La CIDH acusa “intromisiones graves” en la investigación del ‘caso Ayotzinapa’

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a asegurar la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) para “reencausar” la investigación. Así lo ha señalado el Tercer Informe del Mecanismo de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), presentado este martes en la escuela normal Isidro Burgos en Guerrero. La encargada de MESA, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, ha alertado en entrevista con este periódico de una “injerencia” del Ejecutivo en la causa judicial y ha pedido medidas para que las familias de los estudiantes recuperen la confianza en quienes llevan la investigación. Para Arosemena de Troitiño, hubo “intromisiones graves” en el trabajo de la unidad del Ministerio Público, que llevaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo. La CIDH ha señalado además que, a ocho años de la desaparición de los 43, uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por parte del Ejército.

Gómez Trejo fue quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado. El fiscal del caso Ayotzinapa dejó su puesto tras semanas de desencuentros y choques con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. La unidad que llevaba la causa pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en la desaparición de los jóvenes. Poco después la FGR solicitó la cancelación de al menos 21 de esas órdenes de detención, entre quienes figuraban 16 militares, que habían sido acusados de delincuencia organizada. El propio presidente justificó la decisión de Gertz y aseguró que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.

Arosemena de Troitiño, que ha celebrado que el Gobierno mexicano reconozca Ayotzinapa como un crimen de Estado, ante la pregunta de si el presidente encubrió a militares, ha señalado que la calificación que se dio como “un asunto de Estado” trajo nuevos peligros en materia de independencia judicial. “Que sea un asunto de Estado significa que el país reconoce la trascendencia de un asunto como este, pero eso no puede facilitar que el Ejecutivo o el Legislativo intervengan en el sistema de justicia. Si el sistema de justicia está determinando un asunto, lo debe determinar basado en un material probatorio. Esa posición [del presidente] es injerencia”, ha dicho. “Lo que pide hoy el informe es que estos avances que fueron muy significativos, que se alcanzaron durante este tiempo, no se vengan abajo y que se fortalezca la unidad para que efectivamente se asegure que cumple con los estándares, una debida diligencia, una independencia en el trabajo”, ha agregado.

La CIDH celebró el cambio de estrategia que tomó la Administración de López Obrador al llegar al poder y crear tanto la UEILCA como la comisión presidencial, y aseguró que tuvieron un impacto positivo en la búsqueda de la verdad. Pero el organismo internacional señala que en las últimas semanas hubo denuncias de afectación a la independencia de estas dos instancias creadas, por lo que pide analizar los hechos denunciados y tomar “medidas concretas para reencausar la investigación”. Entre las acciones que el informe señala como actos que perjudicaron la independencia y fueron considerados “intromisiones graves” están precisamente la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión y el “preocupante desplazamiento” de la unidad en la judicialización y detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, el arquitecto de la “verdad histórica”.

En cuanto a las acusaciones que recaen sobre la entonces Procuraduría General de Justicia, dirigida por Murillo Karam, la CIDH ha considerado que la localización de restos óseos de dos estudiantes en la Barranca de la Carnicería desmintieron esa narrativa y permitieron abrir nuevas líneas de investigación para el esclarecimiento de lo sucedido. “Estos hallazgos constituyen una evidencia más que desvirtúa y demuestra las inconsistencias de la versión dada a conocer por la PGR en la que el destino final de los estudiantes normalistas habría sido el Basurero de Cocula o el río San Juan.

Arosemena de Troitiño ha reclamado también que se pasara por encima del exfiscal del caso, Omar Gómez Trejo, y se nombrara a una persona ajena al expediente, como el abogado Rosendo Gómez Piedra, hombre cercano al secretario de Gobernación. “Se pasa por encima de la autoridad y por eso hacemos el señalamiento de un retroceso en la independencia”, ha dicho. “La Fiscalía hoy tiene que demostrar que está actuando con independencia, tiene que demostrar que maneja el caso, que lo conoce, para no romper con este proceso, que no queremos que termine con una decisión que refleje precisamente el desconocimiento del caso o sencillamente la impunidad”.

Una de las mayores polémicas recientes en la investigación fue la captura de una serie de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala, que fueron presentados por la comisión presidencial, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. Después de difundidas, el GIEI desechó esas pruebas porque no era “posible garantizar la originalidad de los mensajes”. La comisionada ha agregado este martes que fue una jugada apresurada por parte de la comisión de Encinas y que será la UEILCA quien deberá acreditar la veracidad de esas imágenes.

Sobre el ocultamiento de información, la comisionada recuerda en la entrevista que ella asistió a una reunión en la Secretaría de la Defensa, donde se les aseguró que las fuerzas armadas no tenían “nada que ver” con el asunto. “Resulta alarmante la aparición y entrega tardía de una serie de documentos bajo la custodia de fuerzas militares y órganos de inteligencia del Estado”, incide el informe. El documento, que contiene recomendaciones al Estado mexicano en materia de desaparición forzada, afirma que mientras la comisión presidencial y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la CIDH, accedieron a documentos del Ejército, mientras que a la Fiscalía se los negaron o les dijeron que no existían.

A ocho años de la desaparición de los 43, la CIDH reconoce que el paradero de los jóvenes, el esclarecimiento de lo sucedido y la determinación de los responsables continúa pendiente. La teoría de la Fiscalía es que lo que pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014 fue producto de una disputa entre Guerreros Unidos y otra organización criminal rival. Mientras que la Comisión de la Verdad maneja la hipótesis, en la misma línea que la anterior, que se debió a un cargamento específico en juego. La teoría de la CIDH tiende más hacia la primera, y agrega: “Se observan piezas de evidencia que indican que los estudiantes podrían haber sido privados de la vida y sus restos desaparecidos a través de cremaciones o mediante su disolución en ácido”.

En las últimas semanas, y ante los diversos sucesos de la causa, el GIEI se debatió entre alargar su mandato hasta diciembre o dar por finalizada su participación. De sus miembros, Ángela Buitrago y Carlos Beristain decidieron continuar, mientras que Francisco Cox y Claudia Paz decidieron irse porque no había condiciones para quedarse. Con solo la mitad del grupo, se convirtió entonces en un mecanismo de seguimiento. Consultada sobre esto, Arosemena de Troitiño quitó hierro a la situación y evadió responder si habían recibido presión del Gobierno. “Se tenía que llegar a un punto final, porque esto en algún momento tiene que concluir”, ha explicado.

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