Las claves del ‘caso Ayotzinapa’: qué se sabe hasta ahora

El caso de los 43 estudiantes de Magisterio desaparecidos en Guerrero en 2014 ha tomado un nuevo impulso. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que creó poco después de tomar el poder una Comisión para la Verdad encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha intensificado la búsqueda de la justicia. La reciente detención del máximo responsable de la investigación, el que fuera fiscal general, Jesús Murillo Karam, y la audiencia de este miércoles en su contra, se suma a la presentación de un amplio informe sobre lo que sucedió esa noche del 26 al 27 de septiembre. En los últimos días, han quedado aclarados por primera vez de manera oficial dos puntos importantes que van más allá de la persecución y el asesinato de los jóvenes: la participación activa de agentes del Estado con miembros del crimen organizado y todo el aparato de Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) dedicado a montar una versión falsa que incluyó tortura de los detenidos y manipulación de escenas del crimen. Una actuación que no solo impidió el acceso a la verdad, sino que revela las prácticas más oscuras del Estado para enterrarla durante ocho años.

Qué es lo que se sabe de lo que sucedió esa noche

Se sabe que la plaza estaba caliente. Que los estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayoztinapa habían provocado disturbios desde el año anterior contra el Gobierno municipal de Iguala, encabezado por el alcalde José Luis Abarca, por la desaparición y asesinato del líder campesino Arturo Hernández Cardona. Que Abarca y el crimen organizado los amenazó: si regresaban al Ayuntamiento, enfrentarían las consecuencias. Que los grupos criminales que controlaban la zona, Guerreros Unidos y Los Rojos, estaban en una pelea por el poder del territorio.

Por su tradición de lucha social de este tipo de escuelas y ante el intento del Gobierno de controlarlas, el Ejército había infiltrado a un soldado entre los jóvenes, Julio César López Patolzin. Su misión: informar a los mandos de las actividades de los normalistas. Asambleas, mítines y marchas y cualquier movimiento que “pusiera en riesgo la seguridad nacional”, se lee en el informe de la Comisión. Su último reporte fue el 26 de septiembre a las 10 de la mañana. Desapareció junto al resto. Ningún mando militar ordenó su búsqueda, como manda el protocolo, lo que hubiera permitido encontrar o conocer la verdad de los estudiantes.

El 25 de septiembre, los normalistas se preparaban para acudir a la marcha histórica del 2 de octubre en la Ciudad de México —una manifestación que se repetía cada año y reunía a líderes sociales de todo el país para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 68—. Cada año, buscaban la forma de que autobuses de línea privada los trasladaran a la capital. Ese día solo habían conseguido ocho de los 20 que necesitaban.

A las 11.30 horas de la mañana del 26 de septiembre, un grupo de normalistas trató de “tomar” más autobuses en la terminal de Chilpancingo, pero las autoridades se lo impidieron y se regresaron a Ayotzinapa, a 15 kilómetros de ahí. Por la tarde, planearon ir hacia el norte, Iguala, al municipio de Rancho del Cura para pedir dinero y seguir con la toma de autobuses. A las 17.00 salen dos autobuses de los estudiantes hacia ese rumbo. Uno de esos autobuses, con 80 estudiantes, sigue hacia una caseta en Iguala para intentar tomar otro vehículo en la carretera federal. El grupo del primer autobús, consigue otro más (que tienen que abandonar después) y se dirige a la estación de autobuses de Iguala a dejar al resto del pasajeros. Ahí llegan dos autobuses más de normalistas para apoyar a sus compañeros: recorren los andenes y deciden tomar tres más. De uno de ellos, el quinto, de la compañía Estrella Roja, se sospecha que transportaba droga o armas.

A las 21.16 de esa noche los estudiantes salen de la estación de Iguala con cinco autobuses. Cuatro salieron por la calle principal y el quinto, el sospechoso, salió por la parte trasera de la terminal.

A partir de ese momento comienza una persecución de los jóvenes. Se instalan 17 retenes en un radio de 80 kilómetros, compuestos por la policía municipal y miembros del crimen organizado. Y los detuvieron a punta de fusil en dos puntos: en la calle Juan N. Álvarez y otro, en el Palacio de Justicia, al este de la ciudad, donde se instaló un retén con policía federal y cerca de ahí, otros dos retenes, al sur y al oeste, por parte del crimen organizado, Guerreros Unidos, con ayuda de la policía municipal. La policía de Iguala baleó los autobuses, pinchó las ruedas, y disparó en la cabeza a uno de ellos en Juan N. Álvarez. Aldo Gutiérrez Solano, el primer muerto. Eran las 10 de la noche.

A esa hora salen dos vehículos de estudiantes desde Tixtla, a unos 120 kilómetros al sur, para ayudar a sus compañeros, pues ya les habían avisado de que los estaban persiguiendo y atacando en diferentes puntos de Iguala. Horas después, según los testimonios de algunos miembros de Guerreros Unidos detenidos y de los mensajes interceptados, el narco dio la orden de asesinarlos al asegurar que se trataban de rivales de Los Rojos y no de estudiantes.

Los estudiantes a bordo de cuatro camiones son detenidos y llevados a diferentes dependencias de la policía de Iguala y de Huiztuco, un pueblo cercano, cuyo jefe de policía habló esa noche con un líder de Guerreros Unidos. A las 22.40 el quinto camión, sospechoso de cargar droga, se detiene al llegar al Palacio de Justicia y es registrado por policías federales. No le impiden el paso, a diferencia del resto, solo bajan a los jóvenes que tienen que correr para huir de la policía que los persigue a balazos.

A las 23.30 se produce otro ataque en el retén del sur, en el crucero de Santa Teresa, los policías de Huiztuco, el pueblo cercano que apoyó a la policía de Iguala, balearon desde diferentes puntos el autobús del equipo de fútbol local Los Avispones y mataron a tres personas: uno de los jugadores, una mujer que iba en un taxi y el conductor del autobús que murió días más tarde en un hospital. La información de inteligencia señaló que los confundieron con los normalistas.

Pasada la media noche, estudiantes y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero da una conferencia de prensa en Iguala. Y alrededor de las 00.15 horas, sicarios de Guerreros Unidos atacan a los participantes y acribillan a dos normalistas. El resto corren a resguardarse en una azotea, en un terreno y en dos viviendas. Uno de los asesinados, Julio César Mondragón, El Chilango, fue tiroteado mientras corría y su cadáver apareció torturado a la mañana siguiente.

Entre las 3 y las 8 de la mañana del 27 de septiembre se presume que se dio la orden de ejecutar y desaparecer a los estudiantes. Pero el informe no desvela los detalles de las comunicaciones entre miembros del crimen organizado y autoridades. A partir de las 8 de la mañana comienza la operación del Gobierno para ocultar la verdad. El informe señala algo importante: cuatro días después de la noche de Iguala, seis estudiantes estaban todavía con vida, secuestrados en una bodega en Pueblo Viejo. Nadie hizo nada.

El 30 de septiembre se tiene registro de que un tal Coronel ya se había encargado de esos seis estudiantes y se daría a la tarea de “limpiar todo”. Los restos de los estudiantes fueron escondidos en diferentes puntos. Algunos, al menos cinco, fueron “cocinados”, disueltos en ácido. Lo que no había podido ser ocultado, se trasladó a tres ranchos —La Mina, Lomas de Coyote, Rancho del Cura— y un dato más que es clave: a las instalaciones del Ejército en Guerrero, el 27 Batallón.

En qué consistía la llamada “verdad histórica”

El objetivo principal de la llamada “verdad histórica”, denominada así por el propio fiscal general de México, Jesús Murillo Karam —detenido la semana pasada y acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia— era dar carpetazo a la tragedia cuanto antes, según el informe de la Comisión. Pero además, ocultar los vínculos del crimen organizado con las autoridades federales, incluido el Ejército. Que pagaran los miembros del crimen organizado y las autoridades municipales y estatales que habían colaborado con ellos. Pero que el asunto no escalara a la oficina del Gobierno federal de Peña Nieto.

Para ello, se diseñó una narrativa de los hechos a medida, que incluyó la tortura de los detenidos para falsear testimonios e incluso la manipulación de escenas del crimen inventadas. Llegaron a depositar los restos de un normalista, Alexander Mora, en el escenario que cuadraba para su versión, el basurero de Cocula.

La historia que ha permanecido ocho años en la memoria colectiva y que diseñó el Gobierno anterior consistió en que los estudiantes buscaban boicotear un acto de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Lo que provocó la persecución y detención de los normalistas. Según esta versión, los jóvenes fueron trasladados a la Comandancia de la policía de Iguala. Y ahí, entregados al crimen organizado. Sicarios de Guerreros Unidos los incineraron en el basurero de Cocula, al confundirlos con rivales de Los Rojos. Y los restos fueron arrojados a un río cercano.

Esta versión fue cuestionada desde un inicio, principalmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que además aportó pruebas durante estos años que refutaban la “verdad histórica”, un trabajo que ha sido clave para la elaboración del informe del Gobierno actual.

Políticos de alto nivel acusados

Según el informe, los políticos y funcionarios de alto nivel señalados por tortura y desaparición forzada son, además de Murillo Karam, el director de la Agencia de Investigación Criminal y jefe de las operaciones de la Fiscalía esos días, Tomás Zerón —prófugo y refugiado en Israel, México busca su extradición—. También, el subprocurador de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la misma institución, Hugo Ruiz y el titular de la Unidad Especializada en Secuestro, Gualberto Ramírez.

Las acusaciones se extienden a altos cargos de la Marina, del CISEN (centro de inteligencia), de la Policía Federal, donde se menciona al actual jefe de Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; además de altos mandos del Ejército, como el comandante Alejandro Saavedra. El 30 de noviembre de 2017, con Peña Nieto aún en el poder, Saavedra fue designado Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Con la entrada de López Obrador a presidencia, Saavedra no llegó al máximo puesto de la Sedena —como lo había recomendado el exsecretario Salvador Salvador Cienfuegos—, pero sí obtuvo la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

Tras la detención de Murillo Karam, el político de más alto nivel sentado en el banquillo por los hechos hasta ahora, la Fiscalía General de la República dio a conocer la petición de 83 órdenes de captura. Entre ellas, las de 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de infantería, 11 policías estatales de Guerrero, 26 agentes municipales de Huitzuco, 6 de Iguala y uno más de Cocula. En la lista también están incluidos 14 miembros de Guerreros Unidos y 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero.

Cuántos detenidos hay por el caso y cuántos han sido liberados

El informe menciona que se llevaron a cabo 112 detenciones, entre miembros del narco, exfuncionarios públicos y un miembro de las Fuerzas Armadas. Y agrega: “quedando pendientes la detención de objetivos de relevancia, acusados de desaparición forzada, tortura y otros delitos”. Un día después de que se hiciera público ese informe, se detuvo a Murillo Karam.

La Comisión denuncia el labertinto burocrático que complicó el acceso a la justicia en este caso. Hay 28 causas judiciales abiertas en siete juzgados de siete Estados del país y además con dos sistemas acusatorios diferentes, pues el nuevo procedimiento penal entró en vigor en mitad de los procesos.

Un juez de Tamaulipas liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por las autoridades. En febrero de este año se liberó a otra detenida, trabajadora del sistema C4 de cámaras de seguridad públicas, y cuyo testimonio fue clave para la “verdad histórica”, por falta de pruebas. En 2019 fue liberado otro detenido, Marco Antonio N. , alias La Pompi, presunto integrante de Guerreros Unidos que participó en la persecución y asesinato de al menos un normalista —según los mensajes interceptados—.

Las grandes incógnitas que no despeja el informe

Pese a que la investigación de la Comisión intensifica la búsqueda de verdad y justicia de lo que sucedió esa noche. Todavía hay importantes lagunas en el caso. No aclara dónde están los restos de los 40 estudiantes desaparecidos que faltan, tres han sido ya identificados. Los mensajes sobre las órdenes de ejecución y desaparición de los estudiantes no han sido reveladas, de manera que no se sabe quién dio la orden ni por qué.

Tampoco qué llevó al Gobierno federal a organizar una trama de esas dimensiones para ocultar la verdad. No profundiza en el papel del Ejército, por qué no hicieron nada incluso teniendo a un soldado infiltrado. Y no hay más información sobre cómo es posible que los restos de algunos de ellos se llevaran a las instalaciones de un batallón en Guerrero y qué hicieron con ellos.

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