El sindicato petrolero mexicano prueba la democracia

El influyente sindicato petrolero de México carga con una mochila pesada. Cercanía al poder, escándalos de corrupción y líderes con lujosos departamentos en Miami... 86 años después de su creación, los afiliados deciden el lunes si avientan este bagaje a la basura. La elección interna por la Secretaría General, la primera verdaderamente competitiva en décadas y por vía electrónica, enfrenta a la cúpula actual con candidatos que buscan una renovación. Es la prueba de fuego de la democratización sindical prometida por el Gobierno.

“¡Unidos venceremos!”, “¡viva la democracia!”. Las soflamas de los candidatos llenaron la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada. A cinco por día, los aspirantes a secretario general tomaron el micrófono para intentar convencer a los 89.000 empleados de Pemex afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), uno de los más poderosos del país. Hicieron gala de “cuna” petrolera y prometieron defender el contrato colectivo de trabajo. Alguno incluso sacó la Biblia para jurarlo ante Dios. Las propuestas concretas escasearon, pero eso es lo de menos. Lo que se juega este lunes, afirmó la mayoría, es poner fin a la corrupción.

Los críticos con la cúpula actual, en el poder desde los años 90, se conocen a sí mismos como “disidentes”. Hasta hace poco, no era fácil serlo. En 2018, Victoria Arredondo intentó presentarse a la Secretaría General de su sección, la 31 de Coatzacoalcos, donde es administrativa en un complejo petroquímico de Pemex. El día del registro de candidaturas, un grupo de seguidores de la dirigente local bloqueó el acceso al edificio sindical durante horas. Al final, entre empujones y gritos, se la dejó entrar, pero el Consejo de Vigilancia dictaminó que ya se había agotado el tiempo límite de la convocatoria. Solo hubo una planilla, la oficial. “Quedé muy quemada”, recuerda esta trabajadora de 56 años.

En la votación de este lunes, Arredondo, una de los 25 candidatos, espera encontrar lo que se le negó hace tres años: una elección de verdad. La aspirante ha notado un cambio. “Los trabajadores están más participativos. Antes ni te querían escuchar, tenían temor”, explica con voz suave pero decidida. Afirma querer acabar con prácticas históricas como la venta de plazas por parte del sindicato. En su sección, el interesado tiene que pagar 3.000 pesos quincenales por un contrato o 300.000 pesos si es para que un familiar sea trabajador de planta para toda la vida. “El mismo sindicato les presta dinero para que se le pague”, señala. “Yo quiero hacer un barrido total y que los afiliados conozcan sus derechos”.

Creado en 1935, tres años antes que la expropiación petrolera, el sindicato fue una pieza importante del corporativismo priista y mantuvo una presencia significativa en el Consejo de Administración de Pemex durante décadas. Pese a perder esos asientos en 2013 tras la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el secretario general sigue ostentando la llave a la estabilidad laboral de la empresa, pilar de la economía mexicana. El poder político siempre lo ha tratado con cuidado.

Con las elecciones, sin embargo, el Gobierno quiere mostrar a los escépticos que ahora sí los sindicatos mexicanos se van a abrir al siglo XXI. “Que gane el que tenga más apoyos y que los trabajadores elijan con libertad”, declaró López Obrador en el pistoletazo de salida de la campaña, antes de recordar la importancia histórica del sindicato en “la defensa del petróleo de los mexicanos”.

Al impulso de la democracia sindical han ayudado las presiones internacionales. Las exigencias de EE UU y Canadá durante las negociaciones del TMEC llevaron a México a modificar la Constitución en 2017 para agilizar el funcionamiento de la justicia laboral y, sobre todo, para instaurar el “voto personal, libre y secreto” en los sindicatos. Este derecho, con lo básico que parece, ha sido una excepción en la tradición sindical mexicana. Los votaciones a mano alzada, a la vista de los dirigentes, o las elecciones indirectas mediante representantes locales eran el menú habitual. Así, el mandato de los secretarios generales del gremio petrolero se alargaba durante generaciones.

A seis presidentes y 12 directores generales de Pemex vio pasar el último jerarca, Carlos Romero Deschamps. Durante ese tiempo, su familia amasó una fortuna hecha de departamentos en Miami y Cancún, yates y carros de lujo. Fue reelegido en 2017 por “unanimidad” por los representantes de las 36 secciones locales en que se divide el sindicato y recibió las felicitaciones del Gobierno del PRI, partido del que era senador. Tenía mandato hasta 2024 pero dejó el STPRM en 2019 de forma abrupta. No renunció tras perder una votación democrática, porque no había, sino por las presiones de la Administración entrante y las investigaciones abiertas en la Fiscalía por corrupción.

La sombra de Romero Deschamps

La salida del cacique ha dado esperanzas a los que reclaman una renovación. Sin embargo, los disidentes concurren divididos y la sombra de Romero Deschamps es alargada. Entre los 25 candidatos, destaca Ricardo Aldana, tesorero durante el largo reinado del ex secretario general y todavía en el puesto. Su nombre saltó a primera plana con el Pemexgate, el desvío de 500 millones de pesos del sindicato a la candidatura presidencial priista en el 2000. Pese a que se multó al PRI con 1.000 millones, ni Romero Deschamps ni Aldana, que por entonces era senador del PRI, fueron condenados. El candidato, que no ha respondido a una solicitud de entrevista, subió la semana pasada a la palestra de la mañanera y prometió “transparencia”.

El poder de la cúpula actual quedó de manifiesto en las elecciones locales que se celebraron en noviembre y diciembre. La corriente de Romero Deschamps se impuso en la mayoría de secciones. Los candidatos críticos denunciaron tretas para sacarlos de la carrera mediante convocatorias de último minuto y amenazas para vaciar las planillas con las que se presentaban. En al menos dos secciones solo se presentó el candidato oficial. El Centro Federal de Conciliación, un organismo creado con la reforma laboral, ordenó la reposición de cuatro de las 36 votaciones.

Fred Navarro, trabajador de 45 años de la refinería de Tula, ha salvado su candidatura de milagro. En octubre, cuando ya preparaba su campaña, fue despedido tras ser acusado de dejar su puesto antes de hora y de acosar a una compañera. Él rechazó las acusaciones e interpuso una demanda por despido injustificado. Después de que varios medios, entre ellos este, se hicieran eco de su situación, recibió una notificación de Pemex de que había sido reinstalado.

Desde entonces, Navarro ha viajado a 15 de las 36 secciones para pregonar un sindicato “con puertas abiertas”. Financia los gastos con sus ahorros y aportaciones de amigos. “Es insuficiente. No te alcanza para nada. Ricardo Aldana es tesorero”, dice. Generalmente no le dejan entrar a los centros de trabajo para hacer campaña y tiene que quedarse a las puertas. Esta semana fue a la refinería de Tula. Al rato de llegar él, varias decenas de funcionarios sindicales salieron de las oficinas para repartir gorras y playeras con el rostro de Ricardo Aldana. “El secretario general de la sección se paró casi en frente de mí. Obviamente al trabajador lo intimida y pasa derecho”, explica.

Victoria Arredondo ha vivido situaciones similares, pero no se da por vencida. A diferencia de las elecciones locales, en estas se vota electrónicamente. No habrá que depositar la boleta en la urna en frente de los jefes. “Como va a ser secreto pueden votar por quien quieran”, animó hace poco a unos trabajadores dubitativos. “Sí tienes razón, pero ya ves cómo son aquí”, respondieron. A algunos les han pedido poner la fotografía del candidato oficial en su perfil de Whatsapp. El voto es otra cosa.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país