron utilizadas para firmar los contratos y comprar las propiedades. El propio García Luna y sus allegados figuran como los directores, fundadores o beneficiarios finales de las compañías.

Linda Cristina Pereyra fue la única testigo que declaró a favor de García Luna en el juicio en Nueva York por narcotráfico. La mujer aseguró que todo su patrimonio estaba en regla y que fue fruto del trabajo del trabajo de su marido, así como de una serie de préstamos y pequeños negocios que ella pudo desarrollar. “Pensamos en salir fuera de México porque queríamos que nuestros hijos tuvieran una vida normal”, declaró. Al final, sus explicaciones no convencieron a los 12 miembros del jurado que menos de dos semanas después declararon culpable a su marido de todos los cargos.

Está previsto que el juez Brian Cogan, el mismo que llevó el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, dicte sentencia contra García Luna en septiembre próximo. Mientras tanto, seguirá tras las rejas en Estados Unidos. Desde otro frente legal, el Gobierno mexicano espera que avance el caso civil con la idea de recuperar el dinero reclamado. El expediente judicial en Florida incluye cientos de documentos, entre órdenes judiciales, denuncias, evidencias y recursos de ambas partes. La decisión sobre el destino final de la fortuna del exfuncionario está en manos de una corte de Miami.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país