La última cruzada de Gertz Manero

La última cruzada de Alejandro Gertz Manero tiene como objetivo quien fuera hasta hace unos meses uno de sus mayores aliados: uno de los hombres más poderosos y cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ve ahora cómo el fiscal se le está volviendo más y más incómodo y su paciencia cercenada, tal y como se desprende del testimonio de varias personas cercanas a la Presidencia. La última jugada de Gertz Manero, de 82 años, ha sido tratar de cercar judicialmente al entorno del exconsejero jurídico del Gobierno, Julio Scherer. La raíz es una denuncia por supuesta extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa contra el exfuncionario y un despacho de abogados cercano a él. Por qué Gertz se lanza ahora contra Scherer ha sorprendido a propios y extraños, y, de acuerdo con el relato recogido por fuentes que prefieren mantener el anonimato, tiene que ver con una práctica habitual de que si no le responden como quiere, clama venganza.

Se le ha ido de las manos. De una u otra manera, este comentario se desprende de conversaciones con personas al tanto de las últimas controversias del fiscal y su reacción ante las mismas: el pleito con su familia política; la disputa en la Universidad de las Américas de Puebla; el conflicto permanente con Santiago Nieto. Y ahora, con Julio Scherer, a quien, de acuerdo con al menos tres fuentes, dos de ellas próximas a la Presidencia, atribuye la publicación en la revista Proceso de una investigación sobre su patrimonio. Eso, para Gertz, marcó un antes y un después.

El después es haber lanzado una cruzada contra el entorno de Scherer a partir de casos en los que ambos estaban alineados anteriormente. Tanto el exconsejero como el fiscal participaron de las negociaciones con Juan Collado, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto que está en la cárcel por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; como también fungieron de aliados en la gestión del caso de Alonso Ancira, acusado de defraudar a Petróleos Mexicanos 200 millones de dólares. La Fiscalía ahora ha llevado a los tribunales a un despacho jurídico cercano al exconsejero por una denuncia de Collado.

La discordia entre Gertz y Scherer comenzó tras la salida del último del Gobierno, en agosto del año pasado, por una publicación en la revista Proceso, propiedad de la familia del exconsejero. El medio reveló en un reportaje la compra de una supuesta “casa secreta” por parte del fiscal en un fraccionamiento en Las Lomas, una exclusiva zona residencial en Ciudad de México. Según relatan fuentes cercanas a la Presidencia, Gertz reclamó la publicación a Scherer en una reunión privada y le advirtió de que la buena sintonía entre ellos sería cosa del pasado a partir de entonces.

Semanas después de esa discusión aparece en escena Collado. Hasta ocho meses antes de denunciar, Collado y su familia mantenían una comunicación amistosa con sus abogados, un despacho de la elite judicial encabezado por el jurista Juan Antonio Araujo, con quienes había acordado una tarifa de tres millones de dólares por su defensa. El 18 de octubre denunció ante la Fiscalía de Gertz a Scherer, tres abogados de su defensa y un asesor financiero por haber “bajo el supuesto amparo de las instituciones que conforman el Estado mexicano, crearon una red de complicidades con el único objetivo de obtener beneficios económicos de gran cuantía a título personal”, según dice el documento judicial.

Diez meses antes de denunciar, sin embargo, Collado mandó una carta a López Obrador en que describía a Scherer como “el ángel que estaba buscando” y solicitaba la intervención del consejero en las negociaciones para resolver sus procesos judiciales. La transformación fue brutal: Collado y su familia pasaron de halagar al exfuncionario y mandar memes de Mickey Mouse con saludos cariñosos a los abogados —mensajes que aparecen como parte de las pruebas en el expediente judicial— a señalarles de extorsionadores.

Por este caso, los cuatro hombres del entorno del exconsejero enfrentan el próximo martes un pedido del Ministerio Público de hasta 40 años de prisión. Desde la presentación de la denuncia, la causa ha avanzado a gran velocidad, en un país donde los grandes casos de corrupción se estancan en los tribunales y solo el 1% de los delitos es castigado.

El fiscal general ha promovido en los últimos años batallas contra un amplio abanico de adversarios. El más conocido quizás es el proceso judicial contra su familia política por el supuesto asesinato de su hermano, un caso que llegará a la Suprema Corte el próximo 14 de marzo. También mantiene frentes abiertos a través de UDLA A.C. con la Fundación Universidad de las Américas Puebla, universidades hermanas, por el uso del nombre, el logotipo y la marca; y con funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por la pelea entre las instituciones educativas.

Uno de los últimos enfrentamientos que tuvo Gertz, que afectó directamente a la Administración de López Obrador, fue con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto. Después de un intenso cruce de publicaciones cruzadas en diversos medios en que se acusaban de corruptelas, la Fiscalía se lanzó contra Nieto en diciembre y abrió una investigación por la compra de inmuebles por parte del exfuncionario y su esposa. La disputa arrinconó al presidente que se vio forzado a defender al fiscal general y aclarar que no había motivos para removerle de su cargo.

Las cruzadas personales de Gertz han ido retratándolo como la figura incómoda en la Cuarta Transformación, el proyecto de López Obrador, según han relatado fuentes cercanas a la Presidencia a este periódico. Pero su última ofensiva ha traspasado límites que parecían inquebrantables. Scherer, además de haber sido uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente, es para el mandatario casi un hermano, así lo dijo en agosto pasado cuando el exconsejero dejó el cargo. Este periódico buscó al Fiscal Gertz, pero no quiso hacer ninguna declaración al respecto.

Los señalamientos de Collado

El exabogado de Peña Nieto relató en su denuncia que el despacho de Araujo —quien ha admitido haber trabajado anteriormente con Scherer— presumía de tener un vínculo cercano al consejero judicial y le pidió hasta 2.000 millones de pesos, unos 97,8 millones de dólares, para tramitar su salida de prisión. El dinero era parte de un supuesto acuerdo reparatorio, una práctica impulsada por esta Administración bajo la idea de “devolverle al pueblo lo robado”.

El caso icónico es el de Alonso Ancira. El conocido como el rey del acero logró salir de prisión, donde permanecía por lavado de dinero, tras acordar el pago de una reparación de 216,6 millones de dólares a Petróleos Mexicanos por un caso de sobreprecios. El acuerdo de reparación económica también formó parte de las negociaciones en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa; y en la causa de Rosario Robles, exsecretaria de Estado en el sexenio de Peña Nieto.

Pero la acusación va más allá de la reparación monetaria. Collado asegura que Scherer y su entorno le presionaron para que vendiera Caja Libertad, una empresa de su propiedad, a un precio muy por debajo del real. La venta tenía que realizarla a favor de David Gómez Arnau, un asesor financiero cercano a Scherer, siempre de acuerdo a la versión de Collado. La transacción era un término obligatorio dentro de las negociaciones para salir de prisión, pero nunca se concretó. Arnau y los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González e Isaac Pérez Rodríguez son ahora quienes enfrentan el peso de la justicia de Gertz.

Tras difundirse la acusación, la prensa nacional dio a conocer que Ancira evaluaba denunciar a Scherer por extorsión. El conocido como ‘rey del acero’ asegura que fue presionado por el exconsejero para vender su empresa, Altos Hornos de México (AHMSA) a Julio Villarreal, un empresario cercano al exfuncionario. El relato sobre el supuesto modus operandi es muy similar al que describe Collado. En los ambos casos se repiten además los nombres de los abogados: el despacho de Araujo estuvo vinculado a la defensa de los dos. Ahora ambos son defendidos nuevamente por el mismo jurista, Mauricio Flores.

La credibilidad de los personajes que ahora levantan el dedo para señalar genera dudas. Collado está acusado de haber formado parte de un entramado ilícito que movió decenas de millones de pesos en México, España y Andorra. Según reveló EL PAÍS el año pasado, el abogado había cobrado entre 2009 y 2013 en cuentas bancarias en el Principado europeo 45,9 millones de dólares de empresas utilizadas por el Cartel de Sinaloa para lavar dinero. Ancira, por su parte, está acusado de lavado de dinero.

Scherer se defendió en Twitter el pasado domingo y aseguró que se trataban de “inferencias de mala fe”. El exfuncionario admitió haberse reunido con los hijos de Collado “a solicitud expresa de ellos”. Pero aseguró haber turnado el caso a la Fiscalía. “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”, publicó. De momento, la Fiscalía solo ha echado el cerco sobre el entorno del exconsejero, pero no ha informado sobre su situación legal.

Mientras la Fiscalía de Gertz se encauza en su última cruzada, en Palacio Nacional miden la paciencia del presidente. La agenda personal del fiscal general se ha vuelto la agenda de la justicia en México y, a diferencia de las anteriores disputas, esta vez López Obrador ha evitado apoyar abiertamente al fiscal en su acción contra la persona a la que considera como un hermano. Solo se ha animado a repetir, como si se tratara de una grabación, que en su Gobierno no habrá impunidad.

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