Una carta y una promesa a medio cumplir: la raíz de las disputas entre México y EE UU en el T-MEC

Una madrugada de julio de 2018, en la capital estadounidense, uno de los negociadores mexicanos del tratado comercial de Norteamérica (TMEC) recibió un recado del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador. “Hay que eliminar cualquier referencia al sector energético”, le dijeron. La orden, que parecía una imposibilidad, se convirtió años después en la raíz de las disputas que enfrentan hoy a México con sus más importantes socios comerciales.

Testimonios, tanto públicos como anónimos, de personas con conocimiento directo de la última etapa de negociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, muestran que hay un hueco entre lo que López Obrador pidió y lo que se hizo. En sus cuatro años en el poder, el mandatario mexicano ha tramitado leyes que otorgan un monopolio a las empresas energéticas del Estado, cancelado permisos de operación a empresas privadas y revertido la apertura comercial de su antecesor. Esto, aseguran EE UU y Canadá, viola el TMEC y para comprobarlo, han iniciado consultas formales que ponen en riesgo miles de millones de dólares en ingresos.

Antes de ganar las elecciones de julio de 2018, López Obrador nombró a Jesús Seade, reconocido académico y economista especializado en comercio internacional, como su futuro representante en las negociaciones que se llevaban a cabo entre los tres países de Norteamérica. En efecto, pasada la victoria electoral, Seade se incorporó al equipo que conformaban los funcionarios de la Administración de Enrique Peña Nieto.

Su mandato era hacer del sector energético la excepción. En ese momento, tal orden pudiera resultar confusa, ya que tanto en campaña como en declaraciones poselectorales, López Obrador aseguraba que no daría revés a la reforma de 2013 que abrió el sector a la participación de empresas privadas. A pesar de la incongruencia, Seade entregó a Robert Lighthizer, negociador estadounidense, una carta en la que formalmente pedía la eliminación del sector energético del tratado. Lighthizer no reaccionó con amabilidad, recuerdan fuentes, y se dijo insultado de estar recibiendo tal trato cuando su país es su comprador más grande. Poco después, aseguran las fuentes, Seade cayó en la cuenta de que, si México quería permanecer en el bloque, el sector energético debía quedar como estaba ya pautado. Seade, actual embajador de México en China, no respondió a un correo y una petición de entrevista hecha de EL PAÍS para esta publicación.

Tras una pausa de algunas semanas en la negociación, Seade regresó a la mesa con un texto alternativo para reemplazar el capítulo 8 del tratado, el cual abordaba temas de cooperación regulatoria en materia energética entre los tres países. En su lugar, Seade elaboró un texto de media cuartilla que reiteraba lo que ya dice la Constitución mexicana: que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de México. Ya que esto se refleja en todo el acuerdo, la propuesta no fue recibida con resistencia. Tras esta resolución, el acuerdo avanzó en sus respectivos congresos, fue aprobado y firmado por los tres mandatarios, incluyendo López Obrador.

La reforma energética del Gobierno anterior, al contrario de lo que asegura López Obrador, no entregó los recursos a empresas privadas extranjeras, sino que permite al Estado otorgar licencias o permisos de exploración, explotación y/o producción a cambio de tasas impositivas sobre los réditos. En el marco del TMEC, empresas estadounidenses y canadienses gozarían de ciertas garantías pactadas bajo el acuerdo comercial.

Pero el capítulo 8 no era el único con referencias al sector energético y haberlo eliminado por completo no cambió sustancialmente los derechos de los que gozan empresas estadounidenses y canadienses en México por haberse comprometido a jugar bajo las reglas del TMEC. El tratado incluye capítulos de inversión y de empresas del Estado, por ejemplo, en donde se hace referencia a los sectores energéticos en los tres países.

Legisladores de Morena, partido del presidente, así como su gabinete “fallan al observar que en una serie de capítulos importantes están obligados a dar un trato justo a la competencia, no solo la de Estados Unidos, sino a las mexicanas privadas que compiten con las empresas del Estado... y es ahí donde el problema inicia”, dijo Ildefonso Guajardo, quien lideró las negociaciones como secretario de Economía de México, en un programa de televisión el pasado domingo.

En un video publicado en redes sociales por Guajardo, con fecha del 27 de agosto de 2018, Seade aseguró que López Obrador no echaría para atrás la legislación energética. Él “no piensa cambiar la Constitución, respeta el marco legal como lo tenemos”, dijo a reporteros en Washington. “Lo que se hizo fue buscar cómo podemos hacer una ingeniería diferente en el diseño de los textos para lograr un nuevo texto en el tratado que refleja un pleno respeto a a Constitución y al marco legal existente”.

Y después, Seade señaló directamente: “No fue, en ningún momento, un ejercicio de negociar contenido, en absoluto. No hubo negociación de contenido. No hubo discusiones de contenido con mis amigos de acá ni mucho menos con Estados Unidos. Fue un diseño de formas para que, legalmente, fuera perfectamente bien duro el candado”.

Una reingeniería del texto no fue lo que López Obrador había pedido a Seade, coinciden dos fuentes con conocimiento directo. La petición fue que el sector energético fuera eliminado del TMEC, lo cual no sucedió. Sin embargo, el presidente ha dicho en varias ocasiones y en conferencia de prensa, que lo escrito en el capítulo 8 lo protege.

Hay tres vías por las que México tendrá que pagar por daños si el panel de controversias del TMEC falla en su contra. La primera, el Gobierno de Estados Unidos estimará los daños incurridos durante el tiempo en que la legislación de López Obrador violó el acuerdo; la segunda le otorga a empresas privadas estadounidenses facultades para estimar los daños económicos por los que México estaría obligado a pagar; y, la tercera, la vía arancelaria, ya que EE UU pudiera imponer cuotas a los productos que importa de México, los cuales pagarían las empresas privadas.

“Mi impresión es que los expertos de la Secretaría de Economía saben que la probablidad de perder estas consultas es muy alta”, dijo Guajardo, “pero al mismo tiempo ellos tienen que recurrir al gabinete responsbale de la política energética para poder defenderse o demostrar al interior que no hay manera de poder argumentar contra estas denuncias”.

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