Segalmex, el hoyo negro de los fondos públicos de López Obrador

Segalmex se ha constituido como el hoyo negro de las finanzas de la Cuarta Transformación. El organismo encargado de la seguridad alimentaria en el país ha reportado nuevamente irregularidades millonarias en el gasto público, lo que lo señala una vez como el mayor desfalco registrado hasta ahora en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además ha sido judicializado y por el cual hay al menos un exfuncionario preso. La última entrega del control de la cuenta pública hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan inconsistencias por 2.346 millones de pesos durante 2021 solo en esa dependencia, que está bajo control de la Secretaría de Agricultura. En el acumulado desde su creación en 2019, dejan un total de 15.151 millones de pesos gastados sin rendir las cuentas correspondientes.

El Gobierno de López Obrador creó a su llegada Segalmex, que tenía como objetivo buscar la autosuficiencia alimentaria y fomentar el desarrollo económico y social del país. Pero desde su inicio se vio envuelto en la polémica: en poco tiempo se volvió una canal que fue utilizado para desviar fondos públicos. El escándalo escaló hasta la Fiscalía General de la República, que ha ahogado al organismo con investigaciones que partieron de 22 denuncias por desfalco de fondos públicos.

La última revisión de la ASF incluye dos auditorías hechas a Seguridad Alimenticia Mexicana y siete a los dos compañías que dependen de la agencia: cuatro a Diconsa, una empresa mayoritariamente estatal que gestiona unas 26.000 tiendas de productos alimenticios básicos, y tres a Liconsa, la empresa que vende y distribuye la leche subsidiada. Entre los hallazgos que ha hecho la Auditoría hay falta de documentación sobre los gastos y erogaciones realizados.

El informe señala, por ejemplo, el contrato por 58,9 millones de pesos por el alquiler de equipo de laboratorio, pesaje y bandas transportados a cuatro empresas, cuyas condiciones no se cumplieron acorde a la ley. O un contrato por 39,6 millones de pesos con otras cuatro empresas por conservación y fumigación de granos, sobre el cual no hay documentación que acredite que se cumplió en término. También registra pagos por servicios que finalmente no se adquirieron y documentación sobre proveedores que tienen firmas que presentan “inconsistencias en sus rasgos”.

Otro de los puntos no aclarados está en la compraventa de maíz que realiza Segalmex. De acuerdo a una de las auditorías, el organismo otorgó incentivos a medianos productores por 106 millones de pesos sin acreditar las facturas correspondientes. Además identificó la pérdida varios miles de toneladas de maíz blanco, que equivalían a 55,9 millones de pesos, por los que nunca se notificó a la afianzadora para hacer válido el seguro.

En cuanto a Diconsa, la ASF señala que falta documentación para acreditar qué sucedió con dos cuentas, una por 569,8 millones de pesos y otra por 730,4 millones de “mercancías que ya no se encuentran físicamente en los almacenes de Diconsa y no hay evidencia del derecho de cobro”. La Auditoría identificó además una pérdida de 56,6 millones por productos caducados o en mal estado ubicados en almacenes, que no fueron aprovechados ni reportados.

Segalmex ya habían reportado en 2020 el gasto de 8.637 millones de pesos de manera irregular. El año anterior, en 2019, que fue el primer año que operó el organismo registró irregularidades por 4.168 millones de pesos. Esos montos corresponden a la gestión de Ignacio Ovalle, que renunció en abril pasado en medio de un escándalo por irregularidades en los contratos y las adjudicaciones. Ovalle, uno de los hombres que acompañó a López Obrador desde los inicios de su carrera política, se fue casi sin dar explicaciones sobre las múltiples acusaciones de corrupción y actualmente está al frente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que depende de la Secretaría de Gobernación.

Mientras las cifras rojas de Segalmex siguen dando que hablar, la Fiscalía sigue adelante con las 15 carpetas de investigación que involucran al organismo. Una de las investigaciones indaga la compra de 100.000 títulos bursátiles adquiridos entre febrero de 2019 y junio de 2020 con recursos del organismo por un valor de 100 millones de pesos. Por ese caso, está vinculado a proceso y en prisión preventiva René Gavira Segreste, el director de Finanzas durante la gestión de Ovalle.

De acuerdo a lo documentado por este periódico, en una investigación realizada junto a Armando.info, Gavira estuvo también involucrado en una red opaca que intercambió alimentos por petróleo de Venezuela, que movió millones de euros en todo el mundo sin dejar rastro. El entramado, pensado para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista, recibió la ayuda del Gobierno mexicano. Segalmex era el organismo que iba a venderle alimentos a una empresa mexicana que fungiría de intermediaria. Eso al menos establecía un documento que llevaba la firma de Gavira, pero que el exfuncionario desmintió.

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