López Obrador choca con la Suprema Corte por la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa

La propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa está en el centro de un nuevo choque entre Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. El presidente no ve con buenos ojos que se declare inconstitucional utilizar el encarcelamiento para evitar el riesgo de fuga. “La esencia es que se busque impunidad y corrupción”, ha dicho el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa de este miércoles. Está previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la validez de esta medida cautelar el próximo mes de septiembre. En su proyecto, el ministro Luis María Aguilar asegura que los encarcelamientos de oficio no se pueden aplicar de forma automática porque violan los principios jurídicos de presunción de inocencia y proporcionalidad de las sanciones. La decisión que tome el máximo tribunal puede ser determinante tanto en el terreno de los derechos humanos como en las estrategias de procuración e impartición de justicia y prevención del delito en México.

“La prisión preventiva constituye una medida excepcional y no puede ser la regla general, es decir, debe ser inusual y utilizarse sólo de manera insólita”, plantea Aguilar en el texto que se discutirá en el pleno de la Corte. El ministro pone en la mira una reforma que se aprobó en el Congreso en 2019 que amplia el catálogo de delitos por los que se puede encarcelar a una persona para evitar el riesgo de fuga y alega que contemplar esta medida para más delitos choca con artículos de la Constitución que consagran los derechos humanos y el respeto a la libertad de los ciudadanos.

La reforma al artículo 19, que rige cuando se puede aplicar la prisión de oficio, establece que una persona puede ir a la cárcel de forma automática cuando es acusada de delitos como violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas. Entre otros, en ese catálogo de delitos graves también están el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo a casa habitación, a transporte de carga y de combustible, lo que coloquialmente se conoce como huachicoleo. También hubo modificaciones en el Código Penal y Fiscal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional en concordancia con esa ampliación del catálogo de delitos graves.

El problema que identifica Aguilar es que se abusa del encarcelamiento de los acusados como medida de prevención del delito, lo que hace que muchas personas estén en la cárcel durante años antes de ir a juicio y, en su caso, recibir una sentencia. En esencia, son privadas de la libertad antes de que se compruebe si son culpables o no, lo que en la opinión del ministro va contra los derechos humanos. Cuatro de cada diez personas tras las rejas en México están en la cárcel bajo el principio de prisión preventiva, casi 92.600, según el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria que publicó la Secretaría de Seguridad en junio de 2022. La mayoría de esas personas, sostiene el ministro, están en condiciones de vulnerabilidad y no tuvieron acceso a una defensa adecuada.

Además del proyecto de Aguilar, hay otro elaborado por la ministra Norma Lucía Piña sobre un amparo en revisión y que también está relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Es probable que los proyectos se analicen en conjunto en los próximos días. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado durante años que la prisión preventiva no debe utilizarse de facto como una medida punitiva y han insistido en que las autoridades deben encontrar otros mecanismos para evitar fugas y reincidencia de los criminales. La discusión se intensificó en esos últimos años que se aprobó el nuevo sistema penal acusatorio y en los que comenzó su aplicación.

El contraargumento de las autoridades es que ese nuevo sistema penal acusatorio, bajo el argumento de garantizar los derechos humanos, ha complicado las tareas de contención del delito y que a las pocas horas que detenían a alguien ya estaba saliendo por la puerta por orden de un juez. La intención de la reforma de 2019, aprobada por la mayoría legislativa de Morena, era dar un marco legal para que los detenidos no pudieran escapar fácilmente de las diligencias tras cometer un delito grave. “Hay dos temas en la Corte, una eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, ha señalado López Obrador. Para el Gobierno y la Fiscalía General, acotar o eliminar la prisión preventiva es quitar armas para combatir el crimen.

La abogada Paola Zavala Saeb dice que la ley ya contempla 13 medidas cautelares para delitos graves, entre ellas la prisión preventiva justificada, pero aclara que lo que se está analizando en esta sesión de la Corte es que ya no se utilice prisión preventiva oficiosa, es decir, que se aplique de forma automática para ciertos delitos. Zavala Saeb señala que es crucial diferenciar la prisión preventiva justificada y oficiosa, y que lo que se está buscando impulsar es que las Fiscalías justifiquen adecuadamente el uso de la prisión preventiva cuando lo amerite y que los jueces no estén atados de manos para aplicarla de oficio. “El Estado no está trabajando en la investigación de los delitos”, comenta.

López Obrador pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, que fijaran una postura oficial previa a la votación del máximo tribunal. “Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos”, se lee en el posicionamiento del Ejecutivo. El Ejecutivo también revirtió el viejo reclamo de la sociedad civil de que las autoridades debían encontrar una alternativa a la prisión de oficio y dijo que era la Suprema Corte la que debía idear otros mecanismos para garantizar que la justicia fuera expedita.

El presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, ya se ha pronunciado en contra de la prisión preventiva y ha dicho que es “inconvencional” con la Carta Americana de Derechos Humanos. Zaldívar basó su criterio en la incompatibilidad entre lo que dice la Constitución y lo que dictan los tratados y convenciones internacionales a los que se ha suscrito México. Frente a esa contradicción, señala el ministro presidente, la interpretación constitucional que debe pesar más es la defensa de las libertades de las personas. “Es inconstitucional, así lo he defendido siempre”, escribió en sus redes sociales.

“¿Qué no un juez debería, independientemente de lo legal, buscar la impartición de justicia?”, ha sostenido López Obrador. “Pedimos al máximo tribunal que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal”, se agrega en el comunicado publicado horas más tarde. La sesión del Poder Judicial está programada después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebre una sesión este viernes sobre un caso relacionado con la prisión preventiva en el país: García Rodríguez y Reyes Alpízar contra México. Con la polémica de fondo, la decisión está en manos de la Corte, con las implicaciones potenciales que esto puede tener en el sistema judicial del país y para miles de personas en su sistema penitenciario.

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