Digna Ochoa, 21 años de la muerte de la defensora de derechos humanos

Digna Ochoa y Plácido fue hallada sin vida en su despacho de la colonia Roma el 19 de octubre de 2001. La abogada veracruzana de 37 años laboraba desde 1988 en el Centro Prodh en Ciudad de México, acompañando jurídicamente casos de violaciones graves a los derechos humanos como la Masacre de Aguas Blancas, en la que 17 campesinos fueron asesinados a manos de la policía estatal de Guerrero; el caso de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de terrorismo; o el de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, dos campesinos ecologistas detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del Ejército mexicano. De ahí que a 21 años de su muerte, tanto su familia como su representación legal, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sostengan que se trató de un crimen de Estado.

Antes de su muerte, Digna Ochoa recibió amenazas vinculadas a su actividad como defensora de derechos humanos y fue víctima de dos secuestros en 1999. Un mes más tarde, el Centro Prodh recibió tres sobres con amenazas, una de ellas expresamente dirigida a Ochoa. Entonces, la defensora solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez pidió al Estado mexicano protección urgente. También levantó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin embargo, no se identificó a los autores de las amenazas y ataques.

Tras un breve autoexilio en Washington, Ochoa volvió a Ciudad de México en marzo de 2001, no obstante, una serie de notas amenazantes halladas tras su muerte y recopiladas por ella misma al interior de un sobre con la fecha en que recibió cada una, revelan que la espiral de acoso e intimidación no se detuvo. El último mensaje, con fecha del 16 de octubre, contiene un escueto “¿Cómo estás? ¿Pensabas que te habías librado de nosotros?” solo tres días antes de su muerte.

“El caso de Digna es particular. Ella tenía medidas cautelares antes de ser asesinada y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenía conocimiento de su condición de riesgo. Cuando Digna es asesinada, la Comisión IDH se pronuncia y comienza a dar seguimiento al caso”, explica a EL PAÍS David Peña, abogado defensor y miembro del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), acompañó jurídicamente a la familia Ochoa y Plácido durante el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el último capítulo en busca de esclarecer la muerte de Ochoa y determinar las omisiones del Estado mexicano en el caso.

Una investigación “absolutamente deficiente”

En enero de 2022, el tribunal sentenció a México por las “graves irregularidades” cometidas en la investigación de la muerte de Digna Ochoa. La Corte IDH encontró falencias en el manejo de la escena del crimen y en la necropsia médico legal, definió que la investigación estuvo sesgada desde el principio por la aplicación de estereotipos de género y que “se apeló a aspectos íntimos y personales de la defensora, todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad”.

“Toda la investigación estuvo mal hecha”, afirma Peña, con énfasis en una de las conclusiones de la Corte que define el trabajo de las autoridades mexicanas como una “investigación absolutamente deficiente”. En 2001, la indignación que provocó la muerte de Digna Ochoa llevó a la Procuraduría General de Justicia capitalina a plantear tres líneas de investigación: la principal que ahondaba en la posible autoría militar, otra que relacionaba su actividad en defensa de campesinos y ecologistas en Guerrero en detrimento de los intereses de caciques de la región, y una enfocada en su entorno familiar, social y laboral. Tras desechar las tres líneas de investigación, una medida calificada de arbitraria por la sentencia de la Corte, la Procuraduría descartó la hipótesis de homicidio y determinó que se trató de un “suicidio simulado”.

La reapertura de la investigación

La medida más relevante incluida en la sentencia fue la reapertura de la investigación, una orden de la Corte Interamericana que concretó la Fiscalía General de Ciudad de México con la creación de una unidad especializada para el caso a mediados de este año. “La reapertura implica regresar el expediente a homicidio y que se tiene que investigar como tal. Con esto se viene abajo la hipótesis y la construcción que se hizo en torno al supuesto suicidio de Digna”, asegura Peña. “Se trata de un acto de reivindicación de la memoria y el trabajo de Digna, de su condición como defensora de derechos humanos”.

La Corte también concluyó que México violó el plazo razonable para la investigación de los hechos, con “largos períodos de inacción e inactividad” del proceso judicial. En 2003 y 2007, la Procuraduría determinó que no había delito qué perseguir y tras rechazar una tercera inconformidad, cerró definitivamente el caso en septiembre de 2011. A pesar de su reciente reapertura, David Peña considera que las más de dos décadas dificultan el acceso a la verdad y la justicia. “Hoy tenemos una investigación abierta 21 años después, pero ¿dónde vamos a encontrar testigos de hace 21 años? Ha habido voluntad de avanzar, pero desde luego que esto repercute negativamente en la calidad y la posibilidad de acceder a la justicia”.

Una disculpa pública del Estado mexicano

Uno de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte IDH ordena al Estado mexicano a disculparse públicamente y reconocer su responsabilidad internacional en el caso. El acto, improbable en las administraciones anteriores, se llevará a cabo el 19 de octubre de 2022, en el vigésimo primer aniversario luctuoso de la defensora de derechos humanos. “Es un evento simbólico, una medida de satisfacción para las víctimas (hermanas, hermanos y padre). Será un día emblemático para la familia, por la fecha y el lugar”, explica Peña, mientras detalla que a petición expresa de Jesús Ochoa, hermano de Digna, el evento se llevará a cabo en Los Pinos, la residencia oficial devenida centro cultural desde finales de 2018, “un lugar icónico del priismo, del panismo; del poder que enlodó a Digna”.

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