Un juez echa atrás la detención de Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Finanzas de Segalmex

Un juez federal ha dado un nuevo revés a la Fiscalía General de la República (FGR) por deficiencias en la investigación del millonario desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto social creada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para llevar productos básicos a los más pobres. El juez Gregorio Salazar Hernández determinó el martes que no existían elementos suficientes para vincular a proceso a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y al que la Fiscalía detuvo el pasado 25 de abril acusándolo de delincuencia organizada y blanqueo de activos. El periódico Reforma ha informado de que la Fiscalía responsabilizaba a Navarro Gárate de una compra irregular de productos lácteos por un monto de 400 millones de pesos. El juez Gregorio Salazar también ordenó la liberación de Carlos Norberto Valero Flores, exsubdirector de Aseguramiento de la Calidad, y del exsubgerente Enrique Zamorano Solís, que tenía a su cargo la presentación de declaraciones de impuestos.

Solo fue vinculado a proceso Edgar Alejandro Armenta Peralta, representante legal de la empresa Grupo Vicente Suárez 73 S. A. de C. V., señalada por la Fiscalía de participar en el fraude de los productos lácteos. La negativa del juez de no vincular a proceso a los tres exfuncionarios de Segalmex se acumula al rosario de derrotas judiciales de la FGR en sus indagatorias por el desfalco de 15.000 millones de pesos en la institución. En semanas previas, otro juzgador decidió no vincular a proceso, por falta de pruebas, a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos, a quien la FGR buscaba implicar en otro fraude relacionado con la compra irregular de varias toneladas de azúcar. La Fiscalía ha intentado explicar el agujero de corrupción en Segalmex con la teoría de una supuesta red de delincuencia organizada integrada por funcionarios menores y empresarios. Sin embargo, la autoridad ha excluido de esa teoría intencionalmente al que fuera titular de Segalmex y jefe de todos los funcionarios hasta ahora acusados, Ignacio Ovalle, un amigo de López Obrador que continúa como funcionario del Gobierno, en otra institución de menor relevancia.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha expuesto que la empresa Grupo Vicente Suárez 73 fue creada por Alejandro Puente Córdoba, un empresario del ramo de telecomunicaciones que estuvo implicado en actos de corrupción de la FGR en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Constituida en 2014, la empresa obtuvo al comienzo del sexenio de López Obrador dos contratos de Segalmex-Liconsa plurianuales con valor de más de 4.000 millones de pesos. Los contratos eran para procesar y vender leche a la dependencia y fueron firmados en diciembre de 2019 por Armenta Peralta —ahora detenido—, que había fungido como abogado y apoderado legal de Puente Córdoba en múltiples negocios previos, de acuerdo con la publicación.

El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex al momento de la firma de los contratos era René Gavira Segreste, que ya ha sido acusado por la Fiscalía en otros asuntos de corrupción, uno de ellos relacionado con la inversión ilícita de recursos públicos en la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados, caso por el que Gavira ya ha sido exonerado por fallos de la FGR y de un juez federal. El sucesor de Gavira fue Navarro Gárate, que fue quien dio aviso de las irregularidades halladas en la Unidad de Administración y Finanzas.

Fuentes con conocimiento del caso señalan que Navarro Gárate armó nueve expedientes por irregularidades en las que implicó a Ovalle, cabeza de la institución, pero sus denuncias no prosperaron internamente. Las fuentes señalan que, aunque él no fue quien firmó los contratos con Vicente Suárez 73, es posible que haya sido involucrado por la FGR por haber suscrito convenios de reconocimiento de adeudos con esa compañía a su llegada a la Unidad de Administración, que fueron instrumentos implementados por Segalmex para aminorar daños a sus finanzas por actos de corrupción.

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