La masacre en Chiapas de siete refugiados de Chenalhó llega al Palacio Nacional

El 2 de junio, siete indígenas tzotziles fueron masacrados por un grupo de hombres armados en Polhó, una pequeña comunidad rural perteneciente al municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas. Era el último episodio de una situación límite en el Estado, cuyos niveles de violencia crecen desde hace años y amenazan con conducir a un conflicto armado interno que, de acuerdo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, puede desembocar en guerra civil. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido a la matanza este jueves en su conferencia diaria de prensa: “Acerca de los asesinados en Chenalhó, al principio vi ese reporte, luego el Gobernador del Estado habló de un fallecido, pero no tenemos ahora la cifra de fallecidos. Nos dijeron que eran siete, pero vamos a pedir información”. A pesar de su aparente desconocimiento sobre el suceso, ha asegurado que las autoridades se están haciendo cargo: “Ya estamos atendiendo, estamos allá, está la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado de Chiapas”.

Los siete tzotziles eran refugiados. Procedentes del pueblo de Santa Martha, formaban parte de un grupo de unos 200 desplazados que tuvieron que abandonar su comunidad el octubre pasado, expulsados por un conflicto armado. Las balas, sin embargo, les persiguieron hasta Polhó. Un comando irrumpió en la bodega donde se resguardaban y “comenzó a realizar detonaciones con armas de fuego”, según la Fiscalía del Estado. Siete murieron, entre ellos un niño de tres años, de acuerdo con la prensa local. Más personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de San Cristóbal de las Casas. Lo único que ha señalado el Ministerio Público por el momento es que está investigando la masacre.

La matanza de Chenalhó no ha sido ni mucho menos un episodio aislado. Se enmarca dentro de una lógica más grande, de un conflicto armado latente que está poniendo en jaque Chiapas. Los expertos llevan años denunciando la situación, ante la aparente inoperancia de las autoridades. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha acusado las “interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los Gobiernos y empresas”, además de las “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. Según el Frayba, el Estado mexicano es “omiso, permisivo y aquiescente frente la actual violencia generalizada”, lo que ha generado la agudización de problemáticas ya existentes como los desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas o violaciones al derecho a la tierra.

A finales de mayo, la guerra entre el crimen organizado que atenaza a la población en una franja de la frontera entre Chiapas y Guatemala sufrió una nueva escalada. Cientos de habitantes de la zona se vieron obligados a abandonar sus hogares en el municipio Frontera Comalapa, al norte de Tapachula, por un recrudecimiento del conflicto armado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que los criminales están obligando a jóvenes de las comunidades a unirse a sus filas, bajo amenaza de muerte.

“Estamos atendiendo lo que sucede en los límites de Chiapas con Guatemala”, ha afirmado también este jueves López Obrador. “Son comunidades fronterizas de México y en efecto hay presencia de la delincuencia organizada”, ha señalado el mandatario. Según el presidente, los ataques armados se han producido porque un sector de la población mantiene relaciones con el crimen organizado, una lógica que defiende a menudo, mientras se niega a reconocer la escalada del conflicto armado, denuncian los expertos. “Han logrado tener en algunos casos reconocimiento, apoyo, de pobladores, los de la delincuencia organizada, por eso estos enfrentamientos. Estamos actuando, está la Guardia Nacional allá, y se está por aplicar un programa de fortalecimiento a los programas de bienestar en esa región”, ha añadido.

El cóctel de violencia está servido en el Estado. Se suceden balaceras, desplazamientos forzados, secuestros, masacres, nuevos grupos de autodefensa. Los ataques armados son numerosos, como el del 22 de mayo, cuando la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), un grupo paramilitar, irrumpió en una comunidad autónoma zapatista e hirió a Jorge López Santíz. El suceso rebasó la paciencia del EZLN y sus bases de apoyo, que aseguraron en un comunicado que “Chiapas está al filo de la guerra civil, con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas [gobernador de Chiapas] y [el presidente de la República] Andrés Manuel López Obrador”.

Este jueves, a las 16.00, una manifestación marchará desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México como respuesta a las agresiones a las comunidades zapatistas y en denuncia de la situación general en Chiapas.

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