Los familiares de los 43 de Ayotzinapa: “Desde un principio señalamos al Ejército y los policías que participaron en ese crimen de Estado”

Cuarenta y tres nombres. Uno detrás de otro. Gritados con toda la fuerza de los pulmones, en muecas desencajadas, bajo una lluvia torrencial que azota Ciudad de México el último viernes de agosto. Es día 26 y como cada mes desde hace casi ocho años, por las calles de la capital se manifiestan los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural normal de Ayotzinapa (Guerrero), en un ataque perpetrado por policías y criminales la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Esta última protesta, sin embargo, tiene algo distinto. La investigación ha sufrido un vuelco que nadie esperaba: en apenas dos semanas, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia reconoció que el secuestro de los jóvenes fue un “crimen de Estado”; fue detenido Jesús Murillo Karam, ex fiscal general de México, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia; un juez mandó arrestar a 20 militares y, el pasado viernes, el Gobierno ha señalado a un coronel del Ejército como el hombre que presuntamente dio la orden de asesinar a 6 de los 43 estudiantes. Sin embargo, los parientes de los desaparecidos todavía ven los nuevos avances con recelo. Así lo sintetiza Maximino Hernández Cruz, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz: “No es suficiente para nosotros, falta muchísimo todavía. Esto apenas empieza”.

La primera noticia que rompió el aparente estancamiento de la investigación fue la calificación de la desaparición de los estudiantes como un crimen de Estado. Era la primera vez que el Gobierno aceptaba una realidad que los familiares llevaban años defendiendo. “Casi ocho años hasta que lo reconocieron como un crimen de Estado. Nosotros desde un principio, siempre, señalamos al Ejército, a los policías, a todas las corporaciones que participaron. No nos equivocamos, no engañamos al pueblo, todo lo que dijimos ahora está saliendo a la luz que así fue”, se enfada Estanislao Mendoza, padre del estudiante Miguel Ángel Mendoza Zacarías, al final de la manifestación: más de una hora bajo una tormenta eléctrica a través del tráfico del Paseo de la Reforma.

“Después de ocho años el Gobierno está asegurando que es un crimen de Estado, cuando el GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes], lo estaba diciendo antes con pruebas, pero a mi parecer también es un avance que lo acepten”, resume Alexander Salazar (19 años), estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el mismo centro de enseñanza al que acudían los 43.

Un día después de que viera la luz el informe de la Comisión, fue detenido Murillo Karam. Es el primer político de alto nivel que se sienta en el banquillo por el ‘caso Ayotzinapa’: el arquitecto de “la verdad histórica”, una versión oficial promovida por la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que defendía que los estudiantes fueron quemados en el vertedero de Cocula y sus restos, después, fueron lanzados a un río cercano. Investigaciones independientes plantearon muchas irregularidades, algo que suscribió también la Comisión, creada durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. “No nos podemos alegrar, está detenido, no está juzgado”, matiza Hernández Cruz sobre el ex fiscal general.

“Por una parte vemos que se empieza a hacer justicia, pero no sabemos si se va a quedar más tiempo en la cárcel o va a salir. Queremos que se quede y que jale [agarre] a todos los demás que participaron en la verdad histórica”, razona Mendoza. “No vamos a estar contentos, queremos justicia y que los lleven a una cárcel como a cualquier maldito que hizo todo esto”, añade Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getsemany Sánchez García, también al final de la protesta. Por el momento, un juez ha ordenado que Murillo Karam permanezca en prisión hasta la celebración del juicio. Junto a él, la justicia dictó también el arresto de 20 “mandos militares y personal de tropa”, 44 policías, 14 presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y cinco “autoridades administrativas y judiciales” de Guerrero.

La guinda llegó este viernes, cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declaró que el coronel José Rodríguez ordenó el asesinato de seis de los estudiantes. La revelación ha caído como un mazo sobre el ánimo de los familiares, que tras ocho años de peregrinación por el desierto en busca de sus hijos, se resisten a creer en nada sin pruebas sólidas que lo avalen. “Nos lastimó mucho, sentimos un dolor profundo, porque Encinas dijo que estaban muertos. No tiene ninguna prueba científica que compruebe que nuestros hijos están muertos. Todavía es mentira hasta que nos digan ‘aquí están los cuerpos’. Mientras no haya nada vamos a seguir buscándolos con vida”, sintetiza Mendoza.

—Con los nuevos avances, ¿se sienten respaldados por el Gobierno?

—Más o menos. No estamos convencidos todavía hasta que tengamos la verdad.

“Hemos estado muy tristes, esa información nos dolió mucho”, coincide García Velázquez. “Nos da mucho coraje porque desde un principio nosotros señalamos quienes eran las personas que estaban involucradas y nunca nos oyeron hasta ahorita. Todo el tiempo supimos que los militares tuvieron participación, pero no nos creían. Desde un principio nos han querido engañar. El presidente [López Obrador] es diferente al anterior [Peña Nieto], nos ha apoyado, pero lamentablemente tiene mucha gente que no hace su trabajo. Nosotros vamos a seguir en esta lucha hasta que tengamos prueba científica”.

La lluvia sigue cayendo sin descanso sobre la Ciudad de México. Los familiares y los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, compañeros de los 43 desaparecidos, han aguantado el tipo bajo el agua sin inmutarse. Muchos visten sandalias, típicas en la zona rural de Guerrero, y llevan los pies y la ropa empapados. La tormenta da un aura más trágica aun a los cánticos y las proclamas. “Queda seguir luchando hasta saber el paradero de los muchachos y que se castigue a todos los responsables. Seguimos esperando encontrarlos con vida. No hay ninguna prueba científica que diga ‘aquí están los restos’. No lo aceptamos todavía”, sentencia Hernández Cruz.

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