Los trabajadores del gas bloquean Ciudad de México en protesta por sus condiciones laborales y llaman a un parón nacional

Un hilo de sangre resbala por sus mejillas. Cae desde las brechas que el escudo de un policía ha abierto en su cabeza y en su pómulo izquierdo, ahora teñido con los colores de la contusión: amarillo y morado. Mancha el chaleco verde de Enrique Medrano, portavoz del gremio de gaseros mexicanos, quienes se han manifestado este lunes en la sede de la Secretaría de Energía, en Ciudad de México, para protestar por sus condiciones laborales. Denuncian que su salario ya no les alcanza para vivir: el costo del gas licuado de petróleo (LP) ha aumentado drásticamente, mientras que las comisiones de las que viven los repartidores han caído de un 25% a apenas un 10%. “Nos están ahogando a nivel nacional. Llevamos dos meses negociando y nada. Pedimos que nos incluyan en el margen comercial del precio final”, protesta Medrano.

Sus demandas han caído en saco roto, y como respuesta, han convocado al menos 14 cortes de carreteras —según la Secretaría de Gobierno—, que han paralizado el tráfico en varias de las arterias principales de la capital, además de algunos bloqueos en otros Estados. En el de la sede de la Secretaría de Energía, en el cruce de la Avenida Insurgentes Sur y el Eje 5, se han producido momentos de tensión y forcejeos con la policía, que han resultado en la cara partida de Medrano y un detenido.

El gremio de gaseros, formado por entre 15.000 y 20.000 trabajadores según sus portavoces, se prepara ahora para un gran parón a nivel nacional, ante la negativa del Gobierno de subir en un peso el precio del combustible —de 13,30 a 14,30 por litro (en torno a medio euro)—, para que sus comisiones puedan ser competitivas. Se trata de un gran pulso al Estado, ya que el 79% de los hogares mexicanos se calientan gracias al gas LP, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.

El secretario de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, ha desviado la culpa hacia las empresas que venden el producto a los repartidores, y ha declarado en rueda de prensa que no van a aumentar su costo: “No es posible porque se va a priorizar el bien de toda la población, la economía popular y el respaldo a las familias”. Además, ha criticado la actuación de los manifestantes, y el uso de mangueras de gas en las protestas, aunque Medrano garantiza que se encontraban vacías, y solo disparaban la presión del aire.

La Secretaría de Energía, por su parte, ha asegurado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales que la tarifa se basa en “el precio internacional, el precio de la venta en la terminal de reparto y el porcentaje de ganancia adecuado para los distribuidores”. Sin embargo, a los gaseros ese argumento no les vale. “No voy a salir a trabajar, no sacamos ningún beneficio. La competencia se incrementa y nuestros márgenes son mínimos. Estamos pasando situaciones críticas”, se lamenta Fernando Barrera, que roza la cuarentena, tiene 15 años de trabajo a las espaldas y dos hijas a las que no puede mantener. “Nosotros no queríamos cerrar avenidas, queríamos negociar”, continúa. Sus palabras son suscritas por todos sus compañeros consultados: prefieren parar su actividad que seguir un día más bajo estas condiciones.

Uno de ellos, José Olmedo, lleva nueve de sus 24 años como gasero. En su casa solo entra su sueldo, entre 200 y 300 pesos semanales (entre 8 y 12 euros), que tienen que llegar para cubrir sus gastos, los de su hija de dos años y los de su esposa. Además, él es diabético, y sus medicinas cuestan más de cuatro mil pesos (unos 165 euros) al mes. Está preocupado porque durante las cargas policiales, los agentes le han quitado su insulina: “He pedido una ambulancia, pero tampoco me la otorgan. Si me da un cuadro diabético la culpa va a ser del Gobierno”. Como si fuera una premonición, media hora más tarde llega el bajón de azúcar. Tumbado en el suelo, con la espalda contra un muro, intenta respirar, rodeado de las cámaras de los periodistas y de sus compañeros, que le abanican con cualquier cosa que esté a mano, a la espera de una ambulancia.

Imelda Sebastián (48 años) habla con el tono de voz grave de las viejas sindicalistas: “Somos muy poquitas mujeres gaseras, pero nuestra responsabilidad es doble. Yo soy ama de casa, mamá y trabajadora”. De ella dependen dos hijas en edad universitaria y siete trabajadores. Los 1.000 pesos (41 euros) que saca en limpio a la semana los gasta en los sueldos de su equipo. Ella sobrevive de unos ahorros cada vez más escasos. Cree —necesita creer— que el Gobierno no puede asumir un día entero de parón. No piensa trabajar, pero tampoco puede mantenerse sin ingresos. En su caso, no existe margen de error.

El ingeniero Adrián Rodríguez (52 años), como le gusta que le llamen, representa la segunda generación de gaseros en su familia. Presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, sabe exactamente qué palabras quiere oír la prensa: “Hoy empezaron a sangrar las pipas de gas”, dice solemne cuando le pregunta el periodista, “usa eso para tu titular”. Sin dejar de responder a los medios, contesta llamadas, habla con sus compañeros, ordena que levanten los cortes en las carreteras para que la ambulancia que se va a llevar a José Olmedo pueda pasar con libertad. Aclara que no van a realizar más bloqueos. “Pero no hemos terminado. No vamos a vender más gas. Podemos incluso abandonar el modelo si ya no interesa. Este ha sido el primer round, pero habrá más”, advierte.

A última hora de la tarde, los policías que rodeaban a los manifestantes en la sede de la Secretaría de Energía comienzan a disolverse. La mayoría de bloqueos ya se han levantado. Los manifestantes se reúnen en corros y preparan los siguientes movimientos. Algunos se irán a buscar al compañero detenido. Otros se retiran a sus hogares, a hacer acopio de fuerzas. Saben que vienen días difíciles: un pulso a todo o nada con un rival que no ha dado ninguna muestra de ceder, mientras el dinero no llega y los ahorros se agotan.

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