“Las aplicaciones nos van a reducir la paga”: los repartidores protestan contra el impuesto del 2% en Ciudad de México

Saúl Gómez lleva el último lustro montado en una bicicleta, esquivando baches, automovilistas y motos para entregar comida en las calles de la Ciudad de México. En una buena jornada, este repartidor, de 35 años, obtiene unos 400 pesos, pero hay días que puede pasar toda la mañana con apenas dos viajes de 35 pesos. La noticia del nuevo cobro bajo la figura de “aprovechamiento” del 2% sobre las ganancias de empresas como Uber Eats, Didi Food o Rappi, supone para Gómez y miles de personas más que trabajan en esta actividad una amenaza a sus ya ajustados ingresos. “Lo que va a suceder es que las aplicaciones nos van a reducir la paga y con los comercios van a empezar a cobrarles una comisión o van a cambiar las tarifas en la aplicación”, prevé el repartidor.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el pasado 30 de diciembre la normativa fiscal que regirá este 2022. La miscelánea fiscal de este año contempla un polémico impuesto del 2% para las compañías que se dedican al reparto de comida y mercancías, por el uso de calles y avenidas de la capital. En el papel, la normativa precisa que este aprovechamiento deberán pagarlo exclusivamente las empresas tecnológicas y no podrán transferirlo a sus repartidores o terceros, es decir, al cliente final. Sin embargo, para los miles de “socios” que diario se conectan a las aplicaciones para entregar y recibir pedidos la condición de ser intransferible no tiene forma de aplicarse por no existe un mecanismo de vigilancia.

El primer pago mensual de este nuevo cargo deberá cubrirse durante los primeros días de febrero. Antes de esa fecha, los repartidores están alzando la voz para intentar frenar una medida que, desde su perspectiva, reducirá sus ingresos. El colectivo Ni Un Repartidor Menos presentó esta semana un oficio contra el impuesto ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). En el escrito los afectados hacen hincapié en que las aplicaciones y plataformas informáticas tendrán oportunidad de irle transfiriendo al repartidor este cobro, usando la actual manera de considerar a los repartidores como “socios o asociados”, convirtiéndolos, en ese momento, en sujetos obligado a pagar dicho gravamen.

La palabra “socio” con el que este tipo de aplicaciones clasifica a la red de trabajadores dista mucho de la realidad de las miles de personas que en una motocicleta o bicicleta recorren todos los días la ciudad, sin seguro médico ni prestaciones laborales, estos trabajadores desconocen, incluso, la fórmula que cada compañía aplica para fijar su tarifa de servicio. En las aplicaciones apenas se desglosa que estos costes dependerán de la distancia recorrida, la demanda de pedidos, el resto es un vacío para el repartidor y el cliente final. En el limbo de los derechos laborales, la cifra de repartidores operativos en la capital es un baile de números: según los colectivos sobrepasan las 50.000 personas, mientras las autoridades apuntan a un estimado de 10.000 repartidores.

Gómez adelanta que antes de la primera quincena de este mes presentarán un amparo ante la Suprema Corte, además de que realizarán movilizaciones en las calles. Después de la temporada decembrina, añade, la demanda de su trabajo ha disminuido ya en estos primeros días del año en un 30% respecto al mes pasado. “Nosotros tenemos que seguir trabajando de todas maneras, pero sí se está volviendo más complicado”, reconoce. El temor de los repartidores capitalinos es que este cargo se extienda a otros Estados.

Paola Ángel, de 26 años, tiene cuatro años como repartidora de Didi y Rappi. Ella decidió dejar su labor como ayudante de cocina porque prometía mayores ingresos. “Me gusta estar en la bici, me gusta la calle”, refiere. En ese tiempo ha pasado desde situaciones de acoso por parte de los clientes o dueños de comercios hasta accidentes, obstáculos que ha ido sorteando en cada una de sus jornadas de hasta 10 horas diarias. Ahora, Ángel observa con preocupación el nuevo impuesto que se sumará a sus demás gastos: el servicio de internet en su celular y el mantenimiento a su bicicleta. Gastos que cubre sin que por ellos reciba derecho laboral o seguridad social para ella o para su hijo. “Estoy muy molesta por este nuevo impuesto porque hay mucha gente que usa la calle como todos los informales y otros repartidores y a ellos no les cobran”, zanja.

La Asociación de Internet Mx, a nombre de las empresas afiliadas Uber, Didi y Rappi, han criticado la medida y han señalado que “el impuesto inevitablemente perjudicará a todo el entorno digital, desde comercios, restaurantes y consumidores hasta repartidores; no solo a las propias empresas”. Por escrito, la asociación ha enfatizado que, derivado de una posible reducción en el número de pedidos que reciben, los repartidores tendrán menos ganancias y esto afectará directamente su economía y la de sus familias.

Pese a las voces de protestas, el Gobierno capitalino asegura que serán las empresas las obligadas a cumplir con esta nueva disposición fiscal e insiste en que el gravamen es una forma justa de hacer que las aplicaciones ayuden a pagar la infraestructura pública como internet y las calles que utilizan para hacer negocios. Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, explica que durante la pandemia ha habido un crecimiento exponencial de consumo de ventas en línea, precisamente, por la conectividad que existe en la capital.

Frente a las críticas del sector, que señalan que otras empresas repartidoras no están obligados a pagar este cargo, el funcionario precisa que es que porque son empresas establecidas que tienen a sus trabajadores en nómina, obligaciones laborales que no cumplen estas aplicaciones. “Una tienda departamental utiliza las calles para repartir, pero pagan tenencia sus vehículos, sus trabajadores están en el seguro social, pagan el 3% de la nómina. Yo pregunto, ¿qué aportación le dan las plataformas a la ciudad, porque es algo digital, ellos son intermediarios, efectivamente pagan el IVA, pero a la ciudad no le dan nada. Si ellos deciden incorpora a su planta laboral, que son sus asociados como trabajadores entonces platicamos”, zanja.

Según los cálculos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México se recaudarán entre 100 y 200 millones de pesos anuales por este nuevo aprovechamiento. Akabani, ha añadido que la Secretaría hará un ejercicio de supervisión de las tarifas y pagos de estas aplicaciones para cerciorarse de que este aprovechamiento no se traslade a terceros ni a los repartidores, aunque tengan un carácter de “socio”. En caso de comprobar que las compañías están actuando en perjuicio de los repartidores o consumidores no descarta alguna sanción. “Si nosotros sobre el ejercicio descubrimos un comportamiento que no es el adecuado y que tenga una motivación que contenga premeditación tomaremos las medidas que marca la ley o las creamos”, concluye.

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